Texto ¨ªntegro del discurso del presidente del Gobierno

Intervenci¨®n del presidente del Gobierno para solicitar la ratificaci¨®n del acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de marzo, de participaci¨®n de fuerzas espa?olas en aplicaci¨®n de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2011

Se?oras y Se?ores diputados, Comparezco hoy ante ustedes para solicitar, de acuerdo con lo previsto en el art¨ªculo 17.3 de la Ley de la Defensa Nacional, la ratificaci¨®n por el Congreso de los Diputados de las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros de 18 de marzo de 2011 y, en consecuencia, la autorizaci¨®n de esta C¨¢mara para la participaci¨®n de fuerzas espa?olas en la aplicaci¨®n de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la crisis libia.

Como todos ustedes saben, el pasado jueves, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprob¨® la Resoluci¨®n 1973, en la que autoriza a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles, y las ¨¢reas habitadas por civiles, en Libia, incluyendo, a tal fin, el establecimiento de una zona de exclusi¨®n a¨¦rea. Con esta Resoluci¨®n, el Consejo de Seguridad ha hecho uso de las competencias que tiene atribuidas por la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En ella da efectividad al llamado principio de la "responsabilidad de proteger", que fue respaldado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 y que, en alguna medida, ya fue aplicado por el Consejo de Seguridad en su resoluci¨®n 1706 de 2006, en la que autorizaba a la Misi¨®n de las Naciones Unidas en Sudan a usar la fuerza para proteger a la poblaci¨®n civil en Darfur.

Con la resoluci¨®n 1973, que es complementaria de la resoluci¨®n 1970 del pasado 26 de febrero, la comunidad internacional, a trav¨¦s de su m¨¢s alta instancia, ha sabido estar a la altura de sus responsabilidades para hacer frente a un hecho siempre grave: en este caso, el empleo de la fuerza contra la poblaci¨®n civil por parte de las autoridades libias, mediante ataques generalizados y sistem¨¢ticos a la misma.

A mi juicio, se?or¨ªas, la comunidad internacional no s¨®lo ha abierto el cauce para poner fin a esos hechos -a unos hechos dram¨¢ticos que reclamaban su respuesta- sino que ella misma sale reforzada de una decisi¨®n anclada en su legalidad y en su legitimidad. As¨ª se lo hice constar al Secretario General de Naciones Unidas,se?or Ban-ki-Moon en la entrevista que mantuvimos el mismo 18 de marzo, al t¨¦rmino del Consejo de Ministros. La Comunidad Internacional sale reforzada por la forma en que ha adoptado su posici¨®n: con apoyo inequ¨ªvoco en dos Resoluciones del Consejo de Seguridad, la 1970, y la que ha permitido el uso de la fuerza, la 1973; y con el respaldo expreso de las organizaciones regionales m¨¢s relevantes en este caso, la Liga ?rabe, la Conferencia Isl¨¢mica, la Uni¨®n Africana, y el propio Consejo Europeo. Sale reforzada, adem¨¢s, por el fundamento material de la decisi¨®n: el principio de la Responsabilidad de Proteger, la protecci¨®n de los civiles. Lo recogi¨® el Consejo de Seguridad en la Resoluci¨®n 1970.

La Responsabilidad de Proteger consiste en que si un Estado no cumple con la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, la comunidad internacional debe intervenir para asumirla. Es un principio humanitario, la raz¨®n por la que estamos interviniendo en Libia: para defender a los ciudadanos de ataques de las propias fuerzas libias. La Resoluci¨®n 1973 insiste tambi¨¦n en el objetivo de encontrar una soluci¨®n a la crisis de Libia que responda a las leg¨ªtimas demandas del pueblo de ese pa¨ªs.

