Dar a luz entre la violencia

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A M¨®nica* la ingresaron al Hogar Seguro V¨ªrgen de la Asunci¨®n en febrero, luego de que su padre sufriera un derrame cerebral. 20 d¨ªas despu¨¦s, el pasado 7 de marzo ocurri¨® un amotinamiento en este centro, uno de los m¨¢s importantes de Guatemala y que superaba la capacidad de ni?os y adolescentes que por espacio y atenciones deb¨ªa acoger. El personal de la Secretar¨ªa de Bienestar Social intent¨® controlar la protesta juvenil, que denunciaba los maltratos y violaciones sexuales que los ni?os y ni?as alegaban hab¨ªan sido sometidos. Precisamente, meses atr¨¢s la Procuradur¨ªa de Derechos Humanos hab¨ªa reportado hechos por abuso infantil. Esa noche el mot¨ªn empeor¨® y en la madrugada del 8 de marzo, D¨ªa Internacional de la Mujer, encerraron bajo llave a m¨¢s de 50 ni?as en un aula, quienes provocaron un incendio para que las dejaran salir. Eso no ocurri¨® inmediatamente. El fuego cobr¨® las vidas de 40 de ellas. M¨®nica se salv¨® pero su nivel de quemaduras fue tan elevado que, junto con otras de sus compa?eras, fue trasladada a un hospital en Galveston, Texas, para recibir tratamiento m¨¦dico especializado.

Entre los cientos de sobrevivientes de este mot¨ªn e incendio en el centro de protecci¨®n, ubicado en San Jos¨¦ Pinula, se encontraban nueve adolescentes embarazadas. Todas ellas, entre los 13 y los 17 a?os, hab¨ªan llegado all¨ª en estado de gestaci¨®n. Aunque se desconocen las condiciones por las cuales llegaron al albergue estatal ¡ªsi por abandono, huir de sus casas, ingresadas por sus padres o rescatadas de situaciones de violencia¡ª, lo que s¨ª alarma de este caso de Hogar Seguro es la falta de protecci¨®n del Estado de Guatemala hacia la ni?ez y particularmente, hacia la seguridad y salud de ni?as y adolescentes.

¡°Si ac¨¢ todav¨ªa no se cumplen a cabalidad los derechos reproductivos de las mujeres, menos los de las ni?as. Si las mujeres en Guatemala no somos sujetas muchas veces de derecho, las ni?as todav¨ªa menos. Las mujeres vivimos violencia pr¨¢cticamente desde que nacemos¡±, dice Linda Valencia,oficial de programa de Planned Parenthood Global para Guatemala.

Guatemala es uno de los pa¨ªses con las tasas m¨¢s altas de fertilidad adolescente en Latinoam¨¦rica

Seg¨²n la tambi¨¦n m¨¦dica, estudios realizados sobre ni?as menores de 14 a?os que han sido v¨ªctimas de violencia sexual revelaron que el 80 % de los perpetradores ¡°eran familiares cercanos a ellas¡±. Sin embargo, la situaci¨®n se complica cuando, como resultado de estos delitos con tendencia a quedar impunes, se producen embarazos.

Guatemala es uno de los pa¨ªses con las tasas m¨¢s altas de fertilidad adolescente en Latinoam¨¦rica. En 2016 se registraron en el pa¨ªs un total de 79.626 nacimientos de madres ni?as y adolescentes, 2.504 entre 10 y 14 a?os y 77.122 correspondientes a edades de 15 a 19 a?os, seg¨²n cifras del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR).

¡°Por ley, todo embarazo en una ni?a menor de 14 a?os es secundario a violencia sexual [delito]. En los ¨²ltimos cinco a?os, Guatemala ha avanzado en el monitoreo de estos embarazos, implementaci¨®n de una ruta de atenci¨®n integral a estas ni?as, desnaturalizando la gestaci¨®n en ni?as, y uniendolo al tema de delito y denuncia¡±, explica Mirna Montenegro, doctora y directora de OSAR.

Montenegro enlista la pobreza, el machismo, la falta de educaci¨®n integral en sexualidad, la violencia sexual y las pocas oportunidades de estudio y planes de vida como factores asociados que contribuyen al alza en la maternidad infantil. La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015 (un medidor de OSAR) indica que el riesgo de quedar embarazada ¡ªno necesariamente a consecuencia de una violaci¨®n sexual¡ª, es siete veces mayor en adolescentes que no cuentan con acceso a la educaci¨®n y se multiplica por tres en adolescentes provenientes de los lugares m¨¢s pobres.

¡°Ahora existe un mayor reconocimiento de los casos, hemos tenido denuncias por alcaldes auxiliares, familiares, maestros. Se inici¨® la ruta de atenci¨®n integral, pero muchas veces la ni?a es rescatada y llevada a un albergue seguro en vez de ser el agresor el que deba salir de la casa o apresarlo¡±, relata Montenegro, quien a?ade que ¡°el sistema de protecci¨®n social hacia estas ni?as no es eficiente, el embarazo y la maternidad son forzadas¡±.

