Estado democr¨¢tico o revoluci¨®n

El d¨ªa 6 de septiembre, mientras se aprobaba en el Parlament la primera de las leyes de desconexi¨®n, la del ¡°refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n¡±, dos expresidentes de la C¨¢mara, Ernest Benach y N¨²ria de Gispert, reconoc¨ªan en televisi¨®n que la manera en la que sus correligionarios independentistas se dispon¨ªan a aprobar las leyes no era demasiado ortodoxa, pero lo justificaban en que no les hab¨ªa quedado m¨¢s remedio que hacerlo as¨ª. Esa es la coartada oficial. Los suyos, dec¨ªan, solo quer¨ªan cargarse la Constituci¨®n, no el Estatut, ni el reglamento del Parlament ni el Consell de Garanties Estatut¨¤ries, pero esto del ordenamiento jur¨ªdico es tan complicado que al final no hab¨ªa m¨¢s remedio que arrasar con todo para poder consumar la voluntad del pueblo. Concretamente, la del 47,8% del pueblo catal¨¢n.

Esa es la clave de lo que estamos viviendo: era necesario derribar el orden legal establecido (nuestro Estado de derecho y nuestra institucionalidad deliberativa), para situar en su lugar un ¡°nuevo¡± orden por la fuerza, y eso tiene un nombre: revoluci¨®n. Digan lo que digan, nadie les ha obligado a intentar destruirlo todo, nadie les ha forzado a situar las instituciones catalanas al margen de la ley. Podr¨ªan haber intentado alcanzar sus objetivos mediante la reforma del orden existente, consiguiendo de entrada una mayor¨ªa cualificada en el Parlament, los dos tercios que exige el Estatut para la toma de decisiones de especial trascendencia, pero han optado por la v¨ªa r¨¢pida de la ruptura. Han tratado de aprovechar una coyuntura pol¨ªtica favorable para explorar la senda revolucionaria sin miramientos, para regocijo de la CUP. Decidieron abandonar por su cuenta el ordenamiento jur¨ªdico democr¨¢tico y apostar por las decisiones pol¨ªticas ajenas al Derecho, y eso tambi¨¦n tiene un nombre: decisionismo.

Tras la II Guerra Mundial, el decisionismo pol¨ªtico teorizado por Carl Schmitt parec¨ªa haber perdido definitivamente la batalla frente al constitucionalismo normativo preconizado por Hans Kelsen. Para Kelsen, la democracia no es solo la aplicaci¨®n del principio de la mayor¨ªa, sino tambi¨¦n el respeto a los derechos y las libertades individuales y de las minor¨ªas, protegidos por una norma fundamental, la Constituci¨®n, que se sit¨²a en la c¨²spide de la pir¨¢mide normativa. Kelsen prev¨¦ la existencia de un Tribunal Constitucional que vele por el cumplimiento de la Constituci¨®n, preserv¨¢ndola de posibles excesos de la mayor¨ªa. Si Kelsen levantara la cabeza hoy en Catalu?a, alucinar¨ªa con las leyes de desconexi¨®n, que hablan de un proceso constituyente no supeditado a las decisiones del Tribunal Constitucional.

El decisionismo no conoce l¨ªmites jur¨ªdicos, de ah¨ª el semblante indolente de Puigdemont y Junqueras

As¨ª, no es de extra?ar que en los ¨²ltimos d¨ªas los acad¨¦micos constitucionalistas, tan poco dados a la exposici¨®n p¨²blica, hayan expresado a trav¨¦s de manifiestos su preocupaci¨®n por la deriva antijur¨ªdica desencadenada desde la aprobaci¨®n de la ley del refer¨¦ndum en el Parlament. El primero de esos manifiestos lo han firmado m¨¢s de 200 profesores de Derecho Constitucional de toda Espa?a, 20 de ellos catalanes, los m¨¢s prestigiosos entre la academia internacional. Xavier Arb¨®s, Francesc de Carreras, Josep Maria Castell¨¤, V¨ªctor Ferreres, Enric Fossas y Teresa Freixes, entre otros, se?alan que la ley del refer¨¦ndum es claramente contraria al ordenamiento constitucional y al derecho internacional y piden a las autoridades catalanas que, ¡°por respeto al Estado de derecho, se abstengan de realizar cualquier acci¨®n que suponga eludir la suspensi¨®n de las normas acordada por el Tribunal Constitucional¡±.

Como acad¨¦micos de distintas convicciones ideol¨®gicas y sensibilidades en cuanto a la organizaci¨®n territorial del Estado, se limitan a defender los principios del constitucionalismo democr¨¢tico que explican a sus alumnos. Todo lo contrario de lo que han hecho algunos de sus colegas, que se han dedicado a enmascarar con una p¨¢tina de juridicidad los abusos de unos pol¨ªticos decididos a destruir el orden jur¨ªdico democr¨¢tico en Catalu?a. Est¨¢ claro que han dejado de creer en los principios del constitucionalismo democr¨¢tico y se han pasado a la revoluci¨®n, de la que son servidores cualificados. Empezando por el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer, espl¨¦ndidamente retribuido por el Govern, Enoch Albert¨ª y Joan Vintr¨®, que formaron parte del Consell Assessor per a la Transici¨® Nacional y han contribuido a construir el andamiaje intelectual de la secesi¨®n sobre la base de un derecho inexistente y de la preeminencia de la decisi¨®n pol¨ªtica sobre el Estado democr¨¢tico de derecho. De estas ideas han bebido los autores materiales de las leyes de desconexi¨®n que tan ufanamente defendieron los pol¨ªticos de la mayor¨ªa parlamentaria el pasado 6 de septiembre. El decisionismo no conoce l¨ªmites jur¨ªdicos, de ah¨ª el semblante indolente de Puigdemont y Junqueras cuando la oposici¨®n apelaba a la Constituci¨®n, al Estatut o al reglamento del Parlament.

Ignacio Mart¨ªn Blanco es periodista y polit¨®logo.