El 15-M de Malawi es por la tierra

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Casi 1.400 personas acampan frente a la sede de la delegaci¨®n del Gobierno. Y solo abandonan el lugar 18 d¨ªas despu¨¦s, cuando consiguen su objetivo: que la jefa local sea suspendida e investigada por supuesta corrupci¨®n. La movilizaci¨®n ¡ªsin precedentes en el pa¨ªs¡ª la protagonizan peque?os agricultores de aldeas del centro de Malawi, un peque?o (para los est¨¢ndares del continente) Estado del sudeste de ?frica que aparece a la cola de casi todos los indicadores de desarrollo. Los concentrados defienden sus derechos sobre las tierras de las que viven ¡ªque les iban a ser expropiadas¡ª o al menos transparencia en el proceso, y una compensaci¨®n.

"Las cosas han cambiado. Ahora sentimos que podemos tomar parte en las decisiones". Muhammad Chingomanje, de 36 a?os, sonr¨ªe t¨ªmidamente, como los buenos estudiantes, rodeado de sus vecinos bajo la sombra de un manduro, un ¨¢rbol tambi¨¦n conocido en ingl¨¦s como torchwood (literalmente, madera para antorchas) por sus cualidades para prender. Bajo ese mismo ¨¢rbol prendi¨® la mecha que llev¨® a los vecinos de Ndembo y otras aldeas bajo la autoridad tradicional de Kuluunda, en el centro de Malawi, a rebelarse para defender sus derechos sobre el terreno que cultivan.

En este pa¨ªs de unos 17 millones de habitantes, el 89% de la poblaci¨®n depende directamente de la agricultura para subsistir. Chingomanje y todos sus vecinos en esta zona rural a apenas cinco kil¨®metros del enorme lago Malawi viven del cultivo de productos como el arroz o la yuca. Como la mitad de los hogares rurales del pa¨ªs, trabajan trozos de tierra de menos de una hect¨¢rea que no son suyos. El derecho a utilizarlos ¡ªque no la propiedad¡ª se lo otorga, de acuerdo con la costumbre, la autoridad tradicional a trav¨¦s del jefe del pueblo.

Sin apenas legislaci¨®n sobre la propiedad y tenencia de la tierra (la vigente, como tantas regulaciones agr¨ªcolas en el pa¨ªs, data de los sesenta), los derechos de los peque?os agricultores malau¨ªs quedaban desprotegidos y en manos de los l¨ªderes locales. Desde hace 18 a?os ha habido distintos intentos de establecer una normativa clara, con registros de la propiedad y tribunales donde ejercer los derechos. El ¨²ltimo intento culmin¨® con un paquete de 11 leyes que se aprob¨® en 2013, pero la entonces presidenta Joyce Banda no dio el visto bueno presidencial ante las protestas de los jefes tradicionales y las reservas de otros colectivos, como los que defienden la igualdad de g¨¦nero en el acceso a la tierra.

Porque "mujeres y hu¨¦rfanos son los m¨¢s vulnerables" ante los abusos, se?ala Fletcher Simwaka, miembro de la ONG local CHRR y responsable de un proyecto impulsado por la Organizaci¨®n de Naciones Unidas para la Alimentaci¨®n y la Agricultura (FAO) para formar a los agricultores y pescadores malau¨ªs en sus derechos y la forma de hacerlos valer.

En los ¨²ltimos a?os, como ocurre en otros pa¨ªses de la regi¨®n, se han producido casos de "apropiaci¨®n de terrenos" por parte de grandes inversores sin que quienes los trabajaban recibieran compensaci¨®n alguna ni pudieran acceder a la justicia, tal y como se?ala un informe de la Coalici¨®n Internacional de Tierras (ILC), una alianza de ONG y agencias intergubernamentales. Algo as¨ª iba a ocurrir en Kuluunda, una comunidad de pueblos de unas 19.000 personas en la que se iban a expropiar casi 3.500 hect¨¢reas dentro del programa del Cintur¨®n Verde (Green Belt Initiative).

Para un pa¨ªs continuamente azotado por la sequ¨ªa, el plan ¡ªlanzado en 2009¡ª consiste en ofrecer tierras en un radio de 20 kil¨®metros desde los tres lagos y 13 r¨ªos del pa¨ªs a inversores (locales y extranjeros) que se comprometan a montar sistemas de regad¨ªo. "Son las tierras en las que trabajaban nuestros padres y abuelos. All¨ª cultivamos, obtenemos materiales para construir nuestras casas y madera para cocinar", explica Chingomanje.

Los habitantes de la zona empezaron a escuchar la historia de boca de algunos de los jefes menores, sometidos al mando de Bibi Kuluunda, la autoridad tradicional. "Somos gente corriente, al principio no sab¨ªamos qu¨¦ pasaba". Pero los talleres y cursos sobre sus derechos hab¨ªan dado forma a grupos vecinales como el de Ndembo, que empezaron a hacerse preguntas. En principio, las tierras iban a ir a parar a una empresa de frutas y zumos, que compensar¨ªa por su obtenci¨®n.

