Trump y los minerales en conflicto
Estados Unidos da un paso atr¨¢s en la regulaci¨®n de industrias extractivas que puedan implicar violaci¨®n de Derechos Humanos. La Uni¨®n Europea vota hoy para retomar el liderazgo en esta legislaci¨®n
El de las industrias extractivas ha sido tradicionalmente uno de los sectores menos transparentes que existen en esta econom¨ªa globalizada, ya de por s¨ª opaca para el com¨²n de los mortales. Enti¨¦ndase por industrias extractivas los negocios y las empresas dedicados a ¡°la exploraci¨®n, la extracci¨®n, la comercializaci¨®n, el procesamiento y otras actividades importantes relacionadas con el gas, el petr¨®leo o los minerales¡±. Muchas de las empresas dedicadas a estos menesteres son multinacionales, es decir, su actividad trasciende fronteras. Pueden tener la matriz en Estados Unidos, Inglaterra o Canad¨¢, y operar (directa o indirectamente, a trav¨¦s de una subcontrata) en terceros pa¨ªses.
La presencia en un pa¨ªs de abundantes reservas de estas materias primas, por otra parte, constituye un poderoso incentivo para la corrupci¨®n de las ¨¦lites o la acci¨®n de grupos armados, que pueden ganar enormes fortunas chanchulleando con estos recursos. As¨ª, los beneficios de su venta a menudo salen hacia el exterior o se pierden por el camino, mientras que para las comunidades locales s¨®lo quedan los da?os de la contaminaci¨®n medioambiental, la amenaza del desplazamiento forzoso o el silencio impuesto por los asesinatos selectivos y la represi¨®n.
All¨¢ por 2010, dos a?os despu¨¦s de que estallara la Gran Recesi¨®n, la misma que oblig¨® al Gobierno estadounidense a rescatar a la banca a cargo del contribuyente, el entonces presidente Obama aprob¨® la Ley de Reforma de Wall Street, tambi¨¦n conocida como la ley Dodd Frank. Su finalidad era proteger al consumidor de los desmanes del sector financiero, aportando mayores controles y fomentando la transparencia empresarial.
No obstante, aprovechando la idoneidad del momento para corregir las disfunciones del mercado y luchar contra la opacidad, se incorporaron dos cl¨¢usulas que afectan directamente a las industrias extractivas. La secci¨®n 1504, que obliga a las industrias estadounidenses del gas, el petr¨®leo o la miner¨ªa a hacer p¨²blicos los pagos que realizan a Gobiernos extranjeros para acceder a estos recursos. Y la secci¨®n 1502, que exige a las empresas que emplean de cuatro minerales concretos (oro, tungsteno, wolframio y tantalio, tambi¨¦n conocidos como 3TG por sus siglas inglesas y altamente demandados por las industrias electr¨®nicas) a investigar y tomar las medidas pertinentes si su procedencia se halla en las zonas en conflicto existentes en la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo y los nueve pa¨ªses colindantes.
Ambas reglamentaciones, aun con sus debilidades, supusieron un gran avance a nivel mundial. No s¨®lo por dotar de car¨¢cter vinculante a las recomendaciones de la OCDE sobre la diligencia debida, contribuyendo as¨ª al desarrollo legislativo de los principios de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; sino porque su aplicaci¨®n hizo posible conocer mejor c¨®mo funcionan las cadenas de suministro global de estas industrias, proporcionando informaci¨®n importante tanto para la lucha contra la corrupci¨®n como para la concienciaci¨®n de los consumidores. Por estas razones las dos secciones mencionadas m¨¢s arriba han inspirado leyes similares en otros pa¨ªses.
Sin embargo, la nueva administraci¨®n Trump, en su b¨²squeda de la grandeza perdida, ha decidido acabar con este particular legado de Obama y lo est¨¢ haciendo en tiempo r¨¦cord. Lo hab¨ªa prometido en campa?a, pero las dudas sobre si ser¨ªa capaz de cumplir o no comenzaron a despejarse cuando nombr¨® a Rex Tillerson, exdirector ejecutivo de la petrolera Exxon Mobile y un enemigo declarado de la Dodd Frank, como Secretario de Estado. El mensaje para las industrias extractivas era claro: los d¨ªas de vino y rosas han vuelto, ?Qu¨¦ empiece la fiesta!
El pasado mes de febrero, el Congreso de los Estados Unidos logr¨® tumbar la secci¨®n 1504, relativa a la transparencia de los pagos a Gobiernos extranjeros, y poco despu¨¦s se filtr¨® la orden ejecutiva firmada por el propio Trump para hacer lo mismo con la 1502, que afecta al suministro de ¡°minerales en conflicto¡± procedentes de los Grandes Lagos africanos.
Trump, en su b¨²squeda de la grandeza perdida, ha decidido acabar con este particular legado de Obama
?sta ¨²ltima ya fue atacada durante su implementaci¨®n por los lobbies de las industrias afectadas que pidieron su derogaci¨®n ante el Tribunal Supremo alegando que la obligaci¨®n de publicar si sus productos contienen o no ¡°minerales en conflicto¡± vulneraba la primera enmienda (es decir, su libertad de expresi¨®n o, mejor dicho, su derecho a ¡°no declarar p¨²blicamente c¨®mo hacen negocios¡± que es lo que buscaban realmente). Si aquella argumentaci¨®n parec¨ªa rebuscada, la empleada ahora por la administraci¨®n Trump puede calificarse directamente como una mentira fabricada mediante la selecci¨®n de datos aleatorios y la exageraci¨®n interesada de los costes de su implementaci¨®n.
Es mucho m¨¢s f¨¢cil entender las resistencias a esta legislaci¨®n a partir de las palabras pronunciadas por Obama poco antes de aprobarla: ¡°Los ¨²nicos que deber¨ªan temer el tipo de supervisi¨®n y transparencia que proponemos son aquellos cuya conducta no superar¨ªa este escrutinio¡±. ?stos son los mismos, me temo, que ahora est¨¢n al mando.
As¨ª pues, mientras Estados Unidos parece empe?ado en dar pasos atr¨¢s, la Uni¨®n Europea tiene una oportunidad ¨²nica para retomar el liderazgo en este tipo de legislaciones. El pasado diciembre se lleg¨® a un acuerdo pol¨ªtico sobre la regulaci¨®n europea del suministro responsable de ¡°minerales en conflicto¡± y, salvo sorpresas de ¨²ltima hora, la ley se aprobar¨¢ por votaci¨®n el pr¨®ximo 15 de marzo. Las ONG europeas hemos sido cr¨ªticas con el contenido, pero, pese a sus limitaciones, creemos que es positivo contar con una legislaci¨®n y seguiremos de cerca su implementaci¨®n.
Porque si no exigimos esa transparencia y control a las empresas que comercian con los recursos naturales, los flujos de dinero seguir¨¢n siendo opacos, las ¨¦lites de pa¨ªses en desarrollo seguir¨¢n corrompi¨¦ndose y las violaciones de derechos humanos en seguir¨¢n quedando impunes. Desde la Campa?a Tecnolog¨ªa Libre de Conflicto, de ALBOAN, queremos formar una ciudadan¨ªa cr¨ªtica con estas cuestiones, dispuesta a ayudar a quienes sufren la violencia de los conflictos mineros y a pelear en su nombre para exigir a nuestras autoridades que regulen las cadenas de suministro de estos minerales.
Guillermo Otano es t¨¦cnico de incidencia de la campa?a Tecnolog¨ªa Libre de Conflicto. Fundaci¨®n ALBOAN.
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