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"Empec¨¦ a orar y a pensar en mi familia. Para m¨ª fue muy duro, porque los primeros (paquetes) que yo tragu¨¦ los expulsaba y vomitaba. Vomit¨¦ muchas veces hasta guardar la pr¨¢ctica. Mi garganta estaba sangrante e hinchada. Fue muy duro". As¨ª relata Johanna, una mujer costarricense de 31 a?os, el momento en que recibi¨® un balde que conten¨ªa 84 paquetes de coca¨ªna envueltas en l¨¢tex y en un tubo de pasta de dientes. Un hombre le orden¨® trag¨¢rselos todos. Ella empez¨® a entrar en p¨¢nico. Cuando intent¨® rehusar, ¨¦l amenaz¨® a su familia. No hubo escapatoria. Ahora cumple una condena de seis a?os y seis meses por venta de drogas.

En la regi¨®n de las Am¨¦ricas las mujeres est¨¢n siendo encarceladas por delitos de tr¨¢fico de drogas de manera alarmante y el aumento de su encarcelamiento supera, junto a Asia, a las dem¨¢s regiones del mundo, indica el Institute for Criminal Policy Research de la Universidad de Londres. Si bien el n¨²mero de hombres encarcelados es mayor, los niveles de reclusi¨®n de mujeres se han elevado a una tasa vertiginosa.

Por su parte, el Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho (CEDD), en su informe Mujeres y encarcelamiento por delitos de drogas, sostiene que la poblaci¨®n carcelaria femenina total en Am¨¦rica Latina ha aumentado en 51,6% entre el 2000 y el 2015, en comparaci¨®n con un 20% para el caso de los hombres. Adem¨¢s, se?ala que en Argentina, Brasil, Costa Rica y Per¨² m¨¢s del 60% de las mujeres recluidas es por delitos relacionados con drogas. "Detr¨¢s de esta realidad est¨¢n las pol¨ªticas de drogas considerablemente punitivas. El uso de la c¨¢rcel como respuesta es desproporcionado. Las mujeres son recluidas con sentencias excesivamente largas, cuando no en prisi¨®n preventiva. La mayor¨ªa tienen poca educaci¨®n, viven en condiciones de pobreza y son responsables del cuidado de personas dependientes ¡ªni?os y ni?as, j¨®venes, personas adultas mayores o con discapacidad¡ª", afirma Nischa Pieris, investigadora y analista en la Comisi¨®n Interamericana de Mujeres (CIM) en las ¨¢reas de pol¨ªticas de drogas y transversalizaci¨®n de g¨¦nero.

A pesar de que las mujeres llevan la peor parte de las pol¨ªticas penitenciarias, seg¨²n Pieris, casi nunca representan una amenaza para la sociedad; la mayor¨ªa son encarceladas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riesgo (distribuir drogas a peque?a escala o por transportarla), como una manera de enfrentar la pobreza o, a veces, por la coerci¨®n de una pareja o familiar. "El encarcelamiento de ellas poco o nada contribuye a desmantelar los mercados ilegales de drogas y a mejorar la seguridad p¨²blica. Por el contrario, la prisi¨®n agrava la situaci¨®n, porque una vez terminada su condena y puestas en libertad, sus antecedentes penales impiden la posibilidad de que encuentren un trabajo digno y legal, lo que perpet¨²a su exclusi¨®n social, vinculaci¨®n a mercados de drogas y reclusi¨®n".

La investigadora Pieris afirma que las mujeres inculpadas de delitos de drogas a menudo viven en contextos que favorecen el involucramiento en actividades ilegales y no cuentan con los medios para encontrar alternativas. El caso de Johanna evidencia esta realidad. Es hija de un consumidor de drogas y de una trabajadora sexual. Desde temprana edad, ella y sus cinco hermanos estuvieron expuestos al tr¨¢fico de drogas. A los 13 a?os, Johanna limpiaba casas a cambio de arroz y az¨²car para su familia. Las drogas estaban en todas partes, especialmente en la casa, y empez¨® a usarlas. A los 14 a?os, su mam¨¢ la envi¨® a un internado para alejarla de la casa y ayudarla a dejar su adicci¨®n.

