Espionaje en masa

Personas de relevancia p¨²blica como Telma Ortiz, hermana de la princesa de Asturias, o Ignacio L¨®pez del Hierro, marido de la secretaria general del PP, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, han sido espiadas por la red de tr¨¢fico ilegal de datos investigada por la polic¨ªa. Que aparezcan nombres conocidos no es el hecho m¨¢s llamativo, sino la existencia y funcionamiento de una organizaci¨®n criminal, presuntamente en torno a detectives, dedicada a traficar con datos confidenciales a gran escala: declaraciones de Hacienda, movimientos de cuentas bancarias, historiales m¨¦dicos (hasta de ni?os), listados de llamadas telef¨®nicas, controles de conversaciones ajenas. Miles de personas eran espiadas con la ayuda de funcionarios situados en zonas sensibles del Estado (Hacienda, Polic¨ªa, Guardia Civil, Seguridad Social, Sanidad, Inem, Catastro, Tr¨¢fico, registros de la propiedad, juzgados...) y la de empleados de entidades financieras u operadores telef¨®nicos. A la vista de la enorme cantidad de peticiones que los jefes de la red hac¨ªan a sus proveedores ¡ªa alguno le exig¨ªan 150 expedientes diarios¡ª, se comprende que la polic¨ªa hable de un tr¨¢fico ¡°ingente¡±.

Cuando una red de espionaje privado ha podido funcionar durante muchos a?os, sin ser molestada, es que un numeroso y heterog¨¦neo conjunto de personas se cre¨ªan poco menos que impunes. En el sumario aparecen inquietantes indicios de conexiones entre elementos de esa red y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algunos de cuyos controladores de fuentes se interesaron por varios de los implicados a medida que eran detenidos. Es de esperar que las investigaciones, conducidas por un juzgado de Barcelona sirvan tambi¨¦n para esclarecer si hab¨ªa alg¨²n consumidor particularmente goloso de los datos espiados y en manos de qui¨¦n han acabado.

No solo los cabecillas y vendedores de informaci¨®n confidencial, sino los funcionarios o empleados que revelan datos ilegalmente deber¨ªan sentir todo el peso de la ley. El problema, precisamente, es la relativa levedad de ese peso. El art¨ªculo 18 de la Constituci¨®n proclama ¡°el secreto de las comunicaciones¡±, ¡°el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen¡±, y plantea limitaciones al ¡°uso de la inform¨¢tica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos¡±. Pero resulta dif¨ªcil encontrar derechos tan largamente violados como los del art¨ªculo 18.

La falta de facultades de control y de penas severas explican la extensa difusi¨®n social de la cultura de la permisividad sobre las intromisiones en la intimidad. Empresas y ciudadanos no vacilan en cometer delitos con tal de obtener armas con las que luchar contra competidores o mejorar sus posiciones en pleitos o contenciosos privados. No se trata de ¡°corruptelas menores¡±, sino de un c¨¢ncer que los poderes p¨²blicos tienen que combatir con toda contundencia.