Cuatro a?os de exclusi¨®n sanitaria: #VivirAlL¨ªmite

Cuatro a?os de exclusi¨®n m¨¦dica. Cuando la noticia salt¨® a los medios, no d¨¢bamos cr¨¦dito: el Gobierno retirar¨ªa la tarjeta sanitaria a todas las personas que se encontraran en situaci¨®n irregular en Espa?a. Justificaban la medida en el ahorro que iba a suponer. Dec¨ªan que ninguna persona se quedar¨ªa tirada en la calle, y para eso exclu¨ªan de esta norma a las embarazadas, los ni?os, los enfermos cr¨®nicos y las urgencias. M¨¢s tarde se ampli¨® a las v¨ªctimas de trata. Dec¨ªan que no era una ley contra los inmigrantes que viv¨ªan en el pa¨ªs en condiciones precarias, que era sobre todo para evitar el turismo sanitario desde otros pa¨ªses ricos porque nuestra Sanidad es m¨¢s barata y es buena. En esto ¨²ltimo quiz¨¢ fuera en lo ¨²nico en lo que tuvieron raz¨®n.

Esta medida asust¨® cuando fue aprobada. Tiene un nombre muy discreto y aburrido: Real Decreto-Ley 16/2012, pero tras ¨¦l se esconde una realidad mucho m¨¢s s¨®rdida: m¨¢s de 900.000 personas ¡ªseg¨²n datos de la Administraci¨®n¡ª perdieron el 31 de agosto de 2012 su tarjeta. Y a 31 de agosto de 2016 es imposible saber cu¨¢ntas personas se han visto perjudicadas en alg¨²n momento, aunque s¨ª se conocen casos recabados por diversas organizaciones nacionales y auton¨®micas que defienden los derechos humanos, como M¨¦dicos del Mundo, Andaluc¨ªa Acoge, la Sociedad Espa?ola de Medicina de Familia y Comunitaria, la Plataforma Salud Universal de Arag¨®n... Estas y muchas otras, unidas bajo el nombre de REDER (Red de denuncia y resistencia al RDL 16/2012), han lanzado un nuevo dato esta semana: tan solo entre abril y julio de 2016 se han documentado 388 casos de personas afectadas. Estos han de sumarse a los recogidos desde enero de 2014: 2.496. En los ¨²ltimos cuatro meses, REDER ha encontrado a tres enfermos de c¨¢ncer, a cuatro con enfermedades cardiovasculares, 13 con diabetes, siete con hipertensi¨®n, ocho con VIH, cuatro con enfermedades degenerativas, seis con otras potencialmente mortales y cinco con dolencias mentales graves. A ninguno de ellos se les ha prestado asistencia pese a estar dentro de los supuestos con los que se debe hacer una excepci¨®n.

Han pasado cuatro a?os y no hemos avanzado hacia la universalidad perdida. Ha habido intentos y ha habido quien se ha rebelado. Comunidades como Andaluc¨ªa, Asturias, Pa¨ªs Vasco (y, posteriormente, Madrid) no acataron esta normativa desde el principio y siguieron prestando servicios m¨¦dicos a todo el mundo. Lo vimos, por ejemplo, en el a?o 2014 con un reportaje realizado en Almer¨ªa para denunciar los casos de prostituci¨®n y trata en los invernaderos de Roquetas de Mar. Ha habido otras que lo han aplicado a rajatabla, como Murcia y La Rioja. O Baleares, donde esta ley cost¨® la vida a un senegal¨¦s, Alpha Pam. Todos los medios se hicieron eco de su muerte por una tuberculosis no tratada. Tambi¨¦n se ha abusado de los l¨ªmites de la norma. En Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana, Amnist¨ªa Internacional observ¨® que se emit¨ªan compromisos de pago tras atender a inmigrantes en las urgencias pese a que la ley contempla que esta atenci¨®n debe ser gratuita.

En estos cuatro a?os se intent¨® derribar la norma e incluso el Gobierno anunci¨® en marzo del a?o pasado que se devolver¨ªa la atenci¨®n primaria a los sin papeles, que no significa devolverles la tarjeta sanitaria. Simplemente, se aludi¨® a una cuesti¨®n de sensatez y pragmatismo para que no se saturasen las urgencias. No obstante, esto fue un globo sonda que no lleg¨® a ninguna parte, es decir, palabras sin hechos, ning¨²n cambio.

Las ¨²ltimas novedades a d¨ªa de hoy no son nada alentadoras. Lejos de solucionar o, al menos, facilitar el acceso a los servicios m¨¦dicos de quienes ahora no pueden hacerlo, el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional respald¨® la ley con una sentencia que contradice las opiniones que el mismo Tribunal hab¨ªa emitido en anteriores autos. "Esta resoluci¨®n parece ignorar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos dando primac¨ªa a criterios economicistas en lo que consttituye un peligroso precedente", dice REDER en su ¨²ltimo informe.

?Y qu¨¦ tenemos a d¨ªa de hoy, cuatro a?os despu¨¦s de la entrada en vigor de la ley?

Por una parte, la mayor¨ªa de Comunidades Aut¨®nomas (menos Castilla y Le¨®n, La Rioja, Ceuta y Melilla) han aprobado diversas ¨®rdenes para contrarrestar la reforma sanitaria. Estas normativas han tenido un impacto positivo, a juicio de REDER, pero los requisitos que se exigen en estas regulaciones son dif¨ªciles de cumplir en muchas ocasiones. As¨ª, m¨¢s de la cuarta parte de incidencias recogidas desde abril de 2016 se deben a la imposibilidad de aportar documentaci¨®n como el empadronamiento (las personas sin hogar o sin documentaci¨®n de identidad carecen de ¨¦l). Tampoco es f¨¢cil de conseguir el certificado de no exportaci¨®n del derecho a la asistencia que se exige a personas con ciudadan¨ªa comunitaria y a los procedentes de pa¨ªses con convenios bilaterales como Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Per¨² y T¨²nez.

Por otro lado, existe un vac¨ªo de informaci¨®n importante: el 57% de las incidencias documentadas por REDER en los ¨²ltimos cuatro meses tienen este origen. La falta de informaci¨®n de la que dispone el personal de los centros de salud provoca denegaciones de asistencia a personas que s¨ª tienen derecho. Y los GObiernos auton¨®micos tampoco ponen soluci¨®n a esto, por lo que entre la poblaci¨®n afectada se acrecienta cada vez m¨¢s la confusi¨®n sobre cu¨¢les son sus derechos. Los ¨²nicos casos positivos son los del Ayuntamiento de Madrid ¡ªy no la Comunidad, que es la responsable principal¡ª y la Comunitat Valenciana, que s¨ª han emprendido campa?as de informaci¨®n ciudadana.

Y mientras vamos sumando casos, cifras, declaraciones y noticias, sigue aumentando el n¨²mero de personas perjudicadas. Embarazadas que no saben c¨®mo est¨¢ el feto, ni?os a quienes no les curan una enfermedad, enfermos de VIH o tuberculosis que no reciben su medicaci¨®n... Este suma y sigue no se detendr¨¢ hasta que recuperemos la sanidad universal, algo que, por desgracia, estamos bastante lejos de conseguir.