Nueva financiaci¨®n

El dise?o de un nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica es, desde hace tiempo, una exigencia ampliamente aceptada. Las comunidades son piezas centrales en nuestro ordenamiento constitucional, llevan a cabo m¨¢s de una tercera parte del gasto final total y mantienen a m¨¢s de la mitad del personal p¨²blico. La gesti¨®n de muchos servicios, en especial aquellos m¨¢s expresivos del bienestar, como la sanidad, la educaci¨®n o la dependencia, las convierten en la principal manifestaci¨®n de los avances en la prosperidad, en el reflejo de gran parte de los resultados de la actividad pol¨ªtica.

Una significaci¨®n y trascendencia tal no se corresponde con las insuficiencias del sistema de financiaci¨®n, con la improvisaci¨®n con que se han ido tratando de cubrir los problemas. Los sucesivos parches han aumentado la autonom¨ªa tributaria de las comunidades y generado una complejidad del sistema que no ha resuelto los verdaderos problemas de suficiencia y de asignaci¨®n de los recursos. Los principios b¨¢sicos de equidad y eficiencia, o la propia responsabilidad fiscal de esas Administraciones, han quedado hipotecados. La sensaci¨®n de agravio, incluso de enfrentamiento entre autonom¨ªas, ya fuera por la suficiencia de prestaciones o la imposici¨®n fiscal relativa, ha sido una constante. La crisis reciente demostr¨® que el modelo en vigor tampoco garantizaba la existencia de mecanismos de estabilizaci¨®n frente a choques como el sufrido a partir de 2008.

Por eso fue una buena iniciativa de la Conferencia de Presidentes Auton¨®micos del pasado 17 de enero de tratar de aportar un diagn¨®stico y un esquema de propuestas amparadas en el m¨¢ximo de rigor t¨¦cnico, al margen de las tensiones propias de los pol¨ªticos regionales. El informe generado por la correspondiente comisi¨®n de expertos el pasado julio mejora la situaci¨®n precedente. Trata de simplificar el modelo desde los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garant¨ªa de acceso de los ciudadanos a los servicios p¨²blicos en funci¨®n del coste efectivo de los mismos. La solidaridad interregional es, por tanto, el pilar b¨¢sico del mismo. Pero no suficiente.

Es necesario adem¨¢s, como se deduce del informe, una mayor autonom¨ªa y corresponsabilidad fiscal. Y todo ello sobre la base de la mayor simplicidad posible, de la reducci¨®n de los numerosos fondos de compensaci¨®n que vician en muchos casos el sistema de asignaci¨®n.

Si reducir la complejidad y aumentar la transparencia son condiciones para la asunci¨®n de los ciudadanos del sistema de descentralizaci¨®n pol¨ªtica existente, el principio de solidaridad debe ser la pieza central del sistema. En un pa¨ªs con desigualdades econ¨®micas todav¨ªa muy acusadas es necesario que la condici¨®n de ciudadano vaya estrechamente asociada a la equidad en el acceso a los servicios p¨²blicos b¨¢sicos. En la magnitud de esa solidaridad no es el juicio de los expertos el que solo debe contar, sino un verdadero acuerdo pol¨ªtico. Del mismo depender¨¢ la justificaci¨®n de la descentralizaci¨®n, de las aspiraciones de formalizar un Estado federal. Concretar el calendario prometido por el Gobierno ser¨ªa hoy una respuesta importante en la disposici¨®n de una visi¨®n de convivencia a largo plazo en nuestro pa¨ªs.