El sue?o de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta. Foto Radio Jambo.

En la 24? cumbre de la Uni¨®n Africana (UA) , celebrada en Ad¨ªs Abeba el 30 y 31 de enero pasado, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, intent¨® acelerar la creaci¨®n de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos (CAJDH), en lo que parece un paso m¨¢s de su campa?a contra la Corte Penal Internacional (CPI) y la creaci¨®n de un sistema de justicia totalmente africano que juzgue los casos que tengan que ver con el continente.

En 2004, los l¨ªderes africanos decidieron que la llamada Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, creada en 1998, se fusionase con la Corte de Justicia de la Uni¨®n Africana, establecida en 2003, para crear la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos, tambi¨¦n conocida como la Corte Africana. El organismo resultante ser¨ªa un tribunal regional, semejante al que existe en otros continentes (como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos), que algunos dirigentes africanos quieren utilizar para contrarrestar el poder de la CPI, o lo que ellos llaman la injerencia de este tribunal en los asuntos africanos. En repetidas ocasiones, los 54 pa¨ªses miembros de la UA han acusado a la CPI de perseguir pr¨¢cticamente solo casos africanos. Es por esta raz¨®n que peri¨®dicamente, algunos l¨ªderes del continente piden la retirada en bloque de los 34 pa¨ªses africanos que son miembro de la CPI.

La ¨²ltima vez que o¨ªmos esta petici¨®n fue el pasado mes de diciembre tras el anuncio hecho por la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, de que se suspend¨ªa la causa sobre el genocidio de Darfur, en la que est¨¢n imputados el presidente de Sud¨¢n, Omar al-Bashir, y varios altos cargos de su gobierno, debido a la falta de cooperaci¨®n por parte de la comunidad internacional. Noticia que se conoc¨ªa pocos d¨ªas despu¨¦s de que la misma fiscal se viera forzada a retirar los cargos por cr¨ªmenes contra la humanidad que pesaban contra el presidente de Kenia. En esa ocasi¨®n, la se?ora Bensouda acus¨® al gobierno de Nairobi de intimidar a los testigos del caso, que se negaban a dar testimonio, lo cual hac¨ªa imposible que se pudieran probar las alegaciones.

Tambi¨¦n el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, ha sido una de las voces que, en diferentes ocasiones y de forma bastante contundente, se ha manifestado contra la CPI; posiblemente porque tambi¨¦n se considera v¨ªctima de una persecuci¨®n por parte de esta. En varias ocasiones, Naciones Unidas se ha visto presionada para enviar el caso del presidente zimbabuense ante el tribunal por los cr¨ªmenes contra la humanidad que se le imputan. En esta ¨²ltima cumbre de la UA, Robert Mugabe ha sido elegido presidente del organismo y una de sus primeras declaraciones ha tenido que ver con este tema, diciendo que la propuesta de que los pa¨ªses africanos se retiraren de la CPI debe estar en la agenda de la pr¨®xima reuni¨®n de la UA que tendr¨¢ lugar en junio en Sud¨¢frica.

As¨ª ve¨ªa Gado la discusi¨®n sobre la Corte Africana el pasado 31 de enero.

El estatuto de la CAJDH, adoptado en 2008, establece que la Corte estar¨¢ compuesta de dos secciones: una dedicada a asuntos generales y la otra a los derechos humanos. Este documento fue enmendado en 2014, en el llamado Protocolo de Malabo, para garantizar la inmunidad de los dirigentes continentales frente a este tribunal.

Si los l¨ªderes africanos no pueden ser juzgados por la CAJDH, todav¨ªa lo pueden ser por la CPI, siempre y cuando sus pa¨ªses no se retiren de la misma. De ah¨ª, la urgencia, que se?al¨¢bamos anteriormente, de algunos gobernantes para que esto se produzca lo antes posible y que no se facilite que las dos instituciones pudieran operar paralelamente.

Pero parece que este instrumento de justicia para ?frica no cuenta con el benepl¨¢cito de todos los pa¨ªses del continente por lo que no termina de establecerse, para lo cual necesita que 15 estados ratifiquen el estatuto y, a d¨ªa de hoy, solo 11 lo han hecho.

Otras dudas que surgen con respecto a la Corte Africana tienen que ver con su complejidad y lo amplio de su misi¨®n; como puede ser el hecho de que su jurisdicci¨®n se extiende a 14 tipos diferentes de cr¨ªmenes (entre los que se encuentra el tr¨¢fico de seres humanos, la pirater¨ªa o el terrorismo), mientras que la CPI solo tiene tres: cr¨ªmenes de guerra, contra la humanidad y genocidio. Adem¨¢s, todav¨ªa no ha entrado en funcionamiento la CAJDH y ya hay propuestas para incluir nuevos delitos entre sus competencias, como podr¨ªa ser el derrocamiento anticonstitucional de un gobierno.

Otro de los temas que no est¨¢n todav¨ªa claros es el referente a determinar qui¨¦n financiara el tribunal y c¨®mo. En la actualidad, la Uni¨®n Africana solo aporta el 28 % de su presupuesto anual. El resto procede de donaciones de la Uni¨®n Europea, los Estados Unidos, el Banco Mundial, China y Turqu¨ªa.

Curiosamente, con la idea de contrarrestar este punto, una de las discusiones que se propusieron en la ¨²ltima cumbre de la UA fue la de c¨®mo reducir la dependencia del exterior. Con este fin, los l¨ªderes africanos han establecido un plan que se basa en la creaci¨®n de nuevos impuestos como puede ser una tasa de dos d¨®lares por noche de hotel, diez en los billetes de avi¨®n para vuelos con destino o procedentes de ?frica¡­ Estas propuestas, dejadas a la libertad de cada pa¨ªs, no son nuevas, ya se plantearon hace algunos a?os aunque sin encontrar el apoyo necesario para su puesta en marcha ya que algunos miembros pensaban que reca¨ªan injustamente sobre el turismo mientras que grandes industrias mineras o petroleras quedaban al margen.

Estando as¨ª las cosas, la pregunta es de d¨®nde saldr¨¢ el dinero para cubrir el presupuesto de la CAJDH. En la actualidad la Corte Africana de Derechos Humanos y los Pueblos tiene asignados siete millones de euros al a?o, que son a todos luces insuficientes (el presupuesto anual de la CIP es de 126 millones y est¨¢ demostr¨¢ndose demasiado pobre). El presidente keniano, en su discurso prometi¨® la donaci¨®n un mill¨®n de d¨®lares para la puesta en marcha de la Corte, pero ning¨²n otro pa¨ªs ha hecho oferta semejante, tampoco este dinero garantiza el funcionamiento ordinario de la instituci¨®n.

Por todos estos datos, se piensa que, a pesar del empe?o de algunos dirigentes africanos, no tanto por acercar la justicia a sus ciudadanos, sino m¨¢s bien por intereses que podr¨ªamos tildar de personales, la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos est¨¢ muy lejos de ser una realidad.