El espadach¨ªn hiperactivo

El t¨¦rmino "juez estrella" fue acu?ado expresamente contra Baltasar Garz¨®n, contra ¨¦l y no para ¨¦l. El n¨²mero de detractores del magistrado ha experimentado una progresi¨®n geom¨¦trica que ha discurrido en paralelo a sus ¨¦xitos judiciales. Su fugaz paso por la pol¨ªtica, entre abril de 1993 y el mismo mes de 1994, no ayud¨® a mejorar esa imagen, m¨¢s bien al contrario. La definici¨®n de "juez estrella" se us¨® profusamente y de forma peyorativa para calificar a uno de los magistrados m¨¢s prol¨ªficos de toda la historia de la Audiencia Nacional.

Su relevancia no viene dada s¨®lo por lo dispar de los casos que le ha tocado instruir, sino que sus investigaciones y autos han tenido unas repercusiones hist¨®ricas tanto dentro de Espa?a como en otros pa¨ªses, comoChile o Argentina. Lleg¨® incluso a abrir una investigaci¨®n a Silvio Berlusconi, y dict¨® una orden de busca y captura contra Osama Bin Laden. Desde la guerra sucia contra ETA, su primer gran causa, hasta el caso de los cr¨ªmenes de la dictadura franquista, que puede ser el ¨²ltimo de su carrera en el Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 5, han pasado 22 a?os.

Hasta 15 destacadas causas se cuentan en su trayectoria, muchas de ellas, aut¨¦nticos macroprocesos en los que anidan varios sumarios de gran trascendencia. Media docena de ellos son hoja de ruta de su trabajo: el caso GAL, la represi¨®n chilena y argentina y la detenci¨®n de Pinochet, el entramado de la ¨®rbita terrorista de ETA, la Operaci¨®n N¨¦cora, el caso G¨¹rtel, de presunta corrupci¨®n en el PP, y la causa contra los cr¨ªmenes del franquismo.

Los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL).- Garz¨®n, que ya hab¨ªa instruido el caso Amedo por el que los ex polic¨ªas Jos¨¦ Amedo y Michel Dom¨ªnguez fueron condenados en 1991 a 108 a?os de prisi¨®n cada uno, reactiv¨® en octubre de 1994 el sumario 16/89, relacionado con el secuestro del industrial Segundo Marey. El sumario, que estaba a punto de prescribir, era el ¨²nico relativo a los GAL que permanec¨ªa abierto. El proceso judicial se extendi¨® durante tres a?os y concluy¨® en septiembre de 1998 con la condena e ingreso en prisi¨®n de los principales procesados, entre ellos el ex ministro del Interior Jos¨¦ Barrionuevo, el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, y el ex director general de la polic¨ªa Juli¨¢n Sancrist¨®bal.

Entorno etarra.- En febrero de 1996, Garz¨®n orden¨® el secuestro del v¨ªdeo de la campa?a electoral de Herri Batasuna (HB), al considerar que su difusi¨®n pod¨ªa constituir delito de colaboraci¨®n con banda armada, del que ser¨ªan responsables todos los miembros de la direcci¨®n abertzale. La causa que acab¨® en el Supremo, dada la condici¨®n de aforados de algunos de los acusados, condujo a la totalidad de la Mesa de HB a prisi¨®n el 1 de diciembre de 1997. Sin embargo el 20 de julio de 1999 el Pleno del Constitucional anul¨® la sentencia del Tribunal Supremo y orden¨® su excarcelaci¨®n.

A mediados de 1998, el juez comenz¨® a instruir el sumario 18/98 en el que trat¨® de probar la presunta vinculaci¨®n entre ETA y diversos grupos de su entorno. La instrucci¨®n concluy¨® en julio de 2002, tras cuatro a?os de investigaci¨®n, que se resumen en una docena de operaciones contra entidades del entorno de ETA y la detenci¨®n de 121 personas:

- Trama de finanzas. El 25 de mayo de 1998 fueron detenidas diez personas y registradas varias empresas sospechosas de estar implicadas en flujos econ¨®micos con ETA.