Tambi¨¦n, seg¨²n Pieris, la gran mayor¨ªa de mujeres involucradas han sido, en alg¨²n momento de su vida y de manera repetida, v¨ªctimas de violencia, abuso sexual, explotaci¨®n sexual comercial, etc., sin que hayan recibido una atenci¨®n oportuna por parte del Estado. Una vez recluidas, los patrones de violencia se expanden tambi¨¦n a la prisi¨®n. El caso de Liliana, una mujer venezolana detenida en una c¨¢rcel federal de Argentina, cumpliendo sentencia de cuatro a?os y seis meses por tr¨¢fico de drogas, es un claro ejemplo de c¨®mo las mujeres involucradas en el transporte de drogas son captadas por organizaciones que desarrollan din¨¢micas similares a las del delito de trata de personas. "Ten¨ªa una vida normal, todos los d¨ªas dejaba a mis hijos en la escuela antes de ir a mi trabajo. Un d¨ªa se me empez¨® a acercar un hombre de Colombia, medio coquete¨¢ndome, y dici¨¦ndome de llevar drogas a otros pa¨ªses. Yo dec¨ªa que no. A partir de all¨ª empez¨® a amenazarme. El error m¨ªo fue no buscar ayuda... Si ponen tu vida en una balanza y ponen la vida de tus hijos, de tus familiares, t¨² vas a elegir la de ellos, conmigo que hagan lo que quieran".

Nischa Pieris se?ala que la mayor¨ªa de mujeres implicadas en el tr¨¢fico de drogas en la regi¨®n "se encuentran en el m¨¢s bajo nivel de la cadena del crimen organizado, sea como peque?as vendedoras, 'correos humanos' de drogas o transportadoras". Adem¨¢s, son f¨¢cilmente reemplazadas, es decir, su detenci¨®n no tiene ning¨²n impacto en las redes de tr¨¢fico porque son actoras menores del mismo.

Enfrentadas al riesgo y la discriminaci¨®n

Las mujeres encarceladas por delitos de drogas en Am¨¦rica Latina son, en su gran mayor¨ªa, madres solteras. En Costa Rica, por ejemplo, la Defensor¨ªa P¨²blica de Costa Rica en su Estudio de la Defensa P¨²blica de Costa Rica sobre el perfil de la poblaci¨®n femenina privada de libertad por introducir drogas a los centros penales, de 2012, se?alaba que en ese a?o m¨¢s del 95 % de las mujeres en prisi¨®n por introducir drogas en centros penales, no solamente eran madres solteras, sino tambi¨¦n las ¨²nicas que respond¨ªan por sus hijas e hijos. "Muchas se involucran en el negocio de las drogas como una manera de mantener a su familia. Mientras est¨¢n encarceladas, sufren por no responder por su cuidado, y sus hijos padecen por estar separados de sus madres", agrega Pieris.

A pesar de que las mujeres llevan la peor parte de las pol¨ªticas penitenciarias casi nunca representan una amenaza para la sociedad

Las explicaciones de las mujeres que ingresan a la c¨¢rcel por delitos de drogas son muy diversas, y es recomendable tomar en serio y explorar m¨¢s lo que ellas se?alan, asevera Pieris. "Tienes tus tres hijos y tienes que pagar el arriendo y darles de comer a todos... y te van a pagar 300 mil pesos ?T¨² c¨®mo haces? ?Dime t¨² como mam¨¢, c¨®mo haces?...Ah¨ª es donde yo digo, perd¨®nenme, pero yo voy y vendo un d¨ªa droga y ese d¨ªa puedo pagar el arriendo", dice Johana, una mujer colombiana de 37 a?os. Ella no contaba con ingresos suficientes para apoyar a su familia. Por eso le solicit¨® a una t¨ªa trabajo en la venta de drogas. Desde entonces, se encarg¨® de realizar llamadas a los proveedores y clientes, nunca tuvo contacto con las sustancias. Actualmente, cumple condena de seis a?os y cuatro meses por delito de drogas.

