Por responsabilidad

Es dif¨ªcil que alguien pueda alegar que los ¨²ltimos acontecimientos le han pillado desprevenido. La existencia de redes de financiaci¨®n ilegal en el Partido Popular, que dieron lugar a importantes desv¨ªos de dinero p¨²blico en diferentes Comunidades, Ayuntamientos y empresas p¨²blicas, es desde hace tiempo una evidencia. Una certeza tan manifiesta que obliga a plantearse si un partido con semejante grado de corrupci¨®n puede dirigir un pa¨ªs y, si no es as¨ª, qu¨¦ soluci¨®n puede encontrarse en el momento actual.

No es serio afirmar que una cosa es un partido, ente libre de toda culpa, y otra sus dirigentes, porque los partidos no son seres capaces de definirse a s¨ª mismos. La experiencia demuestra que la ¨²nica manera de terminar con la corrupci¨®n enraizada en una organizaci¨®n es que, desde dentro, se promueva una radical renovaci¨®n de los ¨®rganos de direcci¨®n. Y eso no suele suceder salvo con un serio castigo electoral (como tuvo el PP, que perdi¨® de 2011 a 2016 tres millones de votos y 51 dipu?tados) y la consiguiente salida del Gobierno (lo que no ocurri¨®, primero porque Podemos se equivoc¨® de estrategia y sigue haci¨¦ndolo, minusvalorando la fuerza de sus 71 diputados, oscurecidos por un simple autob¨²s, y despu¨¦s porque el PSOE decidi¨® no dar una batalla, sino defender una trinchera).

Es posible que ese debate no tuviera lugar porque muchos de quienes deb¨ªan participar en ¨¦l, dentro y fuera de los partidos, pensaron que, por encima de todo, el valor que preservar era la estabilidad, amenazada por la crisis econ¨®mica y por la existencia de un movimiento independentista catal¨¢n. Es un gran valor democr¨¢tico, sin duda, pero no es posible hablar de democracia ignorando las instituciones, y si hay algo que las deteriora es la corrupci¨®n que pone en peligro al sistema mismo. M¨¢s aun cuando ese sistema est¨¢ exigiendo un esfuerzo descomunal a los ciudadanos para hacer frente a una crisis con duras consecuencias sociales.

El da?o producido por la corrupci¨®n pol¨ªtica en las instituciones democr¨¢ticas no ha sido suficientemente resaltado. Es el mayor problema de la vida pol¨ªtica espa?ola y por eso mismo deber¨ªa dar origen a un debate que permita encontrar soluci¨®n a la vergonzosa situaci¨®n actual. El deterioro de las instituciones, cuyo ¨²ltimo episodio ata?e a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y a la Fiscal¨ªa General del Estado, no es un problema de izquierda ni de derecha, sino de pol¨ªticos responsables, capaces de asumir su principal obligaci¨®n en momentos de emergencia.

Algo hemos hecho todos muy mal cuando no es posible siquiera plantear una reflexi¨®n sobre c¨®mo salir de este embrollo. ?Qu¨¦ ha pasado para que no haya en los partidos, ni en la sociedad, voces capaces de pedir un acuerdo pol¨ªtico que desatranque el desag¨¹e?

No se trata de hacer un juicio paralelo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni de reprocharle actos que no est¨¢ demostrado que haya cometido. Pero tampoco de pensar que es un h¨¦roe que hace frente a un problema del que no tiene responsabilidad. H¨¦roe ser¨¢ quien sea capaz dentro del PP de abrir el debate, recordando que, como dec¨ªa Eisenhower, no hay que depender de la integridad de las personas, sino de la integridad de las instituciones. Se trata, pues, de constatar que Rajoy no est¨¢ en condiciones de ejercer la presidencia del Gobierno porque se encuentra obligado a hacer permanentes fintas ante la justicia, porque esa situaci¨®n le ha llevado a mantener afirmaciones que no se ajustan a la realidad, y porque no es posible ejercer la presidencia sometiendo al pa¨ªs a una desmoralizaci¨®n continua.

Se trata de constatar que las instituciones, incluida la presidencia del Gobierno, tienen un problema de credibilidad y de encontrar una soluci¨®n provisional, negociada con el principal partido, el PP. Por responsabilidad.