El Ayuntamiento derriba una casa en la Ca?ada Real

El Ayuntamiento de Madrid ha derribado la pasada noche una construcci¨®n ilegal de la Ca?ada Real Galiana que ya hab¨ªa sido demolida y reconstruida hace cuatro a?os con la colaboraci¨®n de los vecinos. El Servicio de Disciplina Urban¨ªstica ha dado la orden de derribo para una construcci¨®n ilegal situada en el n¨²mero 40-A de la Ca?ada Real Galiana, una vivienda situada en el sector V de la Ca?ada Real, en una zona cercana al metro de Rivas-Urbanizaciones.

Abdul asegura que los operarios encargados de la demolici¨®n han llegado en torno a las cuatro de la madrugada junto a Unidad M¨®vil de Asistencia del SAMUR Social que les ha ofrecido un alojamiento temporal en alguno de sus albergues por un per¨ªodo de 15 d¨ªas.

En enero la familia recibi¨® la notificaci¨®n de que la construcci¨®n ser¨ªa derribada a partir del 24 de junio, d¨ªa en que los ni?os terminaron el colegio. La oposici¨®n de los grupos contra los derribos y las movilizaciones de simpatizantes del 15-M, que acamparon frente a la casa frenaron la llegada de la piqueta aunque la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento, Pilar Mart¨ªnez, precis¨® que la demolici¨®n se llevar¨ªa a cabo porque una orden judicial pesaba sobre la vivienda.

"Ha sido una sorpresa, est¨¢bamos todos en la casa y no nos lo esper¨¢bamos", ha se?alado Abdul que insiste en que sus hijos empiezan el colegio el pr¨®ximo lunes. La familia ha decidido esta tarde junto a los vecinos del poblado volver a levantar la vivienda, como ya hicieron en 2007. La familia, que por el momento est¨¢ en casa de un vecino, ha convocado una reuni¨®n el jueves por la ma?ana para informar y empezar a recaudar el dinero necesario para alquilar una m¨¢quina que retire los escombros de la parcela donde hasta anoche se erig¨ªa el inmueble de dos plantas.

Este marroqu¨ª de 33 a?os vive desde 2004 en esta vivienda junto a su mujer y sus hijos de 7 y 4 a?os. "Se la compr¨¦ a un espa?ol por 20.000 euros", dice. Todas las construcciones que se yerguen en el sector V del poblado (unas 800, seg¨²n el censo del Ayuntamiento de Rivas) son ilegales. El hombre considera "injusto" que hayan tirado abajo su casa dos veces cuando en toda la Ca?ada residen de forma ilegal entre 25.000 y 40.000 personas.

El desalojo y derribo de esta edificaci¨®n ha contado con la autorizaci¨®n judicial que, "respalda plenamente la legalidad de la actuaci¨®n del Ayuntamiento y se pone de relieve el absoluto desprecio a las resoluciones administrativas y judiciales" del titular de la construcci¨®n, seg¨²n el Consistorio.

El expediente de esta parcela se inici¨® en el a?o 2005, cuando la Polic¨ªa Municipal denunci¨® la construcci¨®n de una vivienda sin autorizaci¨®n sobre suelo no urbanizable de protecci¨®n de v¨ªas pecuarias. El Ayuntamiento de Madrid decret¨® entonces la suspensi¨®n de las obras y dict¨® orden de demolici¨®n de lo ilegalmente construido. Como el titular de la construcci¨®n no acat¨® la decisi¨®n, se efectu¨® un primer derribo en octubre de 2007. Dos d¨ªas despu¨¦s, el 20 de octubre, el mismo titular inici¨® en esta parcela la reconstrucci¨®n del edificio, seg¨²n consta en la denuncia presentada en esa fecha.

El ayuntamiento solicit¨® al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo autorizaci¨®n para el desalojo y demolici¨®n que se ha producido hoy. El ¨®rgano judicial ya hab¨ªa la denuncia al ocupante de la construcci¨®n ilegal para que hiciera las alegaciones que estimara oportunas. Seg¨²n el consistorio, el auto de autorizaci¨®n de entrada en domicilio "respalda plenamente la legalidad de la actuaci¨®n municipal", y antes de ¨¦l "se ha tramitado un expediente donde se ha o¨ªdo a la parte interesada, la cual nada impugn¨®". Adem¨¢s, el Juzgado hace hincapi¨¦ que el propietario "ha actuado con absoluto desprecio a las resoluciones administrativas y judiciales" cuando volvi¨® a levantar la construcci¨®n "casi al d¨ªa siguiente de su demolici¨®n".

La disposici¨®n adicional primera de la Ley de la Ca?ada Real Galiana, que la Asamblea de Madrid aprob¨® en marzo, se?ala que las Administraciones acordar¨¢n con los afectados "representados por asociaciones acreditadas" todas las cuestiones derivadas de la "ocupaci¨®n, desafectaci¨®n y destino de los terrenos" de este poblado. Un compromiso que no se ha cumplido en el caso de Abdul, afirm¨® Javier Rubio en junio, un abogado que colabora desinteresadamente con los habitantes del asentamiento.

Amnist¨ªa Internacional (AI) ha censurado el desalojo que ha calificado de "violaci¨®n de los derechos humanos" y ha exigido al Ayuntamiento de Madrid que ofrezca un alojamiento alternativo adecuado a la familia.

La directora adjunta de la organizaci¨®n en Espa?a, Eva Su¨¢rez-Llanos, ha argumentado que los afectados deben ser informados del desalojo y que los derribos deben ir precedidos de "consultas efectivas" previas. "El hecho de que se haya producido durante la noche tambi¨¦n contraviene los est¨¢ndares internacionales", haa?adido Su¨¢rez-Llanos.

AI puso en marcha en abril una recogida de firmas en contra del desalojo de Abdul y F¨¢tima que han suscrito hasta ahora 22.600 personas.

"El poblado vivi¨® un boom a finales de los noventa por el incremento de la inmigraci¨®n, la escalada en el precio de la vivienda y el hecho de que durante 30 a?os la Ca?ada hubiese estado tolerada por las Administraciones", explic¨® Rubio. Aunque las construcciones son ilegales los habitantes del poblado est¨¢n empadronados y el Ayuntamiento cobra a los propietarios el IBI. "Durante 10 a?os ha estado trabajando en la construcci¨®n. Levantando los pisos que compraban los espa?oles. Ahora no solo le tiran su casa sino que debe abonar los costes de la demolici¨®n", cont¨® el abogado.