Transparencia obliga

¡°Obligatorio¡±. Pronunciar este adjetivo enfrentando la mirada de un financiero o un empresario es como verter yodo en una herida abierta. Escuece. Por eso las negociaciones han sido muy duras. ¡°La presi¨®n de los lobbies en Bruselas es enorme, infatigable. Y van a seguir peleando por descafeinar a¨²n m¨¢s la norma¡±, sostiene Antonio Masip, eurodiputado del PSOE. ?A qu¨¦ se refiere? El Parlamento Europeo acaba de aprobar una directiva sobre divulgaci¨®n de informaci¨®n no financiera que obligar¨¢ (una vez que sea ratificada en mayo por el Consejo) a unas 6.000 grandes compa?¨ªas de la Uni¨®n Europea a informar sobre sus impactos en materia social, ambiental, pol¨ªticas de diversidad, respeto de los derechos humanos y medidas contra la corrupci¨®n y el soborno. Si las empresas lo llevaran a su cumplimiento m¨¢ximo, una petrolera, por ejemplo, deber¨ªa explicar en su informe anual todos los vertidos, por peque?os que sean, que ha provocado en cualquier parte del mundo.

Muchos ecologistas leer¨¢n esa ¨²ltima frase con incredulidad. Har¨¢n bien. La iniciativa ha ido diluy¨¦ndose debido a la oposici¨®n sobre todo del Reino Unido, Polonia y Alemania. Y los cr¨ªticos han empezado a levantar la mano. ¡°Esta directiva no obliga a ninguna empresa a aplicar pol¨ªticas de responsabilidad social corporativa (RSC) o a actuar de manera responsable. Solo les pide que sean m¨¢s transparentes sobre lo que hacen y los riesgos que encaran¡±, observa J¨¦r?me Chaplier, coordinador de la plataforma ciudadana European Coalition for Corporate Justice (ECCJ). Se refiere a que no hay sanciones por incumplir la directiva, o sea, por no informar; tampoco existe un auditor¨ªa externa que verifique ese cumplimiento y las empresas podr¨¢n decidir qu¨¦ indicadores y est¨¢ndares utilizan en el reporte. Adem¨¢s en la transposici¨®n de la norma a la legislaci¨®n nacional cada pa¨ªs puede hacer de su capa un sayo. Entonces, ?de qu¨¦ sirve? ¡°La normativa instala la cultura de la transparencia y la sinceridad¡±, apunta, optimista, Elisabeth de Nadal, del bufete Cuatrecasas Gon?alves Pereira. Adem¨¢s tambi¨¦n vale para introducir un debate profundo: ?debe ser la RSC voluntaria u obligatoria?

En Bruselas, el laissez-faire contin¨²a siendo un estilo de vida innegociable pese al esfuerzo de algunos pa¨ªses por evitarlo. Y se siente en las discusiones. Francia, Dinamarca y B¨¦lgica quer¨ªan una directiva fuerte y obligatoria mientras que el Reino Unido, Polonia, y otros territorios del este, defend¨ªan una limitada. Por su parte, Alemania se opon¨ªa a cualquier intervenci¨®n. As¨ª que ha sido necesario diluir la ambici¨®n de la norma para conseguir que esos pa¨ªses que eran reticentes al final la apoyen.

Como consecuencia de esta lecci¨®n de geopol¨ªtica de los intereses particulares, la directiva que surge se pierde como harina en un colador. En principio iba a afectar a 18.000 compa?¨ªas ¨Cporque se quer¨ªa incorporar a las pymes¨C pero ahora solo incidir¨¢ en aquellas que tengan m¨¢s de 500 trabajadores (ya sean cotizadas o no) y sumen un balance total de 20 millones de euros o bien una cifra neta de negocios de 40 millones. La cuenta da un saldo de 6.000 firmas en la Uni¨®n Europea, de las que entre 500 y 600 son espa?olas. ?Un n¨²mero ambicioso?

¡°Aunque la directiva llegue descafeinada, la idea no es mala¡±, asegura Antonio G¨®mez, director del ¨¢rea Jur¨ªdica de la consultora Everis. ¡°Su gran valor es el pedag¨®gico. Puesto que en transparencia estamos a gran distancia de los pa¨ªses n¨®rdicos o del Reino Unido¡±. Al fin y al cabo, como precisa Jes¨²s de la Morena, a cargo de la Responsabilidad Corporativa del despacho Garrigues, ¡°hay que ser cuidadoso con la implantaci¨®n de la norma. No puedes ponerte a legislar a las bravas¡±. En el fondo habita la sensaci¨®n de que una legislaci¨®n m¨¢s ambiciosa no hubiera sido aprobada.

