Sobre la reforma universitaria

Hace unos d¨ªas, EL PA?S propon¨ªa 10 reformas en defensa de la democracia y el progreso econ¨®mico, entre otras un pacto educativo que garantice la formaci¨®n de capital humano y la investigaci¨®n, basado en un sistema de criterios, incentivos y controles ajeno a los vaivenes pol¨ªticos. Unos d¨ªas m¨¢s tarde, el Ministerio de Educaci¨®n hac¨ªa p¨²blicas las propuestas para la mejora y eficiencia del sistema universitario espa?ol de la comisi¨®n de expertos nombrada hace unos meses por el propio ministro. El problema que se pretende resolver, seg¨²n se deduce del texto, es el exceso de uniformidad y la escasa diversidad del sistema universitario espa?ol que ni atiende debidamente las necesidades sociales de formaci¨®n e investigaci¨®n ni tiene instituciones de prestigio entre las primeras 200 del mundo. ?Garantizar¨ªan dichas propuestas esa imprescindible y urgente transformaci¨®n de tan vetusta instituci¨®n en caso de que llegaran a convertirse en la cuarta ley universitaria de la democracia? Personalmente tengo serias dudas al respecto.

El documento es claro y est¨¢ bien redactado. Reconoce la contribuci¨®n de la universidad a la sociedad, muy inferior a la que se espera de ella, e identifica algunos de los males que le impiden mejorar, entre otros muchos: el perfil acad¨¦mico de los profesores, con un baj¨ªsimo ¨ªndice de investigadores entre ellos; unas titulaciones pr¨¢cticamente id¨¦nticas en campus situados a escasos kil¨®metros unos de otros; las malas pr¨¢cticas de contrataci¨®n y la extrema burocratizaci¨®n de la vida acad¨¦mica; y, por supuesto, la ausencia de verdaderos controles externos. No hay duda de que la universidad ser¨ªa mejor si se asumieran la mayor parte de las propuestas, es decir: si las oposiciones fueran p¨²blicas y abiertas internacionalmente; si la investigaci¨®n fuera determinante para acceder a un puesto docente y para ocupar cargos de responsabilidad; si las universidades compitieran y colaboraran entre s¨ª; si hubiera una mayor movilidad de estudiantes y profesores; si los claustros fueran m¨¢s reducidos y operativos; si los rectores fueran nombrados entre acad¨¦micos de ¡°reconocido prestigio¡±. Las propuestas son quiz¨¢ las mejores de los ¨²ltimos a?os, sin ser ni novedosas ni revolucionarias; lo importante sin embargo no es que lo sean, sino que resulten eficaces para mejorar sustancialmente la universidad.

Ahora bien, nada hace prever que la universidad sea capaz de reformarse a s¨ª misma simplemente porque una nueva ley as¨ª lo diga. Las grandes universidades contempor¨¢neas no han surgido de proyectos de reforma de las ya existentes, sino de verdaderas refundaciones en las que la selecci¨®n de su principal activo, los profesores, ha sido tan importante como el dise?o del nuevo entorno institucional. En Espa?a, este proceso no se ha llevado nunca a cabo. En los dos ¨²ltimos siglos, solo dos textos legislativos han contemplado la renovaci¨®n completa de sus claustros como paso previo a la reforma de la universidad, con garant¨ªas econ¨®micas para quienes se vieran forzados a abandonarla: el reglamento de 1821 y el Estatuto de Autonom¨ªa de la Universidad de Barcelona de 1933, por motivos muy distintos, como es f¨¢cil imaginar. La depuraci¨®n de los claustros universitarios tras la Guerra Civil se hizo por otras v¨ªas legales. Llegada la democracia, la Ley de Reforma Universitaria de 1983 estableci¨® un nuevo marco institucional, pero al mismo tiempo consolid¨® en sus puestos, e incluso promocion¨®, a los profesores vinculados a la universidad en aquel momento, a trav¨¦s de las disposiciones transitorias, con lo cual cometi¨® una especie de suicidio administrativo. Bajo el amparo de una mal definida ¡°autonom¨ªa universitaria¡± y en ausencia de mecanismos eficaces de control social, dichos profesores patrimonializaron la universidad, aplicando de la ley lo que les conven¨ªa y soslayando lo que no les interesaba, con la total pasividad del ministerio. Algunas de las propuestas sugeridas por el actual comit¨¦ de expertos las contemplaba la propia LRU, como la necesidad de implantar una contabilidad anal¨ªtica, que 30 a?os despu¨¦s a¨²n no existe; o el requisito de que nadie pudiera aspirar a un puesto de funcionario en la universidad donde se hubiera doctorado sin antes pasar uno o dos a?os en otra universidad, requisito que se soslay¨® durante a?os mediante ¡°certificaciones¡± pactadas entre universidades hasta que, seg¨²n me confes¨® el entonces secretario de Estado, se anul¨® mediante decreto ¡°para adecuar la ley a la realidad¡±.

