C¨®mo ser¨ªa su vida seg¨²n la Constituci¨®n espa?ola

El Estado sostiene que la Constituci¨®n recoge un conjunto de normas realistas y f¨¢cilmente aplicables a la vida cotidiana de los ciudadanos. Estas aspiraciones moldean la forma que deber¨ªa adoptar la sociedad de un pa¨ªs y por tanto, inevitablemente, contienen pretensiones que podr¨ªan ser consideradas ut¨®picas.

Como prueba de ello, el art¨ªculo 14, que recoge que "los espa?oles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminaci¨®n alguna por raz¨®n de nacimiento, raza, sexo, religi¨®n, opini¨®n o cualquier otra condici¨®n o circunstancia personal o social". ?Constituci¨®n o utop¨ªa?

Mientras que esta pauta sirve como marco de referencia de lo que se considera deseable para la sociedad en un futuro, es muy gen¨¦rica, y en la pr¨¢ctica no siempre se aplica como deber¨ªa. Por ejemplo, solo uno de cada tres ejecutivos en Europa es mujer, y suele ganar nada m¨¢s que el 75% del sueldo que ganan los hombres, seg¨²n los datos difundidos por Eurostat (la agencia estad¨ªstica de la Uni¨®n).

Esta clase de incoherencias repercuten en el bienestar de la poblaci¨®n afectada, lo que conduce a la siguiente reflexi¨®n: ?c¨®mo ser¨ªa la vida del espa?ol medio acorde a la Constituci¨®n?

La salud de los espa?oles est¨¢ protegida a trav¨¦s de la Constituci¨®n de 1978, de la que emana un Sistema Nacional de Salud de car¨¢cter p¨²blico y gratuito en el momento del uso. Conviene defenderla, pues est¨¢ considerado uno de los de mayor calidad y eficiencia del mundo, ya que con un gasto menor a la media internacional atiende a gran parte de la poblaci¨®n de manera eficiente.

El derecho a la protecci¨®n de la salud lo enuncia la Constituci¨®n de 1978 en su art¨ªculo 43, seg¨²n el cual "compete a los poderes p¨²blicos organizar y tutelar la salud p¨²blica a trav¨¦s de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecer¨¢ los derechos y deberes de todos al respecto".

Adem¨¢s, sostiene que "los poderes p¨²blicos fomentar¨¢n la educaci¨®n sanitaria, la educaci¨®n f¨ªsica y el deporte. Asimismo facilitar¨¢n la adecuada utilizaci¨®n del ocio".

Los anteriores derechos comenzaron a articularse en los Pactos de la Moncloa. Desde finales de los 80 hasta 2013, a?o en que el PP restringi¨® el acceso a la sanidad a los inmigrantes sin papeles, esta ha sido universal y gratuita para todos los espa?oles y extranjeros residentes en Espa?a. Las comunidades aut¨®nomas aplicaron esta reforma de manera irregular.

Vacaciones

Otros art¨ªculos tambi¨¦n tocan aspectos relacionados con la protecci¨®n de la salud, seg¨²n recogi¨® Manuel Jim¨¦nez de Parga y Cabrera ¡ªantiguo presidente del Tribunal Constitucional¡ª, en el documento La salud como valor constitucional y sus garant¨ªas de la Universidad Rey Juan Carlos y la oficina del Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, el art¨ªculo 40 establece que los poderes p¨²blicos "velar¨¢n por la seguridad e higiene en el trabajo" y garantizar¨¢n "el descanso necesario, mediante la limitaci¨®n de la jornada laboral" y "las vacaciones peri¨®dicas retribuidas". Asimismo, el art¨ªculo 28 defiende el derecho a formar sindicatos de trabajdores y a convocar huelgas de trabajadores en defensa de sus intereses.

Pensiones y vivienda para los ancianos

El art¨ªculo 49, por su parte, dicta que "los poderes p¨²blicos realizar¨¢n una pol¨ªtica de previsi¨®n, tratamiento, rehabilitaci¨®n e integraci¨®n de los disminuidos f¨ªsicos, sensoriales y ps¨ªquicos, a los que prestar¨¢n la atenci¨®n especializada que requieran".

Respecto a la tercera edad, el art¨ªculo 50: "Los poderes p¨²blicos garantizar¨¢n, mediante pensiones adecuadas y peri¨®dicamente actualizadas, la suficiencia econ¨®mica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares promover¨¢n su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atender¨¢n sus problemas espec¨ªficos de salud, vivienda, cultura y ocio".

Con los consumidores... y con los intereses econ¨®micos

Est¨¢ escrito en el art¨ªculo 51.1: "Los poderes p¨²blicos garantizar¨¢n la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los leg¨ªtimos intereses econ¨®micos".

Los recursos naturales

El art¨ªculo 45 protege el derecho a "disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona", pero tambi¨¦n nos obliga a los ciudadanos a conservarlo. Eso s¨ª, la burbuja inmobiliaria y la fiebre de la construcci¨®n podr¨ªan perfectamente haber sido declaradas anticonstitucionales: "Los poderes p¨²blicos velar¨¢n por la utilizaci¨®n racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoy¨¢ndose en la indispensable solidaridad colectiva".?

