Inmigrantes irregulares: tras la salud, los CIE

Protesta ante el CIE de Barcelona-Zona franca. Foto: SOS Racismo

El Ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, ha convocado a los medios de comunicaci¨®n el pr¨®ximo lunes 30 de abril en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, donde est¨¢ previsto que presente las l¨ªneas generales del Reglamento que definir¨¢ el funcionamiento y organizaci¨®n de estos centros. La regulaci¨®n hab¨ªa sido reclamada desde hace m¨¢s de dos a?os por las ONG, la Defensor¨ªa del Pueblo y otras instituciones, que exigen poner fin al limbo legal en el que operan los CIE. La pol¨ªtica de reclusi¨®n de inmigrantes indocumentados se ha convertido en un verdadero sumidero de derechos fundamentales en el que una mera infracci¨®n administrativa es castigada con la detenci¨®n arbitraria, el maltrato y, en algunas ocasiones, la expulsi¨®n del pa¨ªs.

Desgraciadamente, la esperanza de contar con una normativa que someta las pol¨ªticas migratorias al Estado de Derecho se evapora a medida que se conocen m¨¢s detalles del futuro reglamento. Este blog ha tenido acceso a un detallado informe elaborado por los juristas que asesoran la campa?a Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE,en el que se analizan el documento de trabajo para el anteproyecto de reglamento. De acuerdo con sus autores, el texto "consolida el modelo policial de gesti¨®n de los CIE y desarrolla muy insuficientemente las garant¨ªas de derechos de las personas internadas".Dicho de otro modo, que todo cambie para que todo siga igual (o peor, en algunos casos).

El informe de los expertos desgrana un rosario de irregularidades, ambig¨¹edades y abusos que no solo cuestiona la moralidad del anteproyecto, sino su propia legalidad. Estos son algunos de sus argumentos:

- Los CIE seguir¨¢nsiendo instituciones policiales: A pesar de sus promesas,el Gobierno consolida un modelo en el que los centros seguir¨ªan dependiendo a todos los efectos del Ministerio del Interior.Si lo dirigen polic¨ªas y lo controlan polic¨ªas, podemos llamarlo de otro modo, pero esto es lo m¨¢s parecido a una penitenciar¨ªa habitada por ciudadanos que en su mayor¨ªa no han cometido ning¨²n delito.

- No garantizaderechos esenciales: No hay avances enla necesidad de contar con recursos sociales, jur¨ªdicos y culturales en los centros, incluyendo la garant¨ªa de servicios sanitarios adecuados que eviten las situaciones de desamparo e incluso los fallecimientospor negligencia que se han producido hasta ahora.

- No hay un adecuado control externo:Se restringe la fiscalizaci¨®n judicial de los CIE por parte de los juzgados de vigilancia y control. Esta herramienta ha sido clave hasta ahora en algunos centros, como el de Madrid, donde los internos tienen acceso al juez para presentar quejas. Si, como propone el borrador, las quejas deben hacerse primero a los responsables policiales del centro, la ley pondr¨¢ el control en manos de los posibles infractores.

-Seguir¨¢ limitado el derecho de visitas:Las visitas y el contacto con familiares son tratadas con las mismas reservas y sospechas que hasta ahora, e incluso podr¨ªa verse m¨¢s limitado. Estas restricciones conllevan un alto coste an¨ªmico y pr¨¢ctico para hombres y mujeres que podr¨ªan verse obligadas a separarse de sus familias en un plazo muy breve de tiempo.

- El acceso de las ONG seguir¨¢ siendo obstaculizado:A pesar de las noticias que fueron filtradas en su momento, las ONG y organizaciones que prestan asistencia a los internos no solo quedar¨ªan apartadas de la gesti¨®n de los centros, sino que ver¨ªan su trabajo actual entorpecido. Estas medidas contrastan con las exigencias hechas por algunos de los juzgados responsables de controlar estos centros.

La lista se extiende a lo largo de 27 p¨¢ginas cuidadosamente argumentadas. Dicho de forma simple, esto deja al Gobierno ante una encrucijada: aprobar un reglamento que mantenga la firmeza de la pol¨ªtica migratoria pero la ajuste a los l¨ªmites de los derechos humanos; o tomar el camino populista anti-inmigraci¨®nque tan buenos resultados ha dado a algunos partidos en Francia, Holanda y otros pa¨ªses europeos. Es su opci¨®n. La nuestra es oponernos a ella, denunciando la inmoralidad, la ilegalidad y la insensatez que supondr¨ªa aprobar un reglamento en estos t¨¦rminos.