P¨¦simo final

El pulso entre fiscales de Catalu?a y la c¨²pula del ministerio p¨²blico se salda, por el momento, con una victoria del jefe de todos ellos, Eduardo Torres-Dulce, que logra imponer su autoridad sin ofrecer la sensaci¨®n de haberse rendido a las presiones del Gobierno, dado su control sobre los tiempos. Lo indiscutible es que se ha producido una crisis con muy pocos precedentes en el seno del ministerio p¨²blico y que las instituciones, que no est¨¢n sobradas de prestigio como para permitirse m¨¢s sacudidas, han sufrido estos d¨ªas un impacto muy negativo.

Ya advertimos en su d¨ªa contra la inconveniencia de volver a usar el Tribunal Constitucional para frenar un suced¨¢neo de refer¨¦ndum que bien podr¨ªa haber sido tratado m¨¢s pol¨ªticamente en el marco del ejercicio de la libertad de expresi¨®n, como lleg¨® a sugerir el propio Gobierno. El error ha desembocado ahora en esta querella que conduce la crisis catalana a un callej¨®n a¨²n m¨¢s estrecho.

Lo sucedido evidencia tambi¨¦n la distancia con que se ven las cosas en Catalu?a y en el resto de Espa?a, incluso en una cuesti¨®n aparentemente t¨¦cnica, como es apreciar si existen indicios de delito en la actuaci¨®n de las autoridades catalanas. Donde algunos fiscales de Catalu?a observan dificultades para acusar al presidente de la Generalitat ¡ªas¨ª como a la vicepresidenta, Joana Ortega, y a la consejera de Educaci¨®n, Irene Rigau¡ª, otros fiscales, en n¨²mero mucho mayor, encuentran razones para respaldar la querella. Es casi imposible disociar esas diferencias de las presiones o en¨¦rgicas sugerencias de las respectivas autoridades pol¨ªticas.

Llevar el choque al terreno jur¨ªdico no anula toda posibilidad de di¨¢logo pol¨ªtico, pero lo reduce al m¨ªnimo. Le viene bien a Artur Mas para presentarse como el perjudicado y construir la peana pol¨ªtica sobre la que erigirse en campe¨®n del soberanismo. Tan claro es esto que ERC no tard¨® un minuto en describir la querella como una agresi¨®n a ¡°un pueblo entero¡±, tratando de restar protagonismo personal al president.

A su vez, el Partido Popular se ve tentado de sacar partido de esta situaci¨®n uniendo la defensa de la Constituci¨®n con la soberan¨ªa del conjunto de los espa?oles, para forzar as¨ª el cierre de filas en torno al tema de la unidad y la integridad nacional.

Esa estrategia polarizadora conlleva da?os colaterales para el PSOE, que plantea una reforma constitucional destinada no solo a resolver el problema catal¨¢n, pero influida por la necesidad de encauzar las reivindicaciones de aquellos catalanes que, sin ser independentistas, tampoco aceptan el statu quo. La renuencia del PP a abordarlo aumenta el peligro del radicalismo preelectoral, azuzado por una querella que puede actuar como catalizador de malestares.

Prever el recorrido judicial de la iniciativa resulta dif¨ªcil. Lo significativo es que prospera la idea de convertirla en la respuesta al 9-N, que el presidente del Gobierno hab¨ªa asegurado que no iba a celebrarse. Se ignoran las razones en las que Rajoy basaba esa convicci¨®n, pero el caso es que hubo votaciones, aunque no fueron legales. El presidente de la Generalitat asumi¨® altivamente la responsabilidad de haberlo organizado y, por as¨ª decir, el ¨¦xito de haber enga?ado al Estado. Y el Gobierno ha preferido la torpeza de empapelarle antes que pasar por la humillaci¨®n de una consulta celebrada sin las m¨ªnimas garant¨ªas legales, pero con suficiente repercusi¨®n como para medir la existencia de una fuerte minor¨ªa independentista y del aprovechamiento pol¨ªtico de todo lo que suena a utilizaci¨®n de los instrumentos del Estado.

En definitiva, un desastre. Lo que hace un a?o se limitaba al enfrentamiento entre la Generalitat de Catalu?a y el Gobierno estatal implica ya al Tribunal Constitucional y al ministerio p¨²blico. El di¨¢logo pol¨ªtico sigue siendo igual de necesario, pero los obst¨¢culos han crecido.