Sobresalto escolar

Cuando apenas faltan poco m¨¢s de dos semanas para que comience el curso escolar, las incertidumbres se ciernen sobre la aplicaci¨®n efectiva de Ley Org¨¢nica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La ausencia de consenso parlamentario con el que ha contado esta reforma ¡ªla s¨¦ptima de la democracia y una de las m¨¢s cuestionadas¡ª hace a¨²n m¨¢s complejo el proceso de llevarla a la pr¨¢ctica. El Gobierno del PP dise?¨® una ley estatal, pero son las comunidades a quienes les toca ahora aplicarla.

De momento, los cambios no se ejecutar¨¢n durante el ejercicio 2014-2015 en la totalidad del sistema. En Educaci¨®n Primaria empezar¨¢n a implantarse en primero, tercero y quinto curso, y en los institutos se comenzar¨¢ a ofrecer la nueva Formaci¨®n Profesional B¨¢sica. El Gobierno ha escalonado el calendario consciente de la premura con la que se aprob¨® la ley y de que los curr¨ªculos que dibuja la norma necesitan tiempo para ser desarrollados por las autonom¨ªas, que al fin y al cabo tienen la competencia en materia educativa y son soberanas para fijar horarios y establecer asignaturas propias.

Pa¨ªs Vasco, Andaluc¨ªa y Catalu?a ya han reiterado que no tienen tiempo suficiente. Las dos ¨²ltimas han dado un paso m¨¢s al intentar que el Supremo paralizara la ley. Pero la justicia ha querido dar lecciones en esta materia. El alto tribunal se ha declarado incompetente para adoptar las medidas demandadas y ha rechazado la pretensi¨®n de que se suspendan cautelarmente los decretos de Primaria y FP B¨¢sica.

En su favor, la Generalitat de Catalu?a y la Junta de Andaluc¨ªa alegan que desde que se aprob¨® la ley, a finales de 2013, y el inicio del curso han pasado solo nueve meses, un periodo de adaptaci¨®n que consideran demasiado corto. Es probable que tengan raz¨®n si se compara con la reforma de 2006: las comunidades dispusieron entonces de 16 meses para trasponer la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE).

Puede entenderse que sus respectivos Gobiernos no est¨¦n dispuestos a tramitar los decretos auton¨®micos atropelladamente, pero conviene que ofrezcan explicaciones s¨®lidas y convincentes para que no sean acusadas de insumisi¨®n. Incluso aunque la ley Wert no les guste y la hayan recurrido ante el Constitucional. Solo cuando la educaci¨®n sea vista como un asunto de Estado se conseguir¨¢ que la apertura de curso no llegue con sobresaltos.