Los ind¨ªgenas canadienses alzan la voz frente a proyectos energ¨¦ticos

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La Suprema Corte de la Columbia Brit¨¢nica dio la raz¨®n en enero pasado a un grupo de comunidades ind¨ªgenas de esta provincia canadiense que solicitaban la anulaci¨®n del proyecto del oleoducto Northern Gateway de la compa?¨ªa Enbridge. Se trata de una de los mayores logros de los ¨²ltimos tiempos para los grupos aut¨®ctonos de ese pa¨ªs, hartos de sentirse ignorados por pol¨ªticos y empresarios en la concepci¨®n y construcci¨®n de obras energ¨¦ticas. Muchas de estas obras pueden afectar ecosistemas y actividades tradicionales, adem¨¢s de violar distintos acuerdos.

En Canad¨¢, la relaci¨®n entre los grupos ind¨ªgenas y las autoridades federales y provinciales ha sido siempre un tema complicado. Uno de sus momentos m¨¢s cr¨ªticos tuvo lugar durante los nueve a?os en que Stephen Harper fungi¨® como primer ministro. La puerta estuvo pr¨¢cticamente cerrada en Ottawa para los jefes de las primeras naciones. Harper prioriz¨® el desarrollo econ¨®mico ¡ªenfocado sobre todo en las industrias extractivas¡ª, por lo que asuntos como el medioambiente y la actividad de las peque?as comunidades ocuparon los ¨²ltimos puestos en su agenda.

La administraci¨®n conservadora promovi¨® con dinamismo el proyecto Northern Gateway. El objetivo era claro: transportar el crudo de la provincia de Alberta al puerto de Kitimat (Columbia Brit¨¢nica) para su exportaci¨®n a Asia. Jefes de diversos grupos ind¨ªgenas protestaron con vigor ¡ªal igual que defensores medioambientales¡ª para frenar este proyecto. Su causa lleg¨® a la m¨¢s alta sala de justicia de la provincia. La decisi¨®n de los jueces tuvo como elemento neur¨¢lgico el hecho de que estas comunidades no hab¨ªan sido consultadas debidamente por las instituciones vinculadas con esta obra.

La compa?¨ªa Enbridge, a trav¨¦s de un comunicado, se?al¨® poco tiempo despu¨¦s que la aprobaci¨®n del proyecto es de competencia federal, minimizando as¨ª el fallo de los jueces de la Columbia Brit¨¢nica. Sin embargo, una corte federal de apelaci¨®n enterr¨® a¨²n m¨¢s este plan en junio pasado, subrayando nuevamente que los argumentos de los grupos aut¨®ctonos no hab¨ªan sido tomados en cuenta con profundidad.

Nicolas Houde es profesor en la Universidad de Quebec en Montreal y estudia las acciones pol¨ªticas de las comunidades ind¨ªgenas canadienses. Se?ala a Planeta Futuro que no todas ellas tienen acuerdos con los Gobiernos, e incluso cuando ¨¦stos existen, no siempre garantizan consultas efectivas. ¡°Hay insatisfacci¨®n de los grupos aut¨®ctonos porque no se les considera seriamente. Cuando se les escucha, muchas veces ya es cuando los proyectos est¨¢n decididos. Por eso han tenido que llegar a los tribunales. Adem¨¢s, los gastos legales son altos, el desarrollo de un proyecto no siempre se frena y la incertidumbre de ganar o perder est¨¢ presente. Pasa con obras petrol¨ªferas, pero tambi¨¦n con hidroelectricidad, explotaci¨®n forestal y miner¨ªa¡±, afirma.

Actualmente la atenci¨®n est¨¢ puesta en East Energy. Anunciado oficialmente en 2013, este proyecto de la compa?¨ªa TransCanada busca el env¨ªo diario de 1,1 millones de barriles de petr¨®leo extra¨ªdo de las arenas bituminosas de Alberta a San-Jean (New Brunswick), por medio de un oleoducto de 4.600 kil¨®metros para su comercializaci¨®n en Estados Unidos y Europa. El inicio de estas exportaciones est¨¢ fijado para 2020, aunque puede que se retrase o que jam¨¢s ocurra.