- Cierre del diario Egin y de la emisora Egin Irratia. El 15 de julio de 1998 fueron clausurados ambos medios y detenidas 15 personas.

- 'Aparato internacional'. El 29 enero de 2000 Garz¨®n orden¨® la detenci¨®n de 11 personas acusadas de integrar Xaki, organizaci¨®n a la que el magistrado identificaba con el ministerio de exteriores de ETA. La Audiencia rechaz¨® la identificaci¨®n de Xaki con ETA y liber¨® a quienes permanec¨ªan en prisi¨®n por esta causa, aunque mantuvo los procesamientos de la mayor¨ªa de los arrestados. El juez decret¨® la suspensi¨®n de actividades de Xaki.

- Ekin. El 13 de septiembre de 2000, la polic¨ªa detuvo a 20 personas del grupo Ekin, acusadas de formar parte de la estructura pol¨ªtica de ETA en Espa?a. Dos de los arrestados quedaron en libertad bajo fianza; el resto ingres¨® en prisi¨®n. Garz¨®n dict¨® una resoluci¨®n declarando la ilicitud de Ekin.

- 'Proyecto Piztu'. El 5 de octubre de 2000, fueron detenidas 10 personas acusadas de formar parte del Proyecto Piztu (encender) encaminado, seg¨²n el juez, a extender la desobediencia civil siguiendo consignas de ETA. Seis fueron encarcelados, tres quedaron en libertad bajo fianza y otro sin fianza.

- Haika. El 6 de marzo de 2001 fueron detenidos 15 dirigentes del grupo juvenil acusados de formar parte de ETA. El grupo fue declarado il¨ªcito por el juez.

- Gestoras pro Amnist¨ªa. El 31 de octubre de 2001, Garz¨®n orden¨® el arresto, por integraci¨®n en banda armada, de 13 dirigentes del grupo de apoyo a presos etarras. El magistrado declar¨® il¨ªcita esta asociaci¨®n.

- Segi. 8 de marzo de 2002 fueron detenidos 12 dirigentes del grupo juvenil sucesor de la ilegalizada Haika.

- Responsables econ¨®micos de Batasuna. El 20 de abril de 2002, fueron detenidas 15 personas con responsabilidades en el ¨¢rea econ¨®mica de Batasuna o de otras estructuras de la izquierda aberzale. Diez ingresaron en prisi¨®n y las cinco restantes quedaron libres bajo fianza.

- Violencia callejera. En julio de 2002, Garz¨®n declar¨® a Batasuna responsable civil solidaria de los da?os de la violencia callejera y orden¨® el embargo de 109 cuentas de esta formaci¨®n, as¨ª como de 75 sedes y locales.

Como resultado de la l¨ªnea de investigaci¨®n iniciada, Garz¨®n suspendi¨® el 26 de agosto de 2002, durante tres a?os, las actividades de Batasuna. La medida decretada por Garz¨®n coincid¨ªa con el proceso iniciado por el PP y el PSOE para la ilegalizaci¨®n asimismo de la formaci¨®n abertzale, seg¨²n la Ley de Partidos Pol¨ªticos.

Lucha contra el narcotr¨¢fico.- La Operaci¨®n N¨¦cora, en junio de 1990. El juez dirigi¨® desde un helic¨®ptero en Galicia a los 350 polic¨ªas que participaron en la redada que supuso la desarticulaci¨®n de los principales clanes gallegos.

La Operaci¨®n Pit¨®n, en octubre de 1992. Desarticulaci¨®n de las redes de tr¨¢fico de hach¨ªs enviado desde Marruecos a Italia y Holanda a trav¨¦s de Espa?a .

Las dictaduras chilena y argentina.- La actuaci¨®n m¨¢s emblem¨¢tica del juez Garz¨®n en los cr¨ªmenes de las dictaduras latinoamericanas es la detenci¨®n de Pinochet en Londres. El juez Garz¨®n se hizo cargo de la investigaci¨®n de los desaparecidos espa?oles durante las dictaduras argentina y chilena, e impuls¨® la detenci¨®n en Londres, el 16 de octubre de 1998, del dictador chileno Augusto Pinochet.