Posibles secuelas del conflicto armado interno

Para Paula Barrios, abogada y fundadora de Mujeres Transformando el Mundo, en Guatemala la violencia sexual contra ni?as, adolescentes y mujeres es uno de los legados del conflicto armado interno (1960-1996).

¡°Hay una violencia institucionalizada y deriva del conflicto armado interno. Desde entonces siempre el inter¨¦s de los gobiernos ha sido mantener el silencio. Que no conozcamos la historia de lo que realmente pas¨®, no conozcamos las masacres ni la violencia sexual que se cometi¨® contra las mujeres como un arma de guerra. Eso no ha sido parte de los planes y las pol¨ªticas del Estado para caminar hacia una paz duradera¡±, cuenta.

Valencia, quien vivi¨® parte de ese per¨ªodo hist¨®rico, recuerda que durante la guerra civil ¡°las ni?as y las mujeres quedaron en medio de un conflicto donde ambos bandos, tanto el ej¨¦rcito como la guerrilla, las tomaron como bot¨ªn de guerra. Llegaban a una poblaci¨®n y lo que hac¨ªan era violar a las mujeres. Posterior a eso, quedan las secuelas. Queda una sociedad que vio los horrores de la guerra¡±.

Cuando se firm¨® la paz, la sociedad guatemalteca encar¨® otros problemas que se sumaron al reto del posconflicto tales como el crecimiento de las pandillas, el narcotr¨¢fico y la trata humana en Centroam¨¦rica que s¨®lo empeoraron la situaci¨®n de la mujer en el pa¨ªs y la regi¨®n, seg¨²n relat¨® Valencia.

Con su organizaci¨®n Mujeres Transformando el Mundo, Barrios y su equipo legal han hecho acompa?amientos a mujeres v¨ªctimas de violencia sexual durante el conflicto armado perpetrados por el ej¨¦rcito, entre ellos el caso Sepur Zarco por hechos de esclavitud sexual cometidos contra mujeres q¡¯eqchi. A¨²n hoy, contin¨²a brindando apoyo a la comunidades ind¨ªgenas con mayores registros de violaciones de g¨¦nero en departamentos tales como Escuintla, Chiquimula, Ciudad de Guatemala y Quich¨¦, entre otros.

Estudios realizados sobre ni?as menores de 14 a?os que han sido v¨ªctimas de violencia sexual revelaron que el 80 % de los perpetradores eran familiares cercanos a ellas

¡°En los casos que hemos llevado de violencia sexual, hemos visto sobre todo en ni?as y adolescentes que hay un patr¨®n sistem¨¢tico de violaci¨®n. No es solo una aislada, sino que pareciera que entre los hombres hay un convenio de que una ni?a es violable y abusan m¨¢s¡±, explic¨®.

Uno de los temas que m¨¢s preocupan a Barrios ha sido la contrataci¨®n de exmilitares para prestar seguridad en los albergues estatales, como Hogar Seguro Virgen de la Asunci¨®n, y que a pesar de las acusaciones de maltrato infantil, se repita la cultura de violencia contra las j¨®venes y persista la impunidad.

Su colega Jennifer Bravo considera la falta de inter¨¦s y ayuda por parte del Estado somete a las ni?as a un ¡°ciclo¡± en el que al quedar embarazadas a temprana edad ¡ªsea producto de una violaci¨®n o relaci¨®n de consentimiento¡ª tengan pocas opciones. En el pa¨ªs, el aborto es prohibido a menos que se compruebe que la vida de la madre est¨¢ en peligro pero pocas son las adolescentes que tienen la posibilidad de acceder a estos mecanismos de verificaci¨®n. Son m¨¢s las que deben dar a luz y, al verse con limitados recursos para cuidar al beb¨¦, en ocasiones recurren a abandonarlo/a en albergues estatales, repitiendo as¨ª historias. ¡°Es necesario generar un mecanismo de protecci¨®n de la ni?ez que incluya la reparaci¨®n de las ni?as v¨ªctimas y reconstrucci¨®n de sus proyectos de vida¡±, dice Bravo.

Aunque existen programas de orientaci¨®n sexual y salud reproductiva de la sociedad civil e instituciones privadas que alcanzan zonas rurales, las organizaciones civiles abogan por un mayor apoyo del Estado tanto para la reducci¨®n de violencia de g¨¦nero y el registro de violaciones as¨ª como tambi¨¦n para la fiscalizaci¨®n de los delitos. ¡°No podemos ir normalizando que ni?as de nueve y diez a?os sean madres¡±, sentencia Barrios.

El Gobierno de Guatemala invierte el 1 % de su Producto Interno Bruto a la salud reproductiva, que proviene del 15% de impuesto a bebidas alcoh¨®licas y que, a juicio de OSAR, ese n¨²mero deber¨ªa subir a un 4%.

M¨®nica* es un nombre ficticio para preservar la intimidad de la menor.