La Comunidad Metropolitana de Montreal (CMM), la Uni¨®n de Productores Agr¨ªcolas (UPA) y numerosos colectivos medioambientales ya han manifestado su oposici¨®n al proyecto. Asimismo, grupos ind¨ªgenas han salido a criticar la iniciativa, aunque la voz que m¨¢s se ha hecho escuchar es la de la Asamblea de las Primeras Naciones de Quebec y Labrador (APNQL). Los miembros de este organismo anunciaron su negativa al proyecto tal y como est¨¢ dise?ado actualmente. Ghislain Picard es el jefe de la APNQL. Comenta en entrevista que East Energy es una prueba m¨¢s de que la obligaci¨®n de consultar a los grupos ind¨ªgenas no se respeta. Incluso han tenido problemas para que Gobiernos y empresas hagan caso a los fallos de los tribunales.

Cabe se?alar que el oleoducto atravesar¨ªa cientos de lagos y r¨ªos. ¡°Nos inquieta mucho el impacto que esto puede tener en nuestros territorios. Dependemos de los recursos naturales para comer y trabajar¡±, comenta a Planeta Futuro Serge Simon, l¨ªder de la naci¨®n mohawk de Kanesatake (Quebec). Asimismo, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales public¨® un informe donde aparece el riesgo para la fauna de la costa atl¨¢ntica, debido a la desmedida actividad que tendr¨ªan los buques cisterna.

La Oficina Nacional de la Energ¨ªa inici¨® en junio pasado una serie de consultas en diversas ciudades canadienses. ¡°El proyecto viola nuestros derechos establecidos en tratados. El Gobierno federal es el ¨²nico actor que debe consultarnos, pero no es el caso por la cantidad de intereses en juego. El proceso debe ser leg¨ªtimo y transparente. Debemos tener la oportunidad de rechazarlo si hay un peligro para nuestra comunidad¡±, se?ala Serge Simon. Por su parte, Ghislain Picard comenta que las consultas de la Oficina Nacional de la Energ¨ªa carecen de legitimidad. ¡°Esta instituci¨®n tiene proximidad con las empresas. Adem¨¢s es necesario modernizarla. No tiene ni el mandato ni la capacidad para realizar consultas. Queda mucho por hacer. Nosotros deber¨ªamos participar en las evaluaciones¡±, manifiesta. La fecha l¨ªmite para que un grupo de expertos presente un informe sobre la viabilidad del proyecto es el 16 de marzo de 2018. Sin embargo, el Gobierno de Justin Trudeau tendr¨¢ la ¨²ltima palabra.

Necesitamos pensar en alternativas energ¨¦ticas. Los grupos aut¨®ctonos deseamos formar parte de este proceso Serge Simon, l¨ªder ind¨ªgena

El primer ministro hab¨ªa prometido en sus discursos electorales una nueva relaci¨®n con los grupos aut¨®ctonos, basada en la justicia y el reconocimiento. Ya present¨® sus disculpas por el trato que se les dio durante d¨¦cadas en instituciones p¨²blicas y estableci¨® una comisi¨®n para investigar los asesinatos y desapariciones de mujeres ind¨ªgenas. East Energy representa sin embargo un may¨²sculo desaf¨ªo para Trudeau, ya que mezcla su deseo de incentivar el di¨¢logo con las primeras naciones y de cuidar el medioambiente, pero tambi¨¦n tiene que ver con la explotaci¨®n de recursos.

¡°El papel de Ottawa es el de actuar como un ¨¢rbitro responsable en este asunto¡±, se?al¨® Trudeau hace unos meses a prop¨®sito de East Energy en un evento en Montreal. Tambi¨¦n a?adi¨® lo siguiente: ¡°Mi objetivo es reconocer que una de las responsabilidades del Gobierno de Canad¨¢ es poder encontrar la manera de exportar nuestros productos, nuestros recursos, de forma responsable¡±. Alcaldes, activistas medioambientales, trabajadores agr¨ªcolas y jefes de grupos aut¨®ctonos critican que Trudeau no muestre una postura clara sobre el oleoducto, algo que, parad¨®jicamente, molesta tambi¨¦n a los simpatizantes del proyecto. Prueba de ello es que el diputado conservador G¨¦rard Deltell declar¨® en las ondas de Radio-Canad¨¢ que el primer ministro descuida sus responsabilidades al no apoyar con fuerza una iniciativa de gran beneficio para la econom¨ªa canadiense.