Hay que situar, adem¨¢s, esta decisi¨®n de la Comunidad internacional en un contexto hist¨®rico concreto que se ha calificado de "primavera ¨¢rabe", en relaci¨®n con la situaci¨®n en el norte de ?frica. Es la apertura de una nueva etapa pol¨ªtica en el Mediterr¨¢neo, que la sociedad espa?ola sigue con atenci¨®n y con esperanza. La valent¨ªa y el esp¨ªritu c¨ªvicos demostrados por el pueblo de T¨²nez, primero, y por el de Egipto, despu¨¦s, han sido una demostraci¨®n palpable de que el progreso y la libertad son tambi¨¦n causas del mundo ¨¢rabe, y que se pueden hacer valer pac¨ªficamente. En Libia, la violenta reacci¨®n de sus autoridades a las demandas democratizadoras que tambi¨¦n comenzaron a expresarse all¨ª por su pueblo, emergi¨® muy pronto como una clara excepci¨®n en este proceso.

El Consejo de Asuntos Exteriores de la UE ya se pronunci¨® el 21 de febrero sobre los primeros disturbios registrados, condenando la represi¨®n y deplorando la violencia y la muerte de civiles en Libia. La extraordinaria gravedad que iba adquiriendo la situaci¨®n provoc¨® que se convocase un Consejo Europeo extraordinario el d¨ªa 11 de marzo. En aquella reuni¨®n, la Uni¨®n expres¨® su firme solidaridad con el pueblo libio y las v¨ªctimas de la represi¨®n, acordando:

¡¤ Condenar la violenta represi¨®n ejercida por el r¨¦gimen contra sus ciudadanos, as¨ª como la flagrante y sistem¨¢tica violaci¨®nde los derechos humanos, y pedir que cesara inmediatamente y se garantizara la seguridad de la poblaci¨®n por todos los medios necesarios.

¡¤ Adem¨¢s, el Consejo Europeo celebr¨® la Resoluci¨®n 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU, y la remisi¨®n de la situaci¨®n imperante en Libia ante la Corte Penal Internacional.

¡¤ Tambi¨¦n se comprometi¨® a evaluar todas las respuestas posibles, siempre que existiera una necesidad demostrable, una base jur¨ªdica clara y el apoyo de la regi¨®n en relaci¨®n con los ataques contra civiles incluso desde el aire.

¡¤ Y por ¨²ltimo, apel¨® a las Naciones Unidas, la Liga ?rabe, la Uni¨®n Africana y nuestros socios internacionales para encontrar juntos esas respuestas.

Desde entonces, desde ese pronunciamiento del Consejo Europeo, la Uni¨®n dej¨® de reconocer al Coronel Gadafi toda legitimidad, pidi¨® su renuncia y adopt¨® medidas contra la c¨²pula dirigente del pa¨ªs. El objetivo que se plante¨® de manera n¨ªtida fue que Libia acometiera con rapidez una transici¨®n ordenada hacia la democracia, a trav¨¦s de un di¨¢logo plural. Sin embargo, pronto fue evidente que la emergencia humanitaria reinante en el pa¨ªs era la prioridad fundamental, alcanzando proporciones muy preocupantes, agravadas por los importantes movimientos migratorios inducidos por los acontecimientos. L

La Uni¨®n puso en marcha un dispositivo para evacuar no solo a sus ciudadanos sino tambi¨¦n a los de otros pa¨ªses vecinos que hu¨ªan de los combates y de los peligros que la ofensiva militar del r¨¦gimen causaba. Espa?a contribuy¨® por su parte a este esfuerzo destacando medios a¨¦reos para evacuar a nacionales de terceros pa¨ªses atrapados en las fronteras de Libia con T¨²nez y Egipto, y aportando material de apoyo humanitario a trav¨¦s de la AECID en una forma que ha sido calificada de mod¨¦lica por su eficacia por parte de nuestros socios y de los pa¨ªses afectados.