Pese a todo, la directiva ha generado mucha desconfianza. De ah¨ª la presi¨®n para debilitarla. ?Por qu¨¦? Los lobbys en Bruselas tienen miedo de que esta norma abra la puerta a m¨¢s regulaciones en RSC, obligue a las compa?¨ªas a asumir responsabilidades por lo que sucede en sus cadenas de suministro y aumente el gasto administrativo y de gesti¨®n. La UE calcula que implantarla costar¨¢, en conjunto, 100 millones de euros. Para una empresa que incorpore el reporte dentro de sus propios estados financieros saldr¨¢ por menos de 5.000 euros y para quien construya un informe completo y de manera independiente (auditado), el coste oscilar¨ªa entre 30.000 y 600.000 euros. Parece dif¨ªcil que la industria pueda excusarse en los precios. Es una cantidad ¨ªnfima dentro de la facturaci¨®n de una empresa con, al menos, medio millar de trabajadores.

Adem¨¢s, la oposici¨®n no es generalizada. Hay compa?¨ªas como Ikea o Unilever que han apoyado p¨²blicamente las reformas. Ambas firmaron una carta conjunta en la que aseguraban que los informes de sostenibilidad que elaboran han ¡°mejorado la transparencia y facilitado el di¨¢logo con grupos de inter¨¦s clave¡±. Pero a la vez, el sector es consciente de que perviven ¡°dinosaurios de la industria¡±, como los califica el peri¨®dico brit¨¢nico The Guardian, que han maniobrado contra la nueva legislaci¨®n. BusinessEurope ¨Cel mayor grupo lobista europeo, que incluye a la espa?ola CEOE¨C ha comentando en voz alta que la responsabilidad social corporativa solo puede ser voluntaria. Sin duda una llamada al debate.

¡°Si la RSC fuera obligatoria perder¨ªa parte de su esencia. Lo correcto es contribuir a la sociedad por el bien mismo de la empresa, sin que exista una ley que obligue a ello¡±, reflexiona Lorenzo Cooklin, director de responsabilidad social corporativa de la Mutua Madrile?a, una de las compa?¨ªas afectadas por esta directiva.

Tal vez esa ser¨ªa la idea correcta en un mundo ideal, pero no vivimos en esa arcadia, y la autorregulaci¨®n ¨Ccomo ha demostrado el sector financiero este ¨²ltimo lustro¨C tiene efectos da?inos en la sociedad. ¡°Bastantes empresas sospechosas de violaciones medioambientales o de los derechos humanos se han adherido voluntariamente a c¨®digos o est¨¢ndares, lo cual no ha garantizado un cambio sistem¨¢tico de su comportamiento. Ni tampoco ha asegurado la reparaci¨®n de las v¨ªctimas en caso de incumplimiento¡±, advierte J¨¦r?me Chaplier.

Ahora bien, ?esta desconfianza encuentra tambi¨¦n eco entre las grandes empresas espa?olas? ?c¨®mo les afectar¨¢ la normativa? Por ahora no parece que haya ni mucha preocupaci¨®n ni mucho inter¨¦s. Los gigantes nacionales se mueven entre la convicci¨®n de que ya reportan casi todo lo que les pide la nueva ley y que a¨²n tienen tiempo. Se espera que la directiva est¨¦ aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeo y transpuesta al ordenamiento jur¨ªdico de cada pa¨ªs miembro en 2016, con lo que las compa?¨ªas publicar¨¢n ¡°obligatoriamente¡± los nuevos datos en los informes de gesti¨®n de 2017. ¡°El 81% de las cien mayores firmas espa?olas ya presenta un reporte de sostenibilidad¡±, detalla Jos¨¦ Luis Blasco, socio responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de la consultora KPMG. Pero habr¨¢ cambios. ¡°Hasta el momento, las compa?¨ªas lo hac¨ªan voluntariamente. Ahora es un requerimiento y al tener valor de norma contable tendr¨¢ un grado de supervisi¨®n superior a un informe voluntario¡±, analiza Jos¨¦ Luis Blasco. En el d¨ªa a d¨ªa, a una gran multinacional, como Telef¨®nica, que reporta en Estados Unidos y en otros pa¨ªses, le costar¨¢ muy poco adaptarse a la directiva. Al igual que a otro gigante: Repsol. ¡°No nos afecta¡±, se?ala una portavoz de la petrolera. ¡°Nuestros informes de RSC son muy potentes y cada vez se ampl¨ªan m¨¢s¡±.

