Reforma constitucional y Catalu?a

La Constituci¨®n Espa?ola de 1978, tan invocada y ponderada por unos cuando les conviene, como denostada o difamada por otros, cuando as¨ª lo ven interesante para construir su relato, puede ser, aunque ahora parezca dif¨ªcil de vislumbrar, el puente o punto de partida para una posible soluci¨®n a la encrucijada catalana. Sin perjuicio de analizar los m¨²ltiples factores, as¨ª como las concurrentes responsabilidades que nos han conducido a la situaci¨®n actual, representada tanto por la reciente declaraci¨®n unilateral de independencia del Parlament de Catalu?a como por la aplicaci¨®n subsiguiente del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, parece l¨®gico concluir que ha llegado la hora de plantear, en positivo, salidas al laberinto actual.

M¨¢s all¨¢ de la grave situaci¨®n en Catalu?a, son bastantes los problemas que derivan de un Estado auton¨®mico que, si bien tiene la estructura propia de poder de un sistema federal, lo cierto es que carece de su funcionamiento. Ante esta realidad, en la que se constata la necesidad de integrar pol¨ªticamente las nacionalidades (sin generar m¨¢s asimetr¨ªas que las justificables y racionales) pudiera tener sentido afrontar, por la v¨ªa de una reforma constitucional, la configuraci¨®n de un Senado federal. Un Senado que no sea una simple r¨¦plica del Congreso y en el que participen de verdad las comunidades aut¨®nomas. Tambi¨¦n tendr¨ªa sentido sustituir los actuales estatutos de autonom¨ªa por constituciones de las comunidades aut¨®nomas, en todo caso subordinadas a la Constituci¨®n de Espa?a como Estado federal, pero con un procedimiento de reforma y control constitucional diferenciado. Como igualmente lo tendr¨ªa incorporar las reglas de la financiaci¨®n auton¨®mica a la Constituci¨®n y reformar, en buena medida, su T¨ªtulo VIII, tomando en consideraci¨®n la compleja compatibilizaci¨®n entre naci¨®n y nacionalidades en un mismo Estado federal guiado por un principio de lealtad federal.

Tiene raz¨®n el nacionalismo catal¨¢n cuando pone sobre la mesa el sentimiento de una parte de la poblaci¨®n de Catalu?a a la cual, aunque algo tarde, hay que saber escuchar. Tiene raz¨®n el PSOE cuando afirma que solo con la aplicaci¨®n de la ley no se saldr¨¢ de la encrucijada, pues no puede ni debe renunciarse a la reconciliaci¨®n. Tiene raz¨®n el PP cuando se?ala la importancia de respetar las reglas del Estado de derecho, as¨ª como la conveniencia de no olvidar las consecuencias que derivan de la violaci¨®n de la ley. Tiene raz¨®n Podemos cuando insta a no aprovechar la ocasi¨®n para apostar por una recentralizaci¨®n competencial interesada en favor del Estado. Tiene raz¨®n Ciudadanos cuando reclama que en Catalu?a se preste atenci¨®n a aquel sector de la ciudadan¨ªa que no se siente representado por la visi¨®n independentista. Y tiene raz¨®n el PNV cuando reclama una salida pactada a la crisis institucional en la que, desde el respeto a la legalidad y a la democracia, se afronte la necesidad de dise?ar un nuevo encaje de la realidad territorial en la Constituci¨®n y en los diferentes estatutos de autonom¨ªa.

El Estado auton¨®mico? tiene la estructura propia de poder de un sistema federal, pero carece de su funcionamiento

Por todas estas razones, el resquicio a una hipot¨¦tica salida de la situaci¨®n actual podr¨ªa pasar, no solo pensando en Catalu?a, pero tambi¨¦n, por abrir un procedimiento de reforma constitucional. Aprovechando la coyuntura debiera reflexionarse tambi¨¦n acerca de la reforma del sistema electoral, la sucesi¨®n en la Corona, el reforzamiento de los derechos sociales y la obligada menci¨®n a la presencia de Espa?a en la Uni¨®n Europea.

Pese a la puesta en marcha y activaci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria encargada de este debate, no debiera desde?arse su acompa?amiento por una comisi¨®n t¨¦cnica y plural de expertos constitucionalistas y procesalistas, a ser posible sin ¡°mochila de partido¡±, que representasen a aquella generaci¨®n de ciudadanos que, siendo hijos de aquella que hizo posible la Transici¨®n, tienen ahora la oportunidad y el deber de dotarse de una Constituci¨®n que les permita afrontar, en convivencia y con un nuevo modelo territorial, los desaf¨ªos de un mundo globalizado, as¨ª como las nuevas demandas sociales.

No es una labor sencilla, pero nos lo debemos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Esta reforma constitucional no debiera perseguir una recentralizaci¨®n generalizada e irreflexiva de competencias por parte del Estado ni tampoco convertirse en la excusa perfecta para camuflar un trato de favor, generador de desigualdades m¨¢s all¨¢ de las que resulten justificadas, entre diferentes territorios. Ahora es nuestro tiempo y, aunque algo tarde, hay que empezar.

David Vallesp¨ªn P¨¦rez es catedr¨¢tico de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona.