La Audiencia de Madrid reabre el caso del espionaje del Gobierno de Aguirre a sus adversarios en el PP
La sala ve "suficientes indicios" de malversaci¨®n y pide a la juez que eval¨²e los gastos de los cinco agentes que siguieron a Cobo y Prada
La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso del supuesto espionaje pol¨ªtico perpetrado por ex guardias civiles y expolic¨ªas, contratados por el Gobierno de Esperanza Aguirre, a los dirigentes del PP, Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallard¨®n, y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, ambos adversarios de la presidenta en la pugna por el liderazgo del partido ante el congreso en el que Mariano Rajoy revalid¨® su cargo. La Audiencia estima un recurso presentado por el PSOE contra el archivo del caso. Prada y Cobo, que tambi¨¦n ten¨ªan intenci¨®n de recurrir el archivo, recibieron una llamada de Rajoy para que renunciaran a hacerlo y acataron esa orden.
"En el estado actual de las diligencias no existen motivos para proceder al sobreseimiento provisional y archivo de las mismas. De lo actuado aparecen indicios suficientes de la comisi¨®n de delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos por el que se sigue la causa". El auto, que reabre la investigaci¨®n judicial sobre este caso de supuesto espionaje pol¨ªtico pagado con fondos p¨²blicos, no se limita a exigir que la juez Carmen Valcarce complete la bater¨ªa de diligencias que dej¨® sin hacer antes de dar carpetazo al asunto, sino que confirma que las pruebas recabadas durante la investigaci¨®n aportan indicios suficientes de que los agentes al servicio del Gobierno de la Comunidad de Madrid siguieron a los dos pol¨ªticos del PP.
El presunto espionaje pol¨ªtico se centr¨®, a lo largo de los meses de abril y mayo de 2008, en dirigentes del PP contrarios a la l¨ªnea de Aguirre dentro de su propio partido, que se alineaban con Mariano Rajoy ante el vital congreso que iba a celebrar el partido tras la derrota electoral de marzo de ese a?o.
Pruebas suficientes
La secci¨®n 16 de la Audiencia Provincial entiende que existen pruebas suficientes de ese espionaje pol¨ªtico a los adversarios de Aguirre: "Los informes policiales han llegado a determinar la autor¨ªa, a nivel indiciario de los partes de seguimiento. A dicha conclusi¨®n se ha llegado tras una laboriosa tarea de investigaci¨®n y cruce de datos, entre los datos suministrados por la compa?¨ªa telef¨®nica Movistar de los tel¨¦fonos de los tres asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid, Jos¨¦ Luis Caro, Antonio Coronado y Jos¨¦ Oreja, sus posicionamientos y el texto de cada uno de los partes. (...) De dicho trabajo se ha conseguido establecer la correlaci¨®n de posicionamientos de los tres asesores con el contenido de los seguimientos reflejados en los partes. Los posicionamientos son coincidentes en todos y cada uno de los d¨ªas, incluidos aquellos en los que las personas objeto de seguimiento se han ausentado de Madrid, visitando poblaciones cercanas". Los agentes Caro, Coronado y Oreja fueron contratados a dedo por el consejero de Interior de la Comunidad y secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados.
La Audiencia Provincial hace un an¨¢lisis del testimonio de estos tres agentes que supuestamente espiaron a Cobo y a Prada a lo largo del tiempo: "Las declaraciones de los tres asesores imputados en la causa por su imprecisi¨®n, vaguedad y ausencia de credibilidad juegan como indicio en su contra. As¨ª, lo tres asesores negaron rotundamente cualquier relaci¨®n con los hechos investigados en su declaraci¨®n en sede policial. Una vez identificados sus tel¨¦fonos y sus posicionamientos coincidentes con los partes del seguimiento, pasaron a tratar de justificar su presencia casual en dichos lugares. As¨ª, alegaron su presencia en los alrededores de Cibeles por la existencia de varias consejer¨ªas, dato que, obviamente, no explicar¨ªa ni su presencia sistem¨¢tica en la zona, ni, mucho menos, cuando se trata de localidades de fuera de Madrid".
En Cibeles ten¨ªa su despacho el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Todas las anotaciones de los partes de seguimiento relacionadas con Cobo coinciden con la presencia de los agentes en los alrededores de su despacho que certifican los posicionamientos de sus tel¨¦fonos m¨®viles.
Las coartadas de los esp¨ªas
Los tres magistrados de la Audiencia Provincial desmontan las coartadas de los supuestos esp¨ªas: "En los seguimientos a localidades de Madrid, explicados tras la inicial negativa como reforzamiento de la seguridad de esas personalidades o esos actos, son incompatibles con que dichos movimientos permanecieran ocultos a la seguridad de los mismos y, sobre todo, son incompatibles con el hecho de que en numerosos partes relatan haber perdido al objetivo en determinado punto, as¨ª pues, no sab¨ªan ad¨®nde se dirig¨ªan. Es m¨¢s, en algunos de los partes, se manifiesta que han perdido el objetivo por parte de medios, pues solo ten¨ªan cubiertas dos calles de las tres posibles, por ejemplo. Lo cual se aparta de cualquier idea de reforzamiento de la seguridad ordinaria".
La Audiencia Provincial tambi¨¦n se?ala que otro agente, Jos¨¦ Manuel Pinto, empleado de la Comunidad de Madrid, hizo anotaciones en los partes de seguimiento. Pinto fue identificado por una doble pericial caligr¨¢fica encargada por este peri¨®dico y por una tercera pericial que la juez orden¨® realizar a la polic¨ªa: "Los indicios existentes contra Jos¨¦ Manuel Pinto", se?ala la Audiencia Provincial, "son igualmente contundentes, existe una pericial caligr¨¢fica que le considera autor de las anotaciones manuscritas que aparecen sobre algunos de los partes de seguimiento. A la causa se ha aportado pericial contradictoria que niega su autor¨ªa en dichas anotaciones. Esta sala no debe pronunciarse sobre la credibilidad de una u otra pericial. Ese es un tema propio de enjuiciamiento, cuando los peritos sean sometidos a contradicci¨®n y evaluada su pericia con el resto de las pruebas y pueda llegarse a una conclusi¨®n. Pero en este momento la prueba pericial del gabinete de la polic¨ªa es indicio suficiente".
?Y sobre Sergio Gam¨®n, ex director general de Seguridad y que continu¨® en su puesto, protegido por Esperanza Aguirre, hasta que la exesposa de Gam¨®n y exsecretaria de la propia Aguirre relat¨® a este diario que su exmarido era el jefe del equipo de espionaje a las ¨®rdenes del vicepresidente Ignacio Gonz¨¢lez? La juez nunca cit¨® a esa testigo, que fue despedida de Telemadrid tras ser durante a?os persona de confianza de cargos del PP. El tribunal tambi¨¦n ve suficientes indicios de delito contra Gam¨®n en la causa. "Los indicios existentes contra Sergio vienen de las propias declaraciones de los asesores que reciben de ¨¦l las instrucciones, as¨ª como de su dependencia org¨¢nica del mismo, son sus subordinados directos".
Los cinco imputados
La Audiencia Provincial entiende que "las cinco personas imputadas tienen car¨¢cter de funcionarios", algunos como asesores del consejero de Interior y otros como empleados en ese departamento. "Y en virtud de esa condici¨®n ten¨ªan la disponibilidad sobre sus tel¨¦fonos m¨®viles, veh¨ªculos, combustible y dem¨¢s efectos necesarios para su labor como funcionarios. (...) As¨ª pues, los indicios existen y son suficientes para la continuaci¨®n de las diligencia".
La defensa de los imputados, que ejerce el letrado Enrique Molina, reclam¨® durante el procedimiento que el periodista de este diario que destap¨® los seguimientos deber¨ªa revelar sus fuentes en el sumario para probar su veracidad. El tribunal considera que el trabajo period¨ªstico est¨¢ harto probado y no debe revelar fuente alguna. "Su testimonio ha servido como nottia criminis, que se ha visto refrendado por la profusi¨®n de diligencias que han ido confirmando la credibilidad de su testimonio. El derecho al secreto de sus fuentes es un derecho constitucional necesario al derecho de informaci¨®n y al derecho de la opini¨®n p¨²blica a tener una informaci¨®n veraz, art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n, es una garant¨ªa de la democracia". Y, por a?adidura, "no es es el ¨²nico indicio, no estamos en fase de juicio, ni de dictar una sentencia con ese ¨²nico testimonio, ni es ileg¨ªtima la no revelaci¨®n de la fuente por el periodista".
La Audiencia Provincial pide a la juez que recabe datos sobre los gastos de los supuestos esp¨ªas para poder cuantificar la malversaci¨®n de caudales p¨²blicos antes de abrir el juicio contra los mismos.
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