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El pasado diciembre se cumplieron dos a?os desde que se inaugur¨® el inicio de la construcci¨®n del gran canal interoce¨¢nico de Nicaragua. Pero en lugar de m¨¢quinas y faenas obreras, un par de vacas deambulan en el camino de seis kil¨®metros que fue el primer y ¨²nico avance de la gran obra, convertido en un sendero fangoso.

Pero el movimiento campesino, que surgi¨® en contestaci¨®n a la construcci¨®n de la mega obra, contin¨²a manifest¨¢ndose en contra del proyecto. El 30 de noviembre la marcha anticanal organizada por el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberan¨ªa fue reprimida, con balas reales y de goma, por la polic¨ªa nicarag¨¹ense. El balance: siete heridos y 20 desaparecidos. El estancamiento de la construcci¨®n del canal no amortigua la furia de los campesinos, sino todo lo contrario. Para ellos, la situaci¨®n es prueba de lo que han venido denunciando: ¡°El canal es una cortina de humo, lo que quieren son las tierras¡±.

La ley detr¨¢s del canal

En 2013 el gobierno de Nicaragua entreg¨® la concesi¨®n para la construcci¨®n de un canal interoce¨¢nico a la empresa privada china HKND, dirigida por el empresario Wang Jing, mediante la aprobaci¨®n de la ley 840, tambi¨¦n conocida como Ley Canalera: una concesi¨®n otorgada sin haberse realizado una licitaci¨®n internacional, exonerada de todo tipo de tributaci¨®n, exclusiva por 50 a?os y prorrogable por otros 50 para el desarrollo del canal y otros siete subproyectos como puertos, zonas de comercio, un oleoducto y un aeropuerto, entre otros. M¨¢s la posibilidad de construir cualquier otra infraestructura que el inversionista considere necesaria. Para ello, cualquier propiedad ya sea privada, comunal, ind¨ªgena o p¨²blica, ubicada en cualquier parte del pa¨ªs, que sea requerida para la construcci¨®n de todo el proyecto o una parte de ¨¦l, ser¨¢ expropiada, afectando a m¨¢s de 100.000 familias.

Pero esta obra, que Gobierno y empresa califican como "la m¨¢s grande construida hasta ahora en el mundo", no tard¨® en ponerse en duda, al revelarse su inviabilidad econ¨®mica. A pesar de ello, la ley canalera ya hab¨ªa sido aprobada. Una ley que le quita el sue?o a los campesinos nicarag¨¹enses.

El proyecto est¨¢ estancado, pero eso no consuela a los campesinos: ¡°El canal es una cortina de humo, lo que quieren son las tierras¡±

La abogada M¨®nica L¨®pez, directora de la Fundaci¨®n para la Promoci¨®n y el Desarrollo Municipal Popolna, que asesora legalmente al Movimiento, explica que ¡°esto es una llamarada de excusas para apropiarse del territorio¡±. Lo anterior debido a que, ¡°seg¨²n la ley 840, si la empresa no materializa el canal h¨²medo, la concesi¨®n no vencer¨¢, puesto que el inversionista est¨¢ facultado para realizar de igual manera los subproyectos¡±. En otras palabras, ¡°el concesionario puede desarrollar subproyectos de manera ilimitada, lo que le permite expropiar terrenos de manera indiscriminada pagando la tierra a precio catastral¡±, asegura Carlos Fernando Chamorro, director de la revista Confidencial, de gran influencia en Centroam¨¦rica.

¡°Ortega vende patria¡±, reclaman los carteles de las marchas organizadas por el Movimiento Campesino que exige la derogaci¨®n de la ley, a la que acusan de ¡°poner en riesgo la soberan¨ªa de Nicaragua¡±.

Y es que la concesi¨®n establece que el Gobierno renuncia a cualquier derecho de inmunidad soberana comprometi¨¦ndose a efectuar una reforma a la Constituci¨®n para garantizar dicha renuncia. Y que ante cualquier ¡°evento desestabilizador¡± que impida el normal desarrollo del proyecto o de cualquiera de los subproyectos, el Gobierno deber¨¢ indemnizar al inversionista. Para garantizar esto ¨²ltimo, ¡°el presupuesto anual del a?o, que en ese momento est¨¦ en curso, deber¨¢ incluir dichos egresos a trav¨¦s de enmienda o cualquier otra forma¡±. De esta manera, seg¨²n M¨®nica L¨®pez, la concesi¨®n ¡°se constituye en una especie de cheque en blanco en el que el Gobierno ha dejado como garant¨ªa las reservas del tesoro de Nicaragua¡±.

¡°Esa es una percepci¨®n de un grupo aqu¨ª que tiene cierta afinidad pol¨ªtica", explica el presidente de la Junta Gubernamental del Gran Canal, Manuel Coronel Kautz. ¡°Porque uno lee la concesi¨®n y la compara con cualquier otro arreglo como el del Canal de Panam¨¢, por ejemplo, y esto est¨¢ de tal manera que a 50 a?os nosotros vamos a ser due?os del 51% del total de la obra. No as¨ª el Canal de Panam¨¢, donde para esto tuvieron que esperar 100 a?os".

Por otra parte, en lo que concierne al inversionista, ¨¦ste no ser¨¢ sujeto a acciones penales por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas, puesto que no le pueden ser aplicadas las leyes nacionales. De todas maneras, la responsabilidad legal del inversionista se diluye en una mara?a de 15 sociedades que est¨¢n detr¨¢s de HKND, y que gestionan el proyecto del canal. La informaci¨®n sobre qui¨¦nes son los accionistas de estas empresas permanece en una nebulosa, por lo que la pregunta de a qui¨¦n fueron cedidos estos derechos queda a¨²n sin responder.