El auto de prisi¨®n de Garz¨®n, del 18 de octubre de 1998, atribuy¨® al ex dictador un delito de genocidio "que se integra por una serie de detenciones ilegales seguidas de unos casos de asesinato o desapariciones de 91 personas" y que, seg¨²n los testimonios, "fueron precedidos de torturas en cada uno de los casos". Garz¨®n tambi¨¦n tipific¨® los hechos como terrorismo. Pero el verdadero hito fue la decisi¨®n del Pleno de la Sala de lo Penal del 5 de noviembre de 1998 , que acord¨® que Espa?a ten¨ªa jurisdicci¨®n para enjuiciar los cr¨ªmenes cometidos en Argentina y Chile.

El fallo fue le¨ªdo en audiencia p¨²blica por el magistrado ponente, Carlos Cez¨®n, en una ceremonia tremendamente emotiva. La decisi¨®n interpretaba que el art¨ªculo 6 del convenio para la prevenci¨®n y sanci¨®n del delito de genocidio no exclu¨ªa la existencia de jurisdicciones distintas de las del territorio del delito o de un tribunal internacional.

El auto de procesamiento relataba las actividades de Pinochet desde que el dictador encabez¨® el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Garz¨®n se extiend¨ªa sobre la "feroz represi¨®n contra la vida, seguridad y libertad de las personas y sus patrimonios", que arroj¨® un saldo de m¨¢s de 300.000 personas privadas de libertad, m¨¢s de 100.000 expulsados o exiliados, casi 5.000 muertos y desaparecidos y m¨¢s de 50.000 torturados. Pinochet extendi¨® el terror a otras dictaduras latinoamericanas mediante el Plan C¨®ndor.

El 24 de marzo de 1999, la C¨¢mara de los Lores retir¨® definitivamente a Pinochet la inmunidad para evitar el proceso de extradici¨®n, pero condicion¨® ¨¦sta a los delitos de torturas cometidos a partir del 29 de septiembre de 1998. Finalmente el Gobierno brit¨¢nico deneg¨® su extradici¨®n y le concedi¨® la libertad el 2 de marzo de 2000.

El juez espa?ol retom¨® el caso en septiembre de 2004 y ampli¨® las imputaciones contra Pinochet a los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero.

Cr¨ªmenes del franquismo.- El 16 de octubre de 2008 Baltasar Garz¨®n se declar¨® competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil espa?ola y el franquismo por considerarlos un delito dentro del contexto de cr¨ªmenes contra la humanidad. Su juzgado admiti¨® a tr¨¢mite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista y autoriz¨® exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda Espa?a, entre ellas la del poeta Federico Garc¨ªa Lorca, en la que supuestamente se encontrar¨ªan los restos del abuelo de una denunciante.

La decisi¨®n del juez fue muy contestada por ciertos sectores que se opon¨ªan adem¨¢s a la ley de "Memoria Hist¨®rica" aprobada por el Gobierno del PSOE en 2007 y que tachaban de provocar el enfrentamiento entre espa?oles. La investigaci¨®n tambi¨¦n cont¨® con la oposici¨®n de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional que interpuso recurso de apelaci¨®n -por tanto, ante la Sala de lo Penal y no ante el juez Baltasar Garz¨®n- contra la decisi¨®n de ¨¦ste de declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. El juez se inhibi¨® en un auto del 18 de noviembre de 2008 a favor de los juzgados territoriales donde se encuentren las fosas.

El 28 de noviembre de 2008 el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decret¨®, por 14 votos a favor y tres en contra, que el juez carec¨ªa de competencia para investigar las desapariciones. El asunto acab¨® en el Tribunal Supremo, ante quien el sindicato ultraderechista Manos Limpias present¨® una querella por prevaricaci¨®n contra el juez, que fue admitida a tr¨¢mite por el Alto Tribunal el 27 de mayo de 2009.