Paralelamente, la comunidad internacional prosegu¨ªa su movilizaci¨®n para dotarse de los instrumentos jur¨ªdicos que le permitieran intervenir en Libia con la legitimidad necesaria. La propia Uni¨®n Europea comenz¨®, tal y como se hab¨ªa comprometido en su reuni¨®n del 11 de marzo, a estudiar todas las opciones a su alcance, incluida la acci¨®n militar. Entre las medidas m¨¢s claras figur¨® desde un principio la posibilidad de declarar una zona de exclusi¨®n a¨¦rea que permitiera neutralizar la fuerza militar que el r¨¦gimen empleaba contra la poblaci¨®n que manifestaba su oposici¨®n en varias regiones del pa¨ªs. Mientras varios pa¨ªses europeos en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, junto con los EEUU, promov¨ªan una resoluci¨®n que autorizase el uso de la fuerza para proteger a la poblaci¨®n, la propia Liga ?rabe, en su reuni¨®n del pasado 12 de marzo, hizo un llamamiento al Consejo de Seguridad para que impusiese dicha zona de clusi¨®n a¨¦rea para las fuerzas a¨¦reas libias y crease zonas seguras en los lugares vulnerables a los ataques a¨¦reos.

La aprobaci¨®n de la Resoluci¨®n 1973 el jueves pasado proporcion¨® la base legal para intervenir, de acuerdo con las condiciones fijadas por el Consejo europeo del d¨ªa 11 de marzo respaldadas por el Gobierno de Espa?a. En esas circunstancias, la comunidad internacional deb¨ªa decidir c¨®mo aplicar la Resoluci¨®n y as¨ª lo hizo en el curso de la reuni¨®n de Par¨ªs convocada por el presidente franc¨¦s Nicolas Sarkozy el pasado 19 de marzo. La reuni¨®n de Par¨ªs congreg¨® a 18 pa¨ªses, entre los que figuraban 11 europeos, cinco ¨¢rabes, adem¨¢s de EEUU y Canad¨¢, el Secretario General de Naciones Unidas, la Alta Representante de la UE, el Presidente de la Comisi¨®n Europea y el Secretario General de la Liga ?rabe. El texto de la declaraci¨®n que se aprob¨® lamentaba que las demandas de la comunidad internacional, expresadas por el CSNU en su resoluci¨®n 1970, la Liga ?rabe, la Organizaci¨®n de la Conferencia Isl¨¢mica y la Uni¨®n Europea, no hubieran sido atendidas por el r¨¦gimen libio.

El r¨¦gimen libio hab¨ªa proseguido su escalada militar contra su propia poblaci¨®n con medios de guerra. Ante esta situaci¨®n, los pa¨ªses congregados en Par¨ªs, expresamos nuestra satisfacci¨®n por la adopci¨®n de la resoluci¨®n 1973 del CSNU y decidimos dar cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Decidimos Se?or¨ªas:

¡¤ Adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las militares, de acuerdo con la resoluci¨®n 1973, para asegurar su cumplimiento;

¡¤ Mostrar al pueblo libio nuestra determinaci¨®n de apoyarle para que pudiese realizar sus aspiraciones y construir su futuro democr¨¢tico, respetando su soberan¨ªa e integridad territorial;

¡¤ No permitir que el coronel Gadafi desafiara a la comunidad internacional y despreciara a su propio pueblo.

Mediante la puesta en marcha de distintas operaciones coordinadas, daba as¨ª comienzo la Operaci¨®n denominada "Amanecer de la Odisea", que no incluye, como estipula la resoluci¨®n 1973, la ocupaci¨®n del territorio libio bajo ning¨²n concepto. Como tuve ocasi¨®n de se?alar en Par¨ªs, al sumarse a este esfuerzo, Espa?a, como miembro activo de la Comunidad internacional, asum¨ªa la doble responsabilidad de:

¡¤ hacer efectiva la resoluci¨®n de Naciones Unidas.

¡¤ y contribuir a la protecci¨®n del pueblo de Libia, a prestarle apoyo humanitario, y a facilitar la realizaci¨®n de sus aspiraciones.

