La salud reproductiva retrocede en Per¨²

M¨¢s informaci¨®n

¡°Un cat¨®lico no puede dar su voto a un candidato que apoye el aborto¡±

Tozudez que cuesta vidas

La Iglesia pide derogar la norma de aborto terap¨¦utico en Per¨²

El Congreso peruano debate legalizar el aborto y la eutanasia

Si un medicamento incumple la ley, ?se deja de ofrecer en el sistema de salud p¨²blico pero se mantiene en el privado? Esa es la parad¨®jica situaci¨®n legal que viven las p¨ªldoras anticonceptivas de emergencia en Per¨² desde 2009: se prohibi¨® su dispensaci¨®n gratuita en los centros del Ministerio de Salud pero no se toc¨® su acceso por v¨ªa privada.

El motivo, seg¨²n una sentencia del Tribunal Constitucional de ese a?o, es considerar como abortiva la conocida como p¨ªldora del d¨ªa despu¨¦s, cuando la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en Per¨² es ilegal a menos que la salud de la madre corra peligro. A este respecto, la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS) ha dejado claro que no se puede considerar abortivo este m¨¦todo, algo que tambi¨¦n se?ala el propio Ministerio de Salud peruano. No obstante, de ser as¨ª la p¨ªldora incumplir¨ªa la ley pero, en lugar de prohibirla, simplemente se retira de los centros p¨²blicos, a los que acuden los peruanos con menos recursos. Para Susana Ch¨¢vez, directora del Centro de Promoci¨®n y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) se trata de una "profunda discriminaci¨®n que solamente la tengan disponible las personas que puedan pagar y no las que dependen de los servicios p¨²blicos, que son las personas m¨¢s pobres".

Por eso, Promsex, as¨ª como otras organizaciones que luchan por los derechos de la mujer, han demandado al Estado peruano ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia se basa en el caso de Mar¨ªa, una adolescente de Hu¨¢nuco, una provincia del interior del pa¨ªs, que fue violada e intent¨® conseguir sin ¨¦xito la anticoncepci¨®n de emergencia en su centro de salud.

Los hechos sucedieron en marzo de 2014, cuando Mar¨ªa ten¨ªa 19 a?os y fue asaltada por varios hombres, entre los que se encontraba un compa?ero de la escuela. Le obligaron a respirar un l¨ªquido que la durmi¨®, despert¨¢ndose horas despu¨¦s en un parque, desorientada y con un dolor intenso en su zona genital. Sus padres la llevaron al hospital, donde le recetaron la pastilla sin darle ninguna indicaci¨®n adicional. Como en el centro no le dispensaron el medicamento, iniciaron un periplo por varias farmacias hasta que pudieron comprarlo en una de ellas. No obstante, al no recibir informaci¨®n alguna sobre el producto, Mar¨ªa lo tom¨® de forma inadecuada: se trataba de dos p¨ªldoras (Levonorgestrel) que deb¨ªa tomar con una separaci¨®n temporal de 12 horas, pero lo hizo a la vez. Solo por fortuna fue que la adolescente no quedara embarazada.

Una sentencia de ida y vuelta

En 2001, se aprob¨® en Per¨² la dispensaci¨®n de la anticoncepci¨®n oral de emergencia en centros p¨²blicos de salud, medida que tuvo grandes dificultades para ponerse en pr¨¢ctica por problemas de suministro derivados del escaso presupuesto dedicado al proyecto. Esto llev¨® a varias organizaciones, entre ellas Promsex, a acudir al Tribunal Constitucional para garantizar el abastecimiento de anticonceptivos en centros de salud. La instituci¨®n les dio la raz¨®n en 2006, pero un recurso de amparo procedente de la ONG cat¨®lica Acci¨®n de Lucha Anticorrupci¨®n Sin Componenda dio la vuelta al resultado: lo que hab¨ªa nacido como un intento de garantizar el acceso a la anticoncepci¨®n de emergencia se convirti¨® en el candado... Al menos para los menos favorecidos.

El de Mar¨ªa no es un caso aislado. ¡°Per¨² ocupa el primer lugar en Am¨¦rica del Sur en tasa de denuncia de violaciones¡±, afirma Ch¨¢vez, ¡°pero solo se denuncia entre el 2,2% y el 5%¡±. Adem¨¢s, de los violadores ¡°solamente la mitad han sido identificados y procesados, y solo la mitad de ¨¦stos est¨¢n pagando alg¨²n tipo de condena¡±.

