El Salvador y ¡®Las 17¡¯
La pesadilla de las mujeres que siguen injustamente encarceladas por haber sufrido un aborto espont¨¢neo, debe terminar ya
El mes pasado, en El Salvador, una joven quedaba en libertad tras pasar casi 10 a?os en prisi¨®n. Carmen Guadalupe V¨¢squez Aldana s¨®lo ten¨ªa 18 a?os cuando fue condenada a cumplir 30 a?os de c¨¢rcel en 2008. ?Su delito? Haber sufrido un aborto espont¨¢neo.
La legislaci¨®n sobre el aborto de El Salvador est¨¢ entre las m¨¢s draconianas del mundo. Penaliza el aborto en todos los supuestos, incluso cuando peligra la vida o la salud de la embarazada y en los casos de violaci¨®n. Mujeres y ni?as no pueden acceder al aborto ni siquiera cuando la continuaci¨®n del embarazo comporta riesgo para su vida o cuando el feto no es viable.
Las consecuencias para las embarazadas que desaf¨ªan la ley e intentan acceder a un aborto clandestino e inseguro pueden ser terribles: la Organizaci¨®n Mundial de la Salud inform¨® en 2008 de que el 9% de las muertes maternas en Centroam¨¦rica se deben a estas pr¨¢cticas.
En general, las salvadore?as con mayor nivel adquisitivo pagan servicios privados o viajan al extranjero para recibir asistencia m¨¦dica adecuada. Lo habitual es que las v¨ªctimas de la ley sean pacientes de los dispensarios p¨²blicos del pa¨ªs, cuyo personal m¨¦dico, por temor a ser procesado, llama a la polic¨ªa cuando una mujer llega con dolores.
Eso fue lo que le pas¨® a V¨¢squez, cuyo abogado, Dennis Mu?oz, ha calificado la pol¨ªtica sobre el aborto de ¡°caza de brujas contra las mujeres pobres¡±.
El Salvador es un pa¨ªs sumamente conservador, donde la influencia de la iglesia cat¨®lica se extiende a la toma de decisiones pol¨ªticas. En la d¨¦cada de 1990, en los inestables a?os de reconstrucci¨®n del pa¨ªs tras un decenio de guerra civil, la iglesia dirigi¨® una campa?a que tuvo como consecuencia la prohibici¨®n absoluta en 1998.
Actualmente, el poder eclesi¨¢stico act¨²a junto a un grupo de presi¨®n bien financiado y relacionado que hace campa?a contra el derecho al aborto y a una prensa a la que le falta tiempo para calificar de delincuentes a mujeres que han sufrido abortos espont¨¢neos. Los escasos pol¨ªticos que han criticado la prohibici¨®n han sufrido una reacci¨®n adversa de la opini¨®n p¨²blica.
V¨¢squez se qued¨® embarazada debido a una violaci¨®n. Al sufrir un aborto espont¨¢neo y ser ingresada en un hospital de San Salvador, la capital, sus m¨¦dicos la acusaron de haber puesto fin al embarazo intencionadamente. A pesar de las endebles pruebas en su contra, fue declarada culpable de homicidio agravado y condenada a prisi¨®n.
Su caso dista de ser aislado. Seg¨²n la Agrupaci¨®n Ciudadana por la Despenalizaci¨®n del Aborto, grupo de defensa radicado en El Salvador, 129 mujeres fueron procesadas en el pa¨ªs entre 2000 y 2011 por delitos relacionados con la interrupci¨®n del embarazo. De ellas, 23 fueron declaradas culpables de someterse a una intervenci¨®n ilegal y 26 de homicidio.
En los 90, la iglesia dirigi¨® una campa?a en El Salvador que tuvo como consecuencia la prohibici¨®n del aborto
V¨¢squez es una de las 17 mujeres ¡ªconocidas como Las 17¡ª que fueron condenadas entre 1999 y 2011 a penas de hasta 40 a?os de prisi¨®n tras sufrir un aborto espont¨¢neo, la mayor¨ªa por el cargo de homicidio agravado. Aunque no hay datos estad¨ªsticos oficiales disponibles, Amnist¨ªa Internacional calcula que al menos cinco mujeres m¨¢s se encuentran actualmente en espera de sentencia por cargos parecidos relacionados con el embarazo.
