Rescatar la autonom¨ªa

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, contest¨® ayer a los requerimientos del Gobierno instal¨¢ndose de forma inequ¨ªvoca ¡ªy a todo su Gobierno¡ª en flagrante violaci¨®n del ordenamiento estatutario y constitucional.

Y ello con la evidente intenci¨®n de provocar que el Gobierno aplique el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, que permite una intervenci¨®n puntual de una comunidad aut¨®noma que conculque la ley, aunque solo para obligarla a su ¡°cumplimiento¡±. Es el instrumento m¨¢s prudente y oportuno en estas circunstancias para proteger la autonom¨ªa de Catalu?a, por mucho que Puigdemont lo presente torticeramente como su suspensi¨®n. Es evidente que la voluntad del president, una vez m¨¢s, es simplemente la de incrementar el victimismo.

Al requerimiento de que contestase si alguna autoridad catalana hab¨ªa proclamado la independencia, contesta Puigdemont, lateralmente y en una subordinada, que el Parlament ¡°no vot¨®¡± eso el 10 de octubre (podr¨ªa haberlo reconocido antes, y m¨¢s claramente). Pero lo grave es que en la oraci¨®n principal, amenaza al Gobierno de que ¡°si... persiste (...) en continuar la represi¨®n¡±, ¡°el Parlament podr¨¢ proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaraci¨®n formal de la independencia¡±.

O sea, sostenella y no enmendalla. Este chantaje muestra que Puigdemont considera vigente la ley del refer¨¦ndum, de 6 de septiembre, anulada el martes por el Tribunal Constitucional (TC), que ya la hab¨ªa suspendido nada m¨¢s aprobarse.

Ello es as¨ª porque solo este texto, que carece de validez alguna, endosa (ilegalmente) al Parlament la facultad de ¡°efectuar la declaraci¨®n formal de independencia de Catalu?a, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente¡±. Adem¨¢s, la entera ley atenta gravemente contra la Constituci¨®n y el Estatut.

En efecto, usurpa la condici¨®n de ¡°sujeto pol¨ªtico soberano¡± al pueblo espa?ol, en beneficio de una parte del mismo; erige al Parlament en ¡°representante de la soberan¨ªa¡±, cuando esta recae en las Cortes; se arroga la condici¨®n de regla suprema en Catalu?a, al decretar que ¡°prevalece jer¨¢rquicamente sobre todas las normas¡±: es decir, arrumba el Estatut y la Constituci¨®n.

Aparentando no haber declarado la independencia, Puigdemont valida ¡ªcomo juez supremo¡ª la norma que la har¨ªa posible. O sea, que vulnera ¡°el orden constitucional alterado¡±, en vez de restituirlo, como le exig¨ªa el segundo requerimiento.

As¨ª que pocas salidas dejaba al Gobierno, salvo aplicar el art¨ªculo 155. Puigdemont deber¨¢ ahora asumir las ¡°medidas necesarias¡± para ¡°el cumplimiento forzoso¡± de su obligaci¨®n de restaurar la legalidad, lo que no implica suspender ni anular la autonom¨ªa catalana, m¨¢s bien todo lo contrario: significa rescatarla de quien la hab¨ªa secuestrado para usarla en el chantaje conocido. Su utilizaci¨®n mucho antes, cuando ese secuestro comenz¨®, nos habr¨ªa ahorrado bastantes de los problemas actuales y seguramente hubiera hecho m¨¢s sencilla su aplicaci¨®n.

Es importante decir, al mismo tiempo, que el art¨ªculo 155 deber¨ªa servir ¡ªa¨²n no es seguro¡ª para restaurar el orden constitucional. Pero no resuelve el problema pol¨ªtico de fondo, para lo que, en su debido momento, ser¨¢ necesaria una negociaci¨®n.