El nuevo C¨®digo Penal sancionar¨¢ el aborto espont¨¢neo

Las regiones m¨¢s vulnerables son las del interior del pa¨ªs, como Hu¨¢nuco. Dada la alta cantidad de denuncias por violaci¨®n en la zona (solo en 2012 hubo m¨¢s de 1.300 casos), una ONG, Paz y Esperanza, ayud¨® a organizarse a 84 madres de adolescentes v¨ªctimas de violaci¨®n que no han encontrado justicia. Junto a Promsex y otras organizaciones, acudieron al Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar la idoneidad de los jueces que liberaban m¨¢s violadores o dictaban menores penas, entre ellos el presidente de la Corte Superior de Hu¨¢nuco, Jorge Pic¨®n. Una de las pruebas que admit¨ªa Pic¨®n para considerar la veracidad de la denuncia era que un m¨¦dico manipulara el pene del presunto violador. ¡°Como no ten¨ªa erecci¨®n, lo declaraba impotente y bajo esta prueba la gente sal¨ªa liberada¡±, explica indignada la directora de Promsex, que fue denunciada por difamaci¨®n por Pic¨®n, pidiendo un mill¨®n de d¨®lares como reparaci¨®n, ¡°pero el caso fue archivado y nosotros liberados¡±.

Restricciones en el aborto

El caso de la anticoncepci¨®n oral de emergencia es revelador del momento convulso que vive la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Per¨²: existe una tensi¨®n generada entre las propuestas progresistas y la presi¨®n de movimientos conservadores, bien dentro de las estructuras del Estado o en forma de lobbies.

El aborto es el principal protagonista de estas tensiones. El Comit¨¦ de las Naciones Unidas para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n de la Mujer ya expres¨® su preocupaci¨®n por las restricciones y dificultades para acceder a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en condiciones seguras. Es legal hacerlo cuando la salud de la mujer est¨¦ en peligro, pero solo desde 2014 existe un protocolo que estandarice su procedimiento en el sistema p¨²blico de salud, y en este tiempo ¨²nicamente se han registrado 24 casos. ¡°Hay muy pocos hospitales que est¨¦n aplicando el protocolo¡±, sostiene Enrique Guevara, director m¨¦dico del Instituto Nacional Materno Perinatal. ¡°Si lo aplican, lo hacen con mucho temor, porque tambi¨¦n hay muchas presiones de la Iglesia¡±.

Guevara explica adem¨¢s que no hay pol¨ªticas p¨²blicas "que promuevan que las mujeres tengan informaci¨®n suficiente sobre el aborto terap¨¦utico", algo con lo que coincide Jennifer Villodas, psic¨®loga de Demus, otra de las organizaciones que han demandado al Estado peruano ante la CIDH. ¡°Hay m¨¦dicos y familias que no saben que es legal¡±, afirma, apuntado a los temores de los profesionales sanitarios a aplicarlo porque ¡°hay una especie de escrutinio de la decisi¨®n que ha tomado y por qu¨¦ se lo ha nombrado terap¨¦utico¡±. ¡°Si los m¨¦dicos no logran reconocer el aborto terap¨¦utico, no informan a la poblaci¨®n¡±, concluye.

Es discriminatorio que solo accedan a la anticoncepci¨®n oral de emergencia las personas que la pueden pagar?

Susana Ch¨¢vez, directora de Promsex

El pa¨ªs vivi¨® unas elecciones generales el pasado abril. El nuevo Congreso, de mayor¨ªa conservadora, tendr¨¢ entre sus primeras misiones la elaboraci¨®n del nuevo C¨®digo Penal, que comenz¨® a debatirse a finales la pasada legislatura. Las discusiones sobre la norma vienen acompa?adas de pol¨¦mica ya que sigue penando el aborto tras una violaci¨®n, si bien se elimina la condena a tres meses de prisi¨®n vigente ¡ªque en la pr¨¢ctica supon¨ªa que la mujer no entraba en la c¨¢rcel¡ª y se sustituye por 50 d¨ªas de trabajos comunitarios, misma pena que recibir¨¢ la mujer que sufre un aborto imprudente o espont¨¢neo, nueva figura que no aparece en el c¨®digo actual.