Se?or¨ªas, con estas resoluciones del Consejo de Seguridad, complementadas con la decisi¨®n del Consejo de la Liga de Estados ?rabes del pasado 12 de marzo y con los recientes comunicados de la Organizaci¨®n de la Conferencia Isl¨¢mica y del Consejo de Paz y Seguridad de la Uni¨®n Africana, el Gobierno espa?ol, en el marco tambi¨¦n de las decisiones adoptadas con nuestros socios europeos en el Consejo extraordinario del pasado 11 de marzo, considera que se dan las condiciones legales y pol¨ªticas necesarias para que Espa?a asuma sus responsabilidades como miembro de la comunidad internacional y de ONU.

En efecto, antes de dar este paso plante¨¦, en nombre del Gobierno espa?ol, cuatro condiciones para nuestra participaci¨®n:

- Una Resoluci¨®n del CSNU que autorizara el uso de la fuerza. Porque es lo que exige la legalidad internacional. Lo exige tambi¨¦n el reci¨¦n aprobado Nuevo Concepto 8 Estrat¨¦gico de la OTAN, cuando "reafirma la responsabilidad primaria del Consejo de Seguridad en la preservaci¨®n de la paz y seguridad internacional".

- Un acuerdo europeo - La complicidad regional, a trav¨¦s de la Liga ?rabe y de la Uni¨®n Africana.

- Y, naturalmente, la autorizaci¨®n de este Parlamento. Para eso estamos hoy aqu¨ª, aunque creo poder decir de mis conversaciones de estos d¨ªas con los l¨ªderes de los partidos, y de las conversaciones de miembros del Gobierno, he podido colegir que se da un amplio consenso en torno a esta participaci¨®n de Espa?a. Consenso en torno al cual, desde luego, debo resaltar la contribuci¨®n de las fuerzas pol¨ªticas y mi agradecimiento por la posici¨®n mantenida en esto d¨ªas empezando por el principal partido de la oposici¨®n.

De acuerdo con todo ello, el Gobierno ha tomado, al amparo de lo previsto al efecto por la Ley de Defensa Nacional, determinadas decisiones urgentes para concretar cu¨¢l ser¨ªa la participaci¨®n de nuestro pa¨ªs en la coalici¨®n internacional formada para hacer frente a la situaci¨®n, de las que estuvo cumplidamente informado Su Majestad el Rey.

La contribuci¨®n espa?ola tiene como objetivo garantizar la zona de exclusi¨®n a¨¦rea y asegurar el embargo acordado por las Naciones Unidas. En cuanto a la zona de exclusi¨®n a¨¦rea, se han destinado un total de 5 aviones: 4 cazas F-18, con destino a la base italiana de Decimomannu, y un avi¨®n de reabastecimiento en vuelo boeing 707. Estos aviones de combate y el avi¨®n de reabastecimiento en vuelo est¨¢n ya operativos e integrados en el dispositivo a¨¦reo de la coalici¨®n. 9 Igualmente, se ha decidido el despliegue de medios a¨¦reos y navales para la aplicaci¨®n del embargo. A la espera de que el Consejo del Atl¨¢ntico Norte adopte una decisi¨®n sobre el inicio de esta misi¨®n, se han dado instrucciones y completado los preparativos para la activaci¨®n de la fragata M¨¦ndez N¨²?ez, con base en Ferrol; el submarino Tramontana, con base en Cartagena, y un avi¨®n C-235 de vigilancia mar¨ªtima.

Sobre estos medios, puedo anunciarles que la fragata M¨¦ndez N¨²?ez zarp¨® a las 17 horas del domingo de la base naval de Ferrol en direcci¨®n a la base de Rota, para preposicionarse all¨ª y poder alcanzar la zona de operaciones en el menor tiempo posible, una vez que la operaci¨®n de embargo sea aprobada. Del mismo modo, el submarino Tramontana est¨¢ alistado en la base naval de Cartagena a la espera de recibir instrucci¨®n para salir hacia la zona de operaciones. El mando de estos medios a¨¦reos est¨¢ transferido por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa al Mando de la Coalici¨®n, que ostenta el General Carter Ham, Comandante del AFRICOM.