La reclusi¨®n de mujeres madres y cuidadoras en particular, puede tener consecuencias devastadoras para sus familias y comunidades. Peris sostiene que, en ausencia de redes s¨®lidas de protecci¨®n social, las personas dependientes quedan expuestas a situaciones de abandono y marginalidad. Incluso, la reclusi¨®n de las mujeres puede, parad¨®jicamente, aumentar la probabilidad de que las personas a su cargo consuman drogas o se vinculen a las redes ilegales de tr¨¢fico. Esta realidad incrementa la demanda de protecci¨®n social por parte de los Estados que, en general, suele ser desatendida. "El juez dice 'Usted no es apta para la sociedad, usted no es apta para vivir con sus hijos'... Pero cr¨¦eme, cuando t¨² est¨¢s sola con tres hijos...t¨² no puedes decir 'lo siento, no tengo para darte de comer, no tengo trabajo'", expresa Johana.

Entre las mujeres, algunas son a¨²n m¨¢s vulnerables a ser objeto de discriminaci¨®n en la aplicaci¨®n de las leyes de drogas: ind¨ªgenas, afrodescendientes y personas de orientaci¨®n sexual, identidad o expresi¨®n de g¨¦nero diversas, entre otros. "Por ejemplo, en Estados Unidos, las mujeres afroamericanas tienen siete veces m¨¢s probabilidades de ser encarceladas que las mujeres blancas. En Brasil, cerca de 55% de las mujeres encarceladas son afrodescendientes. El impacto negativo de las leyes de drogas en las mujeres ind¨ªgenas y campesinas ¡ªque dependen econ¨®micamente de la producci¨®n de cultivos de marihuana, coca y amapola¡ª tambi¨¦n debe tenerse en cuenta", explica Pieris. Al parecer, cuando se elimina su principal fuente de ingresos en efectivo, a trav¨¦s de campa?as de erradicaci¨®n forzada, o su encarcelamiento, se ven empujadas m¨¢s hacia la pobreza, las conduce al desplazamiento interno y genera violaciones de sus derechos humanos, acrecentando su situaci¨®n previa de vulnerabilidad y discriminaci¨®n.

Frenar la excesiva criminalizaci¨®n

Las organizaciones WOLA, el Consorcio Internacional sobre Pol¨ªticas de Drogas (IDPC), Dejusticia y la Comisi¨®n Interamericana de Mujeres de la OEA , en colaboraci¨®n con la Asociaci¨®n Costarricense para el Estudio e Intervenci¨®n en Drogas (ACEID) y Corporaci¨®n Humanas han unido esfuerzos para afrontar la situaci¨®n de las mujeres encarceladas por delitos de drogas. Han creado el Grupo de Trabajo del Proyecto sobre Mujeres, Pol¨ªticas de Drogas y Encarcelamiento en las Am¨¦ricas para promover pol¨ªticas que protejan los derechos de las mujeres afectadas por esta realidad y acaben con la criminalizaci¨®n injusta de personas que han cometido cr¨ªmenes no violentos relacionados con drogas.

La mayor¨ªa de las mujeres encarceladas tienen poca educaci¨®n, viven en condiciones de pobreza y son responsables del cuidado de personas dependientes

Nischa Pieris, investigadora

El grupo de trabajo ha publicado una gu¨ªa para el funcionariado p¨²blico: ¡°Mujeres, pol¨ªticas de drogas, y encarcelamiento: Gu¨ªa para la reforma pol¨ªtica en Am¨¦rica Latina y el Caribe¡±, la cual presenta una hoja de ruta, basada en salud p¨²blica, respetuosa de los derechos humanos y con perspectiva de g¨¦nero, para la implementaci¨®n de cambios de pol¨ªtica que puedan atender a las miles de mujeres encarceladas por delitos de drogas en Am¨¦rica Latina y el Caribe. Las reformas incluyen acciones de educaci¨®n y formaci¨®n que les permita salir de la c¨¢rcel y conseguir un trabajo digno.