Por ¨²ltimo, la ley establece que no podr¨¢n ser aplicados los controles de la superintendencia de banco a la gesti¨®n financiera del proyecto, y el inversionista podr¨¢ proponer al presidente nuevas leyes o modificaciones a las ya existentes para garantizar su ¨¦xito.

Todo esto ha hecho que emerja la indignaci¨®n del movimiento campesino que, con canal o no, continua persistente. Indignaci¨®n que en palabras del Manuel Coronel Kautz, "ha sido una constante y seguir¨¢ si¨¦ndolo¡­ porque es l¨®gico que si las personas escuchan que se van a afectar sus modos de vida, reaccione¡±. ¡°El terreno sigue siendo nicarag¨¹ense. Todo all¨ª es bajo las leyes nicarag¨¹enses y todo lo que es el ¨¢mbito de la soberan¨ªa est¨¢ totalmente claro y definido¡±, a?ade.

Un arriendo poco claro

Seg¨²n el Presidente de la Junta Gubernamental del Gran Canal ¡°el gobierno ya ha comunicado el dise?o de la casas que se van a entregar y los lugares donde ser¨¢n reubicadas las personas¡±. Adem¨¢s, asegura que el ejecutivo ha confirmado su compromiso en lo que respecta la compensaci¨®n econ¨®mica que, ¡°aunque a¨²n no se ha revelado, obviamente va a ser mucho mejor de lo que tienen ahora, puesto que las personas viven en condiciones muy precarias¡±. Sin embargo, no existen documentos p¨²blicos que confirmen lo anterior y, seg¨²n se?alan las comunidades, a la fecha no se ha realizado entre los posibles afectados una consulta p¨²blica, ni se ha presentado una propuesta detallada para la adquisici¨®n de tierras, reubicaci¨®n y compensaci¨®n.

El Gobierno asegura que aquellos que tengan que desplazarse ser¨¢n recomensados con mejores condiciones de las que ten¨ªan

En mayo del a?o pasado se llev¨® a cabo un arriendo indefinido de tierras ind¨ªgenas de la costa caribe, en el marco de la construcci¨®n del gran canal. Sin embargo, una comisi¨®n conformada por miembros de la Fundaci¨®n Popolna, del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Ind¨ªgenas (CALPI), del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberan¨ªa y observadores internacionales, aseguraron que las poblaciones de las comunidades involucradas en el acuerdo no fueron consultadas de manera previa, libre e informada, para dar su consentimiento a la firma. Adem¨¢s, los dirigentes comunales aseguran haber sido suplantados, en la firma de dicho acuerdo, por personas asignadas por el Gobierno. "Hizo otra certificaci¨®n, poniendo en representaci¨®n a otra persona. Yo soy el presidente de la comunidad y mi firma es la ¨²nica que tiene validez", asegura Carlos Wilson Billis presidente de la comunidad Bangkukuk, de la costa Caribe. Al respecto, Manuel Coronel Kautz asegura que eso no es cierto. "El Gobierno no se mete de esa manera tan directa en esos temas. Hizo un arreglo, firmamos unos documentos, personalmente lo hice con un grupo de 20, 30 representantes; cuando hicimos eso todo el mundo estuvo de acuerdo¡±.

El pu?o antiorteguista

Desde la reelecci¨®n de Daniel Ortega en 2006, diferentes movimientos contestatarios han surgido en el territorio nacional y los nicarag¨¹enses coinciden en que el movimiento campesino de lucha contra el canal, es el m¨¢s representativo de todas estas batallas.

El discurso de apoyo a los pobres sobre el que Ortega sostiene su popularidad ¡°por primera vez es enfrentado, de forma directa y descarnada, por militantes mismos del Frente Sandinista de Liberaci¨®n Nacional (FSLN) que est¨¢n entre ese campesinado¡±, se?ala el soci¨®logo Manuel Ortega, exasesor presidencial del Frente Sandinista en la d¨¦cada de los ochenta.

Para los protagonistas del principal movimiento contestatario al gobierno, el proyecto del gran canal es un ataque personal, a sus bienes, a sus modos de vida y tambi¨¦n a su ideolog¨ªa. ¡°Nos sentimos traicionados¡±, dice Medardo Mairena, campesino y vicecoordinador del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberan¨ªa. ¡°La gente siente ser sandinista, pero el Frente no est¨¢ respondiendo a las promesas que les hicieron y lo que est¨¢n haciendo es quitarles lo que ellos tienen, lo que a ellos les ha costado¡±.

A pesar de esto, el Frente Sandinista contin¨²a gozando de la gran popularidad que le otorg¨® la reelecci¨®n en noviembre del 2016 . Las demandas de los campesinos, consideradas demasiado puntuales a sus intereses, mantienen al movimiento alejado de la ciudad donde se concentra el apoyo al FSLN, seg¨²n explica Manuel Ortega.

Sin embargo, el aumento del autoritarismo del Estado, la debilidad de la oposici¨®n pol¨ªtica y la presi¨®n de los movimientos sociales tienen preocupados a los nicarag¨¹enses. Temen que la falta de alternativas por la v¨ªa c¨ªvica pueda derivar en situaciones de violencia y que se abra para Nicaragua lo que el soci¨®logo augura como ¡°una etapa de inestabilidad, ingobernabilidad, polarizaci¨®n y conflicto¡±. M¨®nica L¨®pez, por su parte, espera que el gobierno sepa rectificar y no cometa el "error de arrinconar a las comunidades" que han estado protestando.