Quiero subrayar que estamos ante un importante despliegue de medios militares, a¨¦reos y navales. Importante ante todo por las capacidades que aportan, y tambi¨¦n por el n¨²mero de medios desplegados y por los efectivos movilizados, alrededor de 500 miembros de las Fuerzas Armadas. Adem¨¢s, debo reconocer, porque es de justicia, la rapidez y profesionalidad con la que las Fuerzas Armadas, una vez m¨¢s, han respondido para dar cumplimiento a la misi¨®n encomendada por el Gobierno. Esto evidencia el alto grado de preparaci¨®n y disponibilidad de nuestros Ej¨¦rcitos y la Armada para hacer frente a situaciones de crisis o amenazas a nuestra seguridad.

Se?or¨ªas, Varios pa¨ªses participantes en esta coalici¨®n internacional han celebrado ya sus correspondientes debates parlamentarios: Reino Unido, B¨¦lgica, Italia, y Dinamarca. En todos los casos, los parlamentos han avalado o un¨¢nime o muy mayoritariamente la decisi¨®n de participar en la coalici¨®n para defender a la poblaci¨®n libia. De acuerdo con lo previsto en la Ley de la que los espa?oles nos quisimos dotar para circunstancias como ¨¦sta, les pido ahora formalmente la autorizaci¨®n de esta C¨¢mara para que nuestro pa¨ªs participe, en la forma en que acabo de describir, en esta operaci¨®n destinada a asegurar la aplicaci¨®n de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Se?or¨ªas, La Resoluci¨®n 1973 no pretend¨ªa ni pretende la expulsi¨®n del coronel Gadafi del gobierno de Libia. Su objetivo era advertir al coronel Gadafi y a las autoridades libias de que dejase de usar las armas contra su pueblo, de que si no lo hac¨ªa as¨ª, la comunidad internacional estaba dispuesta a usar la fuerza para poner fin a los asesinatos de su pueblo. Era un compromiso firme. La Resoluci¨®n 1973 nos obliga a todos los Estados miembros de Naciones Unidas y muchos de ellos, como se ha visto, est¨¢bamos y estamos dispuestos a cumplir son esa obligaci¨®n.

Hasta ahora, hasta este momento, tres d¨ªas despu¨¦s del inicio de la operaci¨®n, ha surtido efecto. Parece que se han detenido los ataques indiscriminados y, eventualmente, se ha producido alg¨²n repliegue de las fuerzas armadas del r¨¦gimen libio. 11 Pero el mensaje sigue siendo, a d¨ªa de hoy, el mismo: mientras exista el riesgo de que el r¨¦gimen libio vuelva a atacar a su pueblo, se aplicar¨¢ la fuerza necesaria para impedirlo. Por eso, la petici¨®n que hoy hace el Gobierno es una petici¨®n prudente.

El Gobierno, en efecto, ha acordado establecer un per¨ªodo inicial para nuestra participaci¨®n acorde con la naturaleza de las misiones que hemos asumido: un mes para el control y garant¨ªa de la zona de exclusi¨®n a¨¦rea, tres meses para la operaci¨®n de aseguramiento del embargo. Si las necesidades de la operaci¨®n internacional lo exigiesen, el Gobierno acudir¨¢ de nuevo a solicitar la autorizaci¨®n de prorroga a la C¨¢mara. Si hoy as¨ª lo acuerda, en opini¨®n del Gobierno, Espa?a asumir¨¢ su responsabilidad como miembro activo de la Comunidad internacional; como miembro activo de una Comunidad de derecho que, con esta decisi¨®n, ha dado un paso de relevancia hist¨®rica: fijarse con toda claridad la tarea de proteger a un pueblo, en este caso, el pueblo libio, de la amenaza que representan sus actuales gobernantes, y facilitarle la realizaci¨®n de sus aspiraciones de autogobierno; y que lo ha hecho, adem¨¢s, con un ampl¨ªsimo apoyo de los miembros de esa Comunidad y de sus organizaciones regionales. Les pido que nos sumemos a ese apoyo, que contribuyamos a esa tarea a favor del pueblo libio. Muchas gracias.