Como respuesta a la querella, el juez Garz¨®n present¨® el 30 de mayo de 2009 en la sala segunda del Tribunal Supremo un recurso en el que negaba haber prevaricado al declararse competente para investigar los hechos. El recurso fue rechazado por el Supremo el 17 de junio de 2009, en contra de la opini¨®n de la fiscal¨ªa. A la querella presentada por Manos Limpias se uni¨® el 24 de junio de 2009 una nueva interpuesta esta vez por la asociaci¨®n Libertad e Identidad. En el auto la sala de lo penal del Alto Tribunal se declar¨® competente para instruir la causa y acord¨® acumular la querella a la presentada con anterioridad.

Finalmente el juez declar¨® ante el alto tribunal el 9 de septiembre de 2009. Dos d¨ªas antes, la Comisi¨®n Internacional de Juristas (CIJ) hab¨ªa expresado su apoyo al juez Garz¨®n y su preocupaci¨®n por una decisi¨®n, la investigaci¨®n abierta por el Tribunal Supremo, contraria a "los est¨¢ndares internacionales relativos a la independencia de la judicatura".

La defensa del juez Garz¨®n present¨® ante el Supremo el 15 de septiembre de 2009 una nueva resoluci¨®n judicial en la que se considera competente para investigar. Una nueva querella, presentada esta vez por Falange Espa?ola de las JONS , fue admitida a tr¨¢mite el 13 de enero de 2010 al reconocer el alto tribunal que la querella era coincidente con las previamente presentadas y admitidas a tr¨¢mite.

En un auto notificado el 4 de febrero de 2010 por el instructor de la causa, Luciano Varela, el Supremo rechaz¨® archivar la causa. Seg¨²n Varela, Garz¨®n "decidi¨® conscientemente ignorar u orillar" la Ley de Amnist¨ªa al declararse competente para investigar.

El CGPJ decidi¨® el 9 de febrero de 2010 iniciar los tr¨¢mites para decidir la suspensi¨®n cautelar de funciones del juez por esta causa y por la segunda causa que tiene abierta ante el Tribunal Supremo: los emolumentos recibidos por parte del Banco de Santander durante su periodo de excedencia en Nueva York.

'Caso Gurtel'.- La Operaci¨®n G¨¹rtel investiga una presunta trama de corrupci¨®n que implica a varios cargos del Partido Popular (PP) y en el que han sido imputadas 56 personas, entre ellas varios aforados. El caso, cuya instrucci¨®n comenz¨® Garz¨®n el 6 de febrero de 2009, se instruye actualmente en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, por la presunta implicaci¨®n en la causa de aforados de estas comunidades.

La instrucci¨®n del caso G¨¹rtel provoc¨® un agrio enfrentamiento entre el juez y el principal partido de la oposici¨®n. El PP acus¨® a Garz¨®n de perseguirlos. Cuando d¨ªas m¨¢s tarde se hizo p¨²blica la participaci¨®n de juez en una jornada de caza junto al ministro de Justicia, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, los populares llegaron a hablar de una cacer¨ªa organizada contra su partido. El caso subi¨® de tono el 25 de febrero de 2009, fecha en la que el PP lo denunci¨® ante el Tribunal Supremo por prevaricaci¨®n y por un delito contra los derechos individuales de los ciudadanos. El 7 de abril de 2009 la denuncia se archiv¨®. El Tribunal Supremo admiti¨® a tr¨¢mite el 25 de febrero de 2010 una querella contra el juez, que present¨® el abogado de un imputado en el caso G¨¹rtel, por prevaricaci¨®n al ordenar la grabaci¨®n de las comunicaciones en prisi¨®n de los cabecillas de la trama.

El alto tribunal admiti¨® el 4 de marzo de 2010 la personaci¨®n como acusaci¨®n particular del presunto cerebro de la trama de corrupci¨®n del caso G¨¹rtel, Francisco Correa, en la causa abierta por ordenar intervenir las comunicaciones en prisi¨®n de varios imputados. Finalmente, las escuchas fueron anuladas. Y el juez tiene abierta una querella por prevaricaci¨®n.

Elaborado por el Servicio de Documentaci¨®n de EL PA?S con informaciones propias y de la agencia EFE.