Pero la lucha no s¨®lo se est¨¢ dando contra el oleoducto East Energy. Otros ejemplos as¨ª lo demuestran. En Anticosti (Quebec), l¨ªderes del pueblo innu y autoridades municipales critican que el gobierno de la provincia haya autorizado trabajos de perforaci¨®n ¡ªpor medio de fractura hidr¨¢ulica¡ª a la compa?¨ªa Hydrocarbures Anticosti, se?alando que esto pone en riesgo el equilibrio medioambiental, especialmente para las poblaciones de salm¨®n. Los inconformes presionan para que el gobierno federal intervenga.

A su vez, la naci¨®n micmac, que habita en Gaspesie (Quebec), se opone a un proyecto de transporte de petr¨®leo por ferrocarril al puerto de Belldune (New Brunswick). Un juez desestim¨® un recurso presentado para frenar la obra, aunque se?al¨® en su veredicto que las consultas hacia la poblaci¨®n aut¨®ctona hab¨ªan sido suficientes pero no ¨®ptimas. Los micmac han dicho que apenas se tomaron en cuenta sus preocupaciones relacionadas con la seguridad y los da?os medioambientales. Prometen llegar a otras instancias.

¡°Queremos participar en proyectos, pero no a cualquier precio. Escucharemos iniciativas siempre y cuando no afecten nuestros territorios. Necesitamos pensar en alternativas energ¨¦ticas. Los grupos aut¨®ctonos deseamos formar parte de este proceso¡±, afirma Serge Simon. Junto a organismos protectores del medioambiente y partidos progresistas, los pueblos ind¨ªgenas reclaman el cambio energ¨¦tico en Canad¨¢, a modo de alejarse de la producci¨®n y el consumo de combustibles f¨®siles. Ghislain Picard, jefe de la APNQL, dice que los grupos aut¨®ctonos no pueden cerrarse al desarrollo, sobre todo por los grandes desaf¨ªos sociales y econ¨®micos que enfrentan. Aunque todo debe hacerse con proyectos bien evaluados y estructurados, que tomen en cuenta necesidades locales y preocupaciones globales, como lo es la protecci¨®n del medioambiente.

Como parte de la nueva relaci¨®n que Trudeau desea sostener con los grupos aut¨®ctonos canadienses, su Gobierno respald¨® en mayo pasado la Declaraci¨®n de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos ind¨ªgenas. En dicho documento figura que estos pueblos deben dar su consentimiento a proyectos que se realicen dentro de sus territorios. El profesor Nicolas Houde se?ala sin embargo que en Canad¨¢ no hay una din¨¢mica del consentimiento ¡ªcomo s¨ª ocurre en otros pa¨ªses ¡ª y que las instituciones p¨²blicas s¨®lo hacen referencia a consultas. Adem¨¢s, el gobierno federal tiene la ¨²ltima palabra en los proyectos, a menos que un pueblo aut¨®ctono presente un t¨ªtulo hist¨®rico de propiedad, algo que no sucede con frecuencia.

A finales de septiembre, el Gobierno federal aprob¨® el proyecto Pacific NorthWest LNG en el norte de la Columbia Brit¨¢nica, para procesar gas licuado y enviarlo a los mercados asi¨¢ticos. Catherine McKenna, ministra de medioambiente y cambio clim¨¢tico, se?al¨® que el proyecto pas¨® por una rigurosa evaluaci¨®n que incluye 190 condiciones para su realizaci¨®n. Defensores medioambientales y pueblos ind¨ªgenas de esa provincia han criticado la iniciativa, sobre todo por la importante emisi¨®n de gases de efecto invernadero que producir¨ªa. Cabe destacar que el Tratado de Par¨ªs fue ratificado por el parlamento canadiense el pasado seis de octubre.

Se esperan intensas negociaciones entre Ottawa y algunas provincias que ya han mostrado su preocupaci¨®n por los l¨ªmites que este acuerdo impondr¨¢ a sus planes de crecimiento. Tambi¨¦n el gobierno federal deber¨¢ ser muy prudente al evaluar con detenimiento cada proyecto energ¨¦tico en cuanto a emisi¨®n de gases. Y a todo esto, los grupos ind¨ªgenas no se cansar¨¢n de exigir que su voz deje de ser ignorada en estos planes. Est¨¢n de acuerdo en sumarse a la lucha contra el calentamiento global y requieren de recursos para elevar sus niveles de vida, pero no a cualquier precio.