El CIE es el agujero del miedo para el control migratorio

En algunas ciudades espa?olas es habitual la siguiente escena: varios agentes de la Polic¨ªa Nacional paran a transe¨²ntes y les solicitan su identificaci¨®n. Otras personas pasan de largo sin ser retenidas. No se aprecia ning¨²n indicio de hecho delictivo. ?Por qu¨¦ les paran? No se sabe. Pero hay algo evidente: la persona identificada es de raza negra, los que pasan de largo no lo son.

En ese control, la Polic¨ªa est¨¢ solicitando una documentaci¨®n que pruebe la estancia legal en territorio espa?ol. No estar en una situaci¨®n legal no es un delito, es una falta administrativa, como una multa de tr¨¢fico. Pero, ojo, el problema deviene en cat¨¢strofe cuando la sanci¨®n, por esta falta, se convierte en una expulsi¨®n del pa¨ªs. Se pone en peligro un proyecto vital, una familia, un futuro.

Mientras se ejecuta (o no) la orden de expulsi¨®n, que estar¨¢ vigente durante cinco a?os, la persona ya no se siente segura en su pa¨ªs de acogida. Cada d¨ªa es miedo. Es la vida en el no lugar.

Los denominados ¡°controles racistas¡± son el eslab¨®n inicial de la cadena del f¨¦rreo control fronterizo que ejerce el estado espa?ol en connivencia con Europa. Esta cadena se inicia con este puesto fronterizo m¨®vil e invisible en el interior de las ciudades, contin¨²a en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y se cierra en el vuelo de deportaci¨®n.

Un extranjero indocumentado puede ser recluido en alguno de los siete CIE que hay en Espa?a: el m¨¢s concurrido es el de Algeciras, mientras que los m¨¢s conocidos est¨¢n en Madrid y Barcelona. Tambi¨¦n hay centros en Valencia, Murcia, Tenerife y Las Palmas. Su funci¨®n, sobre el papel, es la de custodia antes de la expulsi¨®n, pero las cifras lo rebaten. Durante el a?o 2015 pasaron por estos centros 6.930 personas, siempre en virtud de una resoluci¨®n judicial, de las que el 6,5 por ciento eran mujeres, seg¨²n datos del Ministerio del Interior, ¨®rgano encargado de su gesti¨®n. Sin embargo, solamente fueron expulsadas el 41 por ciento de esas personas internas (2.871), lo que demuestra la ineficacia del prop¨®sito oficial del CIE. De hecho, el porcentaje de expulsiones se ha venido reduciendo anualmente desde el 70 por ciento del a?o 2009 hasta las cifras actuales.

?Para qu¨¦ sirve un CIE, entonces? Solo atrav¨¦s de los testimonios recogidos por exinternos podemos comprender el impacto de un lugar como este en sus vidas. De un no lugar como este. ¡°Conoc¨ª a una persona que ven¨ªa de la c¨¢rcel y ella quer¨ªa regresarse a la c¨¢rcel, porque dec¨ªa que estaba mejor en la c¨¢rcel que en el centro¡± relataba Rosario, boliviana. ¡°Porque en la c¨¢rcel, al menos, est¨¢ el patio. Pero all¨ª todo es lo mismo, las 24 horas bajo la sombra. No se ve la calle, todo est¨¢ fr¨ªo, estamos por los suelos¡±.

El Reglamento permite un m¨¢ximo de 60 d¨ªas de estancia, aunque la media en los siete centros es de 24 d¨ªas. A pesar de ello, el 40 por ciento de los internos que visit¨® el SJM en 2015 estuvieron dentro m¨¢s de 40 d¨ªas. Un primer impacto que pocas veces se tiene en cuenta es el arraigo en el pa¨ªs de las personas que sufren el encierro. El SJM se?ala que solo el 19 por ciento de los internos visitados en Madrid y el 16 por ciento en Barcelona eran reci¨¦n llegados a Espa?a. Hasta un 25 por ciento de los visitados hab¨ªan estado en Espa?a desde hace m¨¢s de 10 a?os y dos de cada tres personas internas llevaban ya cuatro o m¨¢s a?os en el territorio.

Existen personas internas que tienen parejas de hecho registradas en territorio nacional, as¨ª como hijos o hijas con nacionalidad espa?ola y aun as¨ª terminan privadas de libertad y en riesgo inminente de deportaci¨®n. Hasta uno de cada cinco internos ten¨ªan v¨ªnculos familiares de primer grado en Espa?a.

Las personas recluidas en los CIE carecen de atenci¨®n sanitaria especializada una vez son internados, ya que los servicios m¨¦dicos son b¨¢sicos y no hay protocolos de detecci¨®n de enfermedades contagiosas ni aislamiento, seg¨²n SOS Racismo [PDF]. Adem¨¢s, las habitaciones en las que viven estas personas no son otra cosa que celdas de c¨¢rcel cuyas condiciones higi¨¦nicas son insuficientes.