De hecho, si nos fijamos en la informaci¨®n que maneja la base de datos de GRI (una organizaci¨®n internacional que promueve metodolog¨ªas para elaborar memorias de sostenibilidad) veremos que m¨¢s de 190 empresas espa?olas ya registran sus informes de RSC. Y en clave nacional, la Ley de Econom¨ªa Sostenible prev¨¦ que las compa?¨ªas superiores a mil empleados comuniquen sus memorias al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE). Por lo tanto, ¡°la repercusi¨®n ser¨¢ m¨¢s cualitativa que cuantitativa. Las grandes firmas entienden el reporte no financiero como algo cotidiano¡±, resume Germ¨¢n Granda, director general de For¨¦tica, una asociaci¨®n de empresas y profesionales comprometidos con la responsabilidad social empresarial. En principio, el Gobierno incluir¨¢ la norma dentro de la Estrategia Espa?ola de RSE, y, seg¨²n confirma un t¨¦cnico del Partido Popular desde Bruselas, en su transposici¨®n al ordenamiento jur¨ªdico espa?ol ¡°solo se har¨¢ alg¨²n peque?o ajuste¡±. Tal cual llegue, tal cual se aplicar¨¢.

Debido a que esta filosof¨ªa sobre las bondades de reportar ha calado aqu¨ª, el mensaje com¨²n que transmiten los expertos espa?oles es que esta directiva influir¨¢ sobre todo en otros socios europeos que van m¨¢s retrasados que Espa?a en el universo de la RSC. Por eso asegura la Comisi¨®n que con esta norma el reporting en Europa aumentar¨¢ un 600% y adem¨¢s tendr¨¢ un efecto contagio. Quien no informe quedar¨¢ se?alado con el dedo. Lo cuenta KPMG. ¡°El debate entre reportar y no reportar est¨¢ terminado. El elevado volumen de memorias de responsabilidad corporativa que se publican indica que ya es un est¨¢ndar mundial. La pregunta importante es qu¨¦ y c¨®mo se informa¡±.

De eso trata, precisamente, la directiva aprobada. Quien mire en su interior ver¨¢ que adem¨¢s de informar de temas ambientales o de derechos humanos, entre otros, el reporting ha de incluir una descripci¨®n de sus pol¨ªticas, los resultados obtenidos y la gesti¨®n de los riesgos. Relata la norma que esas grandes empresas est¨¢n obligadas a informar de aquellos aspectos ¡°materiales¡± y ¡°relevantes¡± que afecten a su actividad. Dos palabras que dejan demasiado margen de maniobra. Aun as¨ª, Europa les indica algunos caminos y les da ciertas gu¨ªas para confeccionar los informes, como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, los Principios Rectores de los Derechos Humanos, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, la ISO 26000, la declaraci¨®n tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y el Global Reporting Initiative.

Tambi¨¦n les mira a los ojos, aunque sea tibiamente, y les dice: ¡°Si no cumples explica por qu¨¦ no lo haces¡±, incide Helena Redondo, socia de Deloitte. Esta exigencia procede ¡°del modelo dan¨¦s¡± en el que, en parte, se han basado los legisladores para dar forma a la directiva, puntualiza Ana Cabrera, experta de la consultor¨ªa Villafa?e & Asociados. En la pr¨¢ctica, a las compa?¨ªas cotizadas se les requiere que incorporen informaci¨®n sobre su pol¨ªtica de diversidad. Y aqu¨ª se incluyen aspectos relativos a edad, g¨¦nero, variaci¨®n geogr¨¢fica, nivel de formaci¨®n o profesional. Este desglose recorre todos los estamentos de la empresa y llega, incluso, al consejo de administraci¨®n.

Esta normativa, aunque diluida, responde a un mundo econ¨®mico nuevo. ¡°Antes la econom¨ªa del planeta estaba controlada por empresas cuyo principal activo era material, algo f¨ªsico: fabricaban. Ahora las compa?¨ªas m¨¢s valiosas manejan intangibles, que luego reflejan en el balance¡±, describe Tom¨¢s Pastor, director de Sostenibilidad de la consultora Ernst & Young (E&Y). ?Cu¨¢nto vale Facebook o Google? ?Qu¨¦ fabrican? Estas preguntas cambian muchas cosas. Y el mundo de las finanzas ha sido el primero en entenderlo. Un trabajo (Tomorrow¡¯s investment rules) firmado por E&Y en 2013 revela que nueve de cada diez inversores institucionales sostiene que la informaci¨®n no financiera ha desempe?ado un papel central en los ¨²ltimos 12 meses en su toma de decisiones.

Por aqu¨ª puede calar la normativa, si los inversores empiezan a exig¨ªrsela a las compa?¨ªas y si las empresas se dan cuenta de que es un elemento indispensable para que el mercado conf¨ªe en ellas. De otra forma, el laissez-faire, laissez-passer con el que llega desde Bruselas (respaldada, por cierto, en la votaci¨®n por PP y PSOE) sepultar¨¢ cualquier efecto real y la norma, simplemente, quedar¨¢ en un reporte de buenas intenciones.