La gu¨ªa incorpora orientaciones generales b¨¢sicas y fundamentales para toda la regi¨®n; ofrece una serie de recomendaciones categorizadas en siete temas espec¨ªficos: pol¨ªticas de drogas m¨¢s incluyentes, reformas a las pol¨ªticas de drogas, alternativas al encarcelamiento, cultivo o procesamiento de drogas, programas de inclusi¨®n social, mujeres embarazadas o con personas dependientes, y generaci¨®n y recopilaci¨®n de datos. Esta gu¨ªa es una herramienta para quienes desarrollan e implementan pol¨ªticas de drogas, que les permita hacerlas m¨¢s humanas y m¨¢s eficaces.

En el documento se explica c¨®mo Am¨¦rica Latina ha sido especialmente aquejada por los efectos de una perspectiva punitiva y represiva de las pol¨ªticas de drogas. Esta Gu¨ªa evidencia que las pol¨ªticas actuales no han logrado reducir el volumen del mercado de drogas, mientras las violaciones de los derechos humanos se han acrecentado. Se han exacerbado la violencia, los problemas de salud y de exclusi¨®n social, ha aumentado el uso problem¨¢tico de estupefacientes, se ha ido expandiendo el alcance y el poder de organizaciones del crimen organizado, y las instituciones estatales enfrentan una grave crisis, en particular los sistemas de justicia penal.

Pieris enfatiza que frente a la excesiva criminalizaci¨®n y encarcelamiento de la poblaci¨®n femenina, "es preciso realizar una revisi¨®n exhaustiva de las pol¨ªticas de drogas y reducir el n¨²mero de mujeres privadas de libertad". Es importante que estas pol¨ªticas asuman el principio jur¨ªdico de que la herramienta penal debe ser el ¨²ltimo recurso, y que los delitos de bajo nivel, cometidos por mujeres u hombres, "se deben penalizar con alternativas a la c¨¢rcel y garantizar la proporcionalidad de las penas".

Para Nischa Pieris es fundamental dar especial atenci¨®n al enfoque de g¨¦nero en el desarrollo, la implementaci¨®n y la evaluaci¨®n en las reformas de la legislaci¨®n y las pol¨ªticas de drogas. "Los sistemas de justicia penal deben ser capaces de tomar en consideraci¨®n circunstancias atenuantes como, por ejemplo, las de aquellas mujeres que tienen personas dependientes a su cargo o la situaci¨®n de aquellas que est¨¢n embarazadas. En ning¨²n caso, mujeres acusadas o condenadas por delitos de drogas no violentos deber¨ªan ir a la c¨¢rcel; para ellas, en cambio, se deben implementar medidas alternativas a la prisi¨®n. De hecho, las medidas alternativas al encarcelamiento son respuestas menos costosas y da?inas, y m¨¢s efectivas para enfrentar los delitos de drogas".

Pieris hace hincapi¨¦ en la necesidad de reconocer el enorme coste humano que causan las pol¨ªticas punitivas y su impacto desproporcionado sobre las mujeres y sus familias. Hace un llamado a evitar postergar el desarrollo de nuevas pol¨ªticas, intervenciones y programas que eliminen y aten¨²en los efectos negativos, que tomen en cuenta el enfoque de derechos y de g¨¦nero, que brinden nuevas oportunidades y quiten el estigma que cargan mujeres como ?ngela de Colombia que, con 24 a?os, ya ha cumplido cuatro de sus seis a?os de condena y desde la prisi¨®n expresa: "Yo no me considero una delincuente, porque no lo soy. Simplemente por amor, por ingenuidad... hice lo que hice".