¡°Deb¨ªa pedir ir al ba?o, y le permit¨ªan ir cuando la polic¨ªa estimaba oportuno¡± dice un informe sobre otro boliviano detenido en el CIE. ¡°A veces, pasaban cinco o seis horas desde que llamaba hasta que se le dejaba ir. Cansado de llamar y golpear con su deportiva contra el piso de su celda para ver si alguien sub¨ªa a atenderle, m¨¢s de una vez tuvo que hacer sus necesidades dentro de la habitaci¨®n, orinando en el lavabo y defecando, en una ocasi¨®n, en su propio plato de comida¡±.

Las visitas de familiares cercanos a los internos se producen en salas vigiladas por funcionarios y a trav¨¦s de mamparas de cristal, impidiendo el contacto f¨ªsico entre las personas encerradas y sus allegados.

Uno de los mayores problemas dentro del CIE es la situaci¨®n de extrema vulnerabilidad de determinados colectivos. Las organizaciones han detectado la presencia de menores de edad, mujeres embarazadas, v¨ªctimas de trata, personas enfermas o agredidas (ya sea por la polic¨ªa o por otros internos, seg¨²n denuncian), personas con arraigo en Espa?a o solicitantes de asilo. Interior reconoci¨® la existencia de 19 personas menores de edad internas en un CIE en 2015, lo que supone una grave violaci¨®n de derechos humanos y omisi¨®n de las obligaciones de protecci¨®n de estos ni?os.

Se ha comprobado que muchas de las personas encerradas en un CIE son personas que han huido de sus lugares de origen por temor a una persecuci¨®n o sentir en riesgo su integridad f¨ªsica. En lugar de proteger a la totalidad de solicitantes de asilo, a muchos de ellos les hemos aprisionado. En 2015 fueron admitidas a tr¨¢mite un total de 196 solicitudes de asilo realizadas desde estos centros y eso a pesar de encontrar trabas por parte de la direcci¨®n para presentar la solicitud. 196 personas que huyeron del terror para seguir pasando miedo.

?Tienen derecho a un abogado? S¨ª, pero un gran n¨²mero de las personas internadas carecen de atenci¨®n jur¨ªdica y de acceso a informaci¨®n sobre sus derechos. De igual forma, las actuaciones policiales dentro de los muros de CIE no se someten a un control exhaustivo, seg¨²n denuncian organizaciones que trabajan con visitas a internos, a pesar de que existen juzgados de instrucci¨®n a cuyos jueces se les ha asignado las funciones de control de CIE.

Los propios jueces de control denuncian el incumplimiento del Reglamento y graves vulneraciones de derechos humanos que, de ser denunciadas, tienen como consecuencia la deportaci¨®n inmediata. Adem¨¢s, las organizaciones reclaman que la gesti¨®n de estos centros no est¨¦ en manos de polic¨ªas sin formaci¨®n espec¨ªfica, sino que sean servicios sociales especializados los encargados de la coordinaci¨®n interna. La Defensora del Pueblo en el informe del Mecanismo Nacional de Prevenci¨®n de la Tortura de 2015, junto a otras denuncias de colectivos y asociaciones, alertaban de casos de vejaciones morales, agresiones, hacinamiento, prohibiciones de acudir al servicio en ciertos horarios, condiciones higi¨¦nicas inhumanas, falta de informaci¨®n de derechos fundamentales y un largo etc¨¦tera.

El hecho de que las redadas policiales se produzcan en p¨²blico crea y refuerza en el imaginario social de la poblaci¨®n aut¨®ctona la idea de que los migrantes son delincuentes y que la presencia de CIE y su r¨¦gimen penitenciario est¨¢n justificados. Y no es as¨ª. Los datos, una vez m¨¢s, lo desmienten. El 54 por ciento de las personas visitadas por el SJM no ten¨ªa antecedentes penales. Es m¨¢s, de las 6.869 expulsiones ejecutadas en Espa?a, solo el 40 por ciento lo fueron por antecedentes penales. Y, de hecho, es solo el 7 por ciento si contamos las expulsiones realizadas desde los CIE. El resto han sido arrancados, desgajados de nuestra comunidad, por no tener papeles, por haber cumplido una condena o por simples antecedentes administrativos policiales.

El CIE cumple una funci¨®n, s¨ª. Pero es la funci¨®n del shock, del miedo, del control, del castigo, de la amenaza, de la advertencia de que Espa?a no es un pa¨ªs de acogida para el migrante. Pero un estado no puede parar algo que es natural. Porque, migrante, somos todos.