En abril, Las 17 pasaron a ocupar el centro de una campa?a global cuando, tras a?os de esfuerzo y una vez agotadas todas las dem¨¢s v¨ªas legales, sus abogados solicitaron el indulto presidencial. El a?o pasado visit¨¦ la c¨¢rcel de Ilopango, centro penitenciario para mujeres en el extrarradio de San Salvador donde est¨¢n encarceladas la mayor¨ªa de ellas, incluida la Srta. V¨¢squez.
Como es caracter¨ªstico de las c¨¢rceles del pa¨ªs, Ilopango es un lugar miserable y atestado: la superpoblaci¨®n, seg¨²n algunos c¨¢lculos, es de casi el 1.000 %. Alrededor de 40 mujeres duermen en una celda; un guardia de la prisi¨®n me cont¨® que all¨ª viven m¨¢s de 100 ni?os de menos de cinco a?os con sus madres.
En enero, la Asamblea Legislativa de El Salvador concedi¨® el indulto a V¨¢squez bas¨¢ndose en que se hab¨ªa vulnerado el debido proceso en su juicio original. En los pr¨®ximos meses se presentar¨¢n otros casos. Aunque la victoria resulta alentadora, muchos prev¨¦n una reacci¨®n negativa de la Asamblea. Aunque El Salvador no ha hecho ninguna declaraci¨®n oficial, se ha insinuado a Amnist¨ªa Internacional que no se conceder¨¢n m¨¢s indultos.
La Agrupaci¨®n Ciudadana por la Despenalizaci¨®n del Aborto y activistas como Morena Herrera, quien, junto a Colectiva Feminista ¨Corganizaci¨®n con sede en El Salvador¨C lleva a?os luchando contra la prohibici¨®n del aborto, est¨¢n estudiando posibles v¨ªas legales para que sean liberadas las dem¨¢s mujeres del grupo de Las 17 si sus peticiones de indulto son rechazadas.
Una posibilidad ser¨ªa elevar sus casos a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Amnist¨ªa Internacional presentar¨¢ en breve una petici¨®n con m¨¢s de 200.000 firmas al presidente, Salvador S¨¢nchez Cer¨¦n, para pedirle que revoque la legislaci¨®n sobre el aborto. Otros cinco pa¨ªses de Latinoam¨¦rica establecen parecidas prohibiciones sobre la interrupci¨®n del embarazo: Chile, Hait¨ª, Honduras, Nicaragua y Surinam.
Chile est¨¢ tomando medidas para reformar su legislaci¨®n: en enero, la presidenta Michelle Bachelet present¨® ante el Congreso un proyecto de ley que autorizar¨ªa el aborto si existe riesgo para la vida de la embarazada, cuando el feto no va a sobrevivir o en los casos de violaci¨®n. Si se aprueba, se habr¨¢ revocado la prohibici¨®n total, en vigor desde 1989. Y, en diciembre, la Rep¨²blica Dominicana despenaliz¨® esta pr¨¢ctica en los supuestos de violaci¨®n, incesto, anomal¨ªas del feto y peligro para la vida de la madre.
Es de esperar que estas medidas ejerzan presi¨®n sobre los legisladores salvadore?os para que reconsideren y rectifiquen la represiva prohibici¨®n en su pa¨ªs.
La exoneraci¨®n de V¨¢squez es un triunfo en la prolongada lucha por los derechos de las mujeres en Latinoam¨¦rica, pero a¨²n queda mucho por hacer. El Salvador debe poner fin a la abusiva pr¨¢ctica de penalizar las decisiones y la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y poner en libertad a aquellas de Las 17 que permanecen injustamente encarceladas por haber sufrido un aborto espont¨¢neo. Su pesadilla debe terminar cuanto antes.
Erika Guevara Rosas dirige el Programa de Amnist¨ªa Internacional para Am¨¦rica.
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