Siguiendo la tradici¨®n espa?ola, las propuestas no proponen una renovaci¨®n de los claustros universitarios, sino la consolidaci¨®n de los derechos adquiridos de funcionarios y profesores acreditados, entre los que yo misma me encuentro. No se plantean, tampoco, una cuesti¨®n de fondo de la que depende el ¨¦xito del nuevo dise?o institucional: c¨®mo conseguir que los m¨¢s de 51.101 profesores funcionarios, ¡°de los cuales el 57,6% tiene una actividad investigadora nula o inexistente¡±, seg¨²n el informe, a los que se suman m¨¢s de 50.000 entre interinos y contratados cuyos m¨¦ritos se desconocen, acepten la reforma y no la dinamiten desde dentro, con o sin la ayuda de alg¨²n que otro partido pol¨ªtico. El meollo del problema est¨¢ en poner el cascabel al gato, es decir, en encontrar la manera de que la reforma verdaderamente se aplique, en lugar de quedar diluida en una mara?a de legislaci¨®n y guerrilla burocr¨¢tica, como ha ocurrido con las anteriores. La clave est¨¢ en los instrumentos que se otorguen a las nuevas autoridades acad¨¦micas para que puedan actuar contra el poderoso lobby universitario en lugar de ser, como las actuales, su cabeza visible. El fracaso de los consejos sociales, que deb¨ªan haber defendido los intereses de la sociedad frente los corporativos, es sintom¨¢tico y se debe a que han carecido de esos medios de actuaci¨®n. Fueron los incentivos y los instrumentos los que fallaron, no la idea en s¨ª, lo que debe tenerse muy presente en el futuro.

Es cierto que las propuestas recomiendan implantar incentivos, tanto personales como institucionales. Pero sus sugerencias en esta materia son muy pobres y se limitan a aconsejar el establecimiento de diferencias salariales entre los profesores, hoy escas¨ªsimas, y a proponer que el sistema de financiaci¨®n de las universidades se vincule a la docencia e investigaci¨®n y ¡°al extraordinario valor que su actividad aporta al conjunto de la sociedad¡± cuya ¡°estimaci¨®n es muy compleja¡±. Los expertos pasan la patata caliente al ministerio para que ¡°establezca un conjunto de criterios e indicadores objetivos¡±, es decir, proponen que se estudie el tema. Sorprende que no hayan analizado los distintos modelos de financiaci¨®n de las universidades p¨²blicas que muchas comunidades aut¨®nomas tienen ya implantados y que contemplan ese tipo de ¡°indicadores objetivos¡±. El de la Comunidad de Madrid, negociado y aprobado siendo yo misma responsable de la pol¨ªtica universitaria y de investigaci¨®n, recog¨ªa ambas vertientes, docencia e investigaci¨®n, y fue un poderoso incentivo para que las universidades iniciaran un gradual proceso de cambio. Por desgracia, no ha tenido continuidad.

Sin incentivos adecuados ni controles posteriores no hay reforma educativa de verdad

Los incentivos, especialmente los econ¨®micos, provocan respuestas inmediatas por parte de las instituciones y de los individuos; las regulaciones, por el contrario, solo desatan mecanismos de resistencia al cambio que, de hecho, acaban desvirtuando el nuevo marco institucional. Sin incentivos adecuados y sin controles posteriores eficaces no hay reforma verdadera. Lamentablemente, sin embargo, la aportaci¨®n de las propuestas en ambos sentidos es claramente insuficiente y contrasta con lo prolijo del resto de las recomendaciones, que se insertan en la mejor tradici¨®n intervencionista y reguladora espa?ola. Espero que el actual Gobierno sea consciente de los obst¨¢culos a los que se enfrenta una aut¨¦ntica reforma de la universidad y tenga la voluntad pol¨ªtica de establecer un marco institucional adecuado, de vacunarlo contra los virus acad¨¦micos y pol¨ªticos que han hecho abortar tantos otros proyectos bien intencionados, de dotar a los nuevos responsables universitarios de los incentivos adecuados para implantarlos en un medio hostil al cambio, y de dar a la sociedad los mecanismos de control imprescindibles que garanticen su ¨¦xito.

El pa¨ªs se juega su futuro.

Clara Eugenia N¨²?ez es profesora titular de Historia Econ¨®mica (UNED) y exdirectora de Universidades e Investigaci¨®n de la Comunidad de Madrid