Desde Promsex consideran que el mantenimiento del aborto por violaci¨®n en el C¨®digo Penal y la inclusi¨®n del imprudente ¡°sigue dirigiendo a las mujeres a operaciones clandestinas, en condiciones lamentables, dej¨¢ndolas a borde de la muerte y en algunos casos arroj¨¢ndolas a morir¡±, en palabras de Brenda ?lvarez, abogada de la organizaci¨®n. ¡°Que el aborto sea parte del C¨®digo Penal implica que las mujeres no pueden acceder a estos servicios de manera segura y gratuita. Aun cuando algunos congresistas consideren que reducir la pena a trabajo comunitario es positivo, una pena simb¨®lica, el efecto que tiene es que las mujeres sigan muriendo por aborto inseguro¡±.

El embarazo adolescente dispara las alarmas

Las tensiones sobre la salud reproductiva de las peruanas dejan otros resultados dispares, como que mientras las tasas de mortalidad materna se han ido reduciendo en lo que va del siglo XXI, el embarazo adolescente ha crecido: seg¨²n la ¨²ltima Encuesta Demogr¨¢fica y de Salud Familiar, en 2014 el 14,9% de las mujeres entre 15 y 19 a?os era madre o estaba en gestaci¨®n, un aumento de un 1,6% respecto a principios del siglo. En zonas urbanas est¨¢ subiendo el n¨²mero de adolescentes embarazadas, mientras que en el interior, a pesar de que se ha reducido, sigue teniendo unos niveles alt¨ªsimos: en Hu¨¢nuco, provincia donde vive Mar¨ªa, es del 17,7%; en las regiones selv¨¢ticas llega a superar el 30% y est¨¢ ligado en una buena parte de las ocasiones a la trata y la violencia sexual.

El embarazo adolescente ha aumentado un 1,6% desde principios de siglo

El Comit¨¦ de las Naciones Unidas para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n de la Mujer tambi¨¦n ha alertado de la elevada tasa de embarazos en adolescentes en el pa¨ªs sudamericano, ya que son un obst¨¢culo fundamental para salir de la pobreza y empoderar a la mujer, transmitiendo la miseria entre generaciones. Entre otras cosas, por la alta tasa de abandono escolar: en nueve de cada diez casos la adolescente deja los estudios. Las j¨®venes que son madres han estudiado durante un promedio de siete a?os, mientras las que no lo son lo hacen durante 12, una brecha demasiado alta seg¨²n el informe de la Plataforma de Acci¨®n Beijing +20, que eval¨²a los resultados en las recomendaciones a los pa¨ªses surgidas de la conferencia de las Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995 en la capital china.

¡°Hay un profundo descuido de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes¡±, considera la directora de Promsex, Susana Ch¨¢vez. ¡°El embarazo es uno de los indicadores m¨¢s claros de la ausencia de educaci¨®n sexual¡±. En los ¨²ltimos a?os se ha aprobado la educaci¨®n sexual integral en la educaci¨®n b¨¢sica, pero el informe Beijing +20 advierte de que su implantaci¨®n a nivel nacional no est¨¢ siendo efectiva. Adem¨¢s, solo el 40% de los establecimientos sanitarios tienen servicios de salud sexual y reproductiva espec¨ªficos para adolescentes, y el acceso a los mismos depende, por ley, del consentimiento paterno, lo que ¡°constituye una restricci¨®n a sus derechos humanos y los inhibe de acudir a los establecimientos de salud para solicitar informaci¨®n y atenci¨®n de infecciones de transmisi¨®n sexual¡±.

Hay m¨¦dicos y familias que no saben que el aborto terap¨¦utico es legal

Jennifer Villodas, psic¨®loga de Demus

Ch¨¢vez cree que el acceso a la salud reproductiva en Per¨² ha empeorado en estos ¨²ltimos a?os por una grave disparidad entre j¨®venes y adultas. ¡°Hemos mejorado los m¨¦todos anticonceptivos para mujeres adultas, el n¨²mero de muertes maternas en adultas, etc.¡±, explica, ¡°pero cuando estas cifras las llevas a las adolescentes, donde los grupos religiosos hacen lobby, no hemos logrado reducir los indicadores¡±.

As¨ª, advierte de que el Ministerio de Justicia "est¨¢ tomado por los grupos antiderechos y lo tenemos como uno de los principales obstructores¡± para el avance en la salud reproductiva de las mujeres. ¡°Por m¨¢s que tengamos una ministra de la Mujer y un ministro de Salud progresistas, estos se enfrentan a un Ministerio de Justicia absolutamente obstruccionista¡±, recalca. ¡°Este es el ministerio que nos obliga a denunciar ante la CIDH¡±.