?Qui¨¦n es responsable del incremento de la malnutrici¨®n infantil en Espa?a?

Esta entrada ha sido escrita por Jos¨¦ Mar¨ªa Medina,Director de Prosalus. Una versi¨®n m¨¢s larga de este texto ha sido publicada en la web de esta ONG.

Quien quiera dar una respuesta universalmente v¨¢lida a esta pregunta lo va a tener muy dif¨ªcil. Los organismos internacionales han llamado nuestra atenci¨®n sobre el hecho de que la mitad de la poblaci¨®n mundial padece alguna forma de malnutrici¨®n, por exceso, por defecto, por carencia de micronutrientes, por desequilibrio¡­

Quienes sufren la crisis en su vertiente alimentaria son aquellas personas que, por la limitaci¨®n de recursos y/o por el alza de precios de los alimentos, tienen graves dificultades para poder proveerse de una alimentaci¨®n adecuada sin poner en riesgo la cobertura de otras necesidades b¨¢sicas. Quiz¨¢s este problema parec¨ªa lejano cuando estaba referido al Cuerno de ?frica o al Sahel. Ahora que la persistente crisis econ¨®mica alcanza a desplazar a colectivos vulnerables m¨¢s all¨¢ de la frontera del hambre tambi¨¦n dentro del Estado espa?ol, comienzan a sonar las alarmas.

Los an¨¢lisis que se han realizado acerca del marco causal de la crisis alimentaria en estos ¨²ltimos a?os han encontrado un lugar com¨²n en la multicausalidad y en el car¨¢cter estructural del fen¨®meno. Explicar por qu¨¦ se produce la crisis alimentaria implica hablar del modelo de producci¨®n agr¨ªcola, las vinculaciones de agricultura y petr¨®leo, la especulaci¨®n financiera, el fen¨®meno del acaparamiento de tierras, las pol¨ªticas de apoyo a los agrocombustibles, el cambio clim¨¢tico, los cambios en los patrones de consumo en las econom¨ªas emergentes y un largo etc¨¦tera. Adem¨¢s, ese an¨¢lisis debe incorporar en cada caso concreto factores propios del contexto espec¨ªfico.

Puede haber diferentes causas para que se produzca un estado de desnutrici¨®n en un caso concreto. Pero parece bastante l¨®gico admitir que, si en estos momentos el n¨²mero de personas ¨Cy entre ellas, ni?os y ni?as- en situaci¨®n de desnutrici¨®n en Espa?a es creciente, la crisis econ¨®mica tiene mucho que ver. Las informaciones sobre nuestra realidad social apuntan a un n¨²mero cada vez mayor de familias que est¨¢n viendo debilitarse r¨¢pidamente sus medios de sustento hasta tal punto que ya no pueden proveer por s¨ª mismas algunas de sus necesidades m¨¢s b¨¢sicas, incluida la alimentaci¨®n.

En estos casos, ?qui¨¦n tiene obligaci¨®n de intervenir? La respuesta no es sencilla pero sencillamente creo que es el Estado.

El acceso a una alimentaci¨®n adecuada est¨¢ reconocido como derecho humano en la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos (DUDDHH) y en el Pacto Internacional de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales (PIDESC), del que Espa?a es parte. Esto implica la disponibilidad y accesibilidad de forma sostenible de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos y sin que dificulte el goce de otros derechos humanos.

Los Estados partes del PIDESC tienen las obligaciones de respetar ¨Cno impedir el disfrute y ejercicio de este derecho a ninguna persona-, proteger ¨Cno permitir que terceros puedan impedir el disfrute y ejercicio de este derecho a ninguna persona- y garantizar este derecho ¨Cprocurar que todas las personas tengan los medios para alimentarse y, en caso de que las circunstancias les impidan hacerlo por s¨ª mismas, proveerles directamente la alimentaci¨®n necesaria-.

A pesar de que los DESC son tan humanos, tan universales, tan inviolables y tan inalienables como los derechos civiles y pol¨ªticos, los sistemas que se establecieron para su protecci¨®n fueron mucho m¨¢s d¨¦biles. El PIDESC establece con car¨¢cter general un criterio de efectividad progresiva, de manera que los Estados firmantes asumieron solamente un compromiso de ir incrementando progresivamente su efectividad. El ¨²nico mecanismo de control establecido en el Pacto se reduce a la presentaci¨®n de informes peri¨®dicos ante Naciones Unidas por parte de los Estados.

A final de 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas adopt¨® el Protocolo Facultativo del PIDESC que establece un mecanismo de acceso a la justicia a nivel internacional -por medio de la presentaci¨®n de reclamaciones frente al Comit¨¦ de la ONU sobre los Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales- para las personas cuyos DESC han sido violados y que no tienen los adecuados recursos en el ordenamiento jur¨ªdico de su pa¨ªs. Para su entrada en vigor se requer¨ªa la ratificaci¨®n de al menos diez Estados, lo cual ha ocurrido en 2013. Desde el 5 de mayo de este a?o el Protocolo Facultativo del PIDESC est¨¢ en vigor para los diez estados que lo han ratificado y Espa?a es uno de ellos.

A partir de ahora, cualquiera de esas familias que, afectadas por la crisis econ¨®mica, por el desempleo, por la precariedad, vean peligrar su adecuada alimentaci¨®n y no encuentren una respuesta adecuada por parte del Estado, podr¨¢n reclamarla ante el Comit¨¦ DESC.