"Pero solo se reun¨ªan con los jefes, y los dem¨¢s no nos enter¨¢bamos de lo que iban acordando", se queja Chingomanje. Cuando supieron que algunos jefes ten¨ªan recibos por valor de 150.000 kwachas (unos 192 euros), decidieron tomar medidas. Grupos como el suyo pidieron ayuda a los formadores como Fletcher Simwaka, que les aconsejaron organizarse y sugerir a los l¨ªderes locales que no aceptaran ning¨²n dinero. Algunos les hicieron caso. Otros no.

La necesidad de informaci¨®n y apoyo es grande. "Agricultores como los de Kuluunda no ten¨ªan medios para afrontar el problema, ni tampoco para contratar a un abogado", explica Simwaka. En casos m¨¢s extremos de beneficiarios de estos programas, la queja es que ni siquiera ten¨ªan acceso a las leyes para consultarlas o que jam¨¢s hab¨ªan visto un ejemplar de la Constituci¨®n del pa¨ªs. Pero la formaci¨®n sobre sus derechos, el apoyo legal y las reuniones bajo el manduro dieron sus frutos. Tras obtener un mandamiento judicial a su favor en enero, el 15 de febrero celebraron una primera manifestaci¨®n de protesta, exigiendo transparencia.

En los ¨²ltimos a?os se han producido casos de "apropiaci¨®n de terrenos" por grandes inversores

Como no obtuvieron una respuesta satisfactoria, el 18 de abril marcharon hasta Salima (a unos 12 kil¨®metros), donde se encuentra la oficina gubernamental del distrito. Se plantaron all¨ª para celebrar una vigilia hasta que les escucharan. El ruido generado hizo que dos d¨ªas despu¨¦s acudieran en persona al lugar dos ministros ¡ªel de Justicia y el de Tierras¡ª que les prometieron atender su caso. Pero ellos no estaban dispuestos a moverse hasta ver a la l¨ªder tradicional de Kuluunda destituida y una investigaci¨®n oficial sobre las compensaciones abierta.

Finalmente, el 5 de mayo el presidente Peter Mutharika (cuyo hermano ocup¨® el puesto hasta su fallecimiento en 2012) decidi¨® abrir una investigaci¨®n en la que participar¨ªan tres de los jefes locales que decidieron no aceptar el dinero, adem¨¢s de la agencia anticorrupci¨®n. A¨²n no se conocen las conclusiones. Pero los manifestantes s¨ª obtuvieron un resultado inmediato: Mutharika expuls¨® de su trono a la jefa que hab¨ªa regido los designios de la zona durante 20 a?os, acusada de cobrar dinero que no le correspond¨ªa por las tierras en las que trabajaban sus s¨²bditos. Ya no les representa.

¡°Queremos que todos los l¨ªderes locales tomen nota de lo que ha ocurrido aqu¨ª¡±, comenta Chingomanje. ¡°Antes las cosas se hac¨ªan bajo mano, ahora los jefes saben que la gente tiene que estar informada¡±, se felicita. Eso es as¨ª porque ellos, por su parte, saben que tienen derecho a que se les tenga al tanto. Y a no ser despojados de sus tierras sin contemplaciones.

No solo tierras

La labor de concienciaci¨®n en Malawi no se limita solo a los derechos de los agricultores sobre sus tierras de labor. Tambi¨¦n beneficia a grupos de pescadores y las aguas en las que faenan. El 20% de la superficie del pa¨ªs corresponde al lago que le da nombre, de donde se obtienen distintas especies, como la tilapia, que son el medio de vida de muchas comunidades vecinas.

En el mismo distrito de Salima, un grupo de habitantes de la aldea de Maganga form¨® otro grupo para defender sus derechos bajo el nombre de Foro Ciudadano de Maganga. Las aguas entre unos islotes cercanos, en los que sus antepasados llevaban pescando "desde tiempos inmemoriales", seg¨²n su portavoz Haroon Chapola, fueron declaradas parque natural protegido en los ochenta.

Miembros de esta comunidad siguieron pescando all¨ª, hasta que hace un par de a?os las autoridades se lo prohibieron. De nuevo con asistencia de las organizaciones implicadas en el proyecto, consiguieron conocer sus derechos y, cuando varios pescadores fueron arrestados, marcharon hasta el delegado del distrito para elevar su protesta. "Necesit¨¢bamos informaci¨®n para poder protegernos", indica el portavoz de la asociaci¨®n.

Tras varias discusiones, se les ha permitido seguir pescando en la zona con algunas normas. Por ejemplo, no pueden cortar ¨¢rboles con los que hacer fuego para secar el pescado que capturan. "Pero nosotros siempre hemos cuidado de la zona, es nuestro medio de vida", asegura Chapola.