Insumisi¨®n

Estos d¨ªas hablamos mucho de la ley: su idoneidad, su cumplimiento, la obligaci¨®n y las consecuencias de ignorarla. El valor de la buena ley reside en su capacidad para establecer reglas del juego que nos igualan a todos y protegen al m¨¢s d¨¦bil frente a la imposici¨®n del m¨¢s fuerte.

En ocasiones las leyes son consideradas injustas o inconvenientes por una parte de la sociedad o de sus l¨ªderes, que pueden reaccionar desobedeci¨¦ndolas. Pero la insumisi¨®n es asunto de las personas, no de las instituciones, porque estas pertenecen a todos. Cuando uno o varios individuos se arrogan el derecho de poner las instituciones al servicio de sus ideas o intereses particulares, las deslegitiman y erosionan su valor social.

Y eso conviene atajarlo cuanto antes.

Esto es precisamente lo que acaba de hacer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con respecto al Ministerio del Interior espa?ol y a sus responsables. En una sentencia hecha p¨²blica en Estrasburgo el pasado 3 de octubre, el TEDH declara ilegales las llamadas ¡®devoluciones en caliente¡¯, una pr¨¢ctica que consiste en devolver de forma autom¨¢tica a Marruecos a los inmigrantes que logran acceder a territorio espa?ol, ignorando su derecho a solicitar el amparo de las normas de protecci¨®n internacional.

Las ¡®expulsiones colectivas¡¯ son rutina en las fronteras de Ceuta y Melilla desde hace a?os. Pero en 2015 el Estado espa?ol las reconoci¨® formalmente con la aprobaci¨®n de la Ley de Seguridad Ciudadana, ampar¨¢ndolas en una disposici¨®n eufem¨ªstica sobre el ¡®rechazo en frontera¡¯ que reformaba la Ley de Extranjer¨ªa de 2000. Cuando ACNUR, el Consejo de Europa, las asociaciones de abogados y numerosas organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Espa?a advirtieron de la ilegalidad de la reforma, el Gobierno respondi¨® constatando lo obvio: que ¡°el rechazo se realizar¨¢ respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protecci¨®n internacional de la que Espa?a es parte¡±. El problema es que esto es tanto como decir que ¡°los delitos est¨¢n permitidos siempre y cuando no contravengan las normas internacionales que proh¨ªben los delitos¡±.

Nadie en el Ministerio del Interior (de ahora y de 2015) puede haberse sorprendido por esta sentencia. Al fin y al cabo, la disposici¨®n fue a?adida de tapadillo por el Grupo Popular en su tramitaci¨®n parlamentaria, lo que hace suponer que los servicios jur¨ªdicos del ministerio advirtieron contra una norma que vulneraba tanto la legislaci¨®n internacional en materia de asilo y refugio como la propia Constituci¨®n Espa?ola. Sin embargo la introdujeron, por la sencilla raz¨®n de que las normas internacionales obstaculizaban su empe?o por impermeabilizar la frontera.

As¨ª que la pregunta es inevitable: si sab¨ªan que era ilegal, si siguieron adelante pese a los avisos y adaptaron la ley a sus objetivos particulares, ?qu¨¦ diferencia a Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz de Carles Puigdemont?