Y no solo eso, el art¨ªculo 45 tambi¨¦n establece cu¨¢l debe ser el castigo de quien act¨²e de forma contraria: "Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los t¨¦rminos que la ley fije se establecer¨¢n sanciones penales o, en su caso, administrativas, as¨ª como la obligaci¨®n de reparar el da?o causado".

Vivienda digna y adecuada

"Todos los espa?oles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", arranca el art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n. Llamaron idealistas a quienes han pretendido que se cumpla palabra por palabra, pero el art¨ªculo 47 no ha sido eliminado, sigue en nuestra Constituci¨®n y contin¨²a: "Los poderes p¨²blicos promover¨¢n las condiciones necesarias y establecer¨¢n las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilizaci¨®n del suelo de acuerdo con el inter¨¦s general para impedir la especulaci¨®n".

Hay en torno al 4% de la poblaci¨®n espa?ola, unos dos millones de personas, que no pueden pagar sus medicamentos

Es m¨¢s, seg¨²n dice la Constituci¨®n: las plusval¨ªas de esta gesti¨®n del suelo han de quedar para beneficio de la comunidad.

Salario suficiente

El art¨ªculo 35 de la Constituci¨®n espa?ola pretende garantizar: "Una remuneraci¨®n suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ning¨²n caso pueda hacerse discriminaci¨®n por raz¨®n de sexo".

M¨¢s cosas bonitas

La norma fundamental compromete tambi¨¦n al Estado a proteger el acceso a la cultura (art¨ªculo 44), el derecho a la educaci¨®n (27), la igualdad de oportunidades ¡ª"participar de igual manera en la vida pol¨ªtica, econ¨®mica, cultural y social" (art¨ªculo 9)¡ª y con ¨¦nfasis en la de los j¨®venes (art¨ªculo 48).

Competencias del Estado

En esta categor¨ªa se incluye la coordinaci¨®n general, la legislaci¨®n sobre productos farmac¨¦uticos o la Sanidad Exterior y los acuerdos internacionales, seg¨²n informa el Ministerio de Sanidad en su documento La protecci¨®n de la salud en Espa?a. Mediante esos acuerdos se colabora en el control epidemiol¨®gico, se lucha contra las enfermedades contagiosas o se elaboran y ponen en pr¨¢ctica normativas internacionales.

Adem¨¢s, el Estado, en colaboraci¨®n con las CC AA, se ocupa de otros asuntos como el control sanitario del medioambiente y los alimentos, la determinaci¨®n de los requisitos m¨ªnimos para equipos o instalaciones, el fomento de la calidad en el SNS o el desarrollo de su Sistema de Informaci¨®n. En las Ciudades Aut¨®nomas de Ceuta y Melilla la gesti¨®n de la Sanidad corre a cargo del Estado Central a trav¨¦s del Instituto Nacional de Gesti¨®n Sanitaria (Ingesa).

Competencias de las Comunidades Aut¨®nomas

La parte de la gesti¨®n transferida a las CC. A.A. incluye la planificaci¨®n sanitaria, la salud p¨²blica y la asistencia sanitaria. Es decir, m¨¢s o menos todo lo que el usuario ve y experimenta cuando acude a su hospital o centro de salud, a su m¨¦dico de atenci¨®n primaria o al especialista al que este le derive. Todo esto se coordina, seg¨²n dispone la Ley General de Sanidad, mediante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns).

"Es un derecho humano ¡ªel derecho a la salud¡ª sin embargo, en muchos pa¨ªses del mundo, tambi¨¦n en Espa?a, muchos ciudadanos no tienen acceso a los medicamentos, como hemos visto recientemente con el caso de los pacientes de hepatitis C", explica Vanessa L¨®pez, directora de la fundaci¨®n Salud por Derecho, que participa en la campa?a No es sano. Denuncian que a la hora de legislar "se ponen por delante los intereses de la compa?¨ªas farmac¨¦uticas a los de los ciudadanos, en cuestiones como propiedad intelectual o derechos comerciales".

Seg¨²n Roberto Sabrido, presidente de la Asociaci¨®n por un Acceso Justo al Medicamento (tambi¨¦n participante de la campa?a No es sano) y expresidente de la Agencia Espa?ola para la Salud Alimentaria y la Nutrici¨®n, hace falta una mayor transparencia en los tratos que hacen las empresas farmac¨¦uticas con cada gobierno, que muchas veces generan beneficios no leg¨ªtimos para estas empresas, esquilman los presupuestos para la sanidad y encarecen los productos.

"Hay en torno a 4% de la poblaci¨®n espa?ola, unos dos millones de personas, que no pueden pagar sus medicamentos", explica, "muchos de ellos son pensionistas. Algunas comunidades han creado subvenciones para intentar paliar el problema del copago".

Seg¨²n se?alan los expertos, el SNS perdi¨® su universalidad con el decreto-ley de 2012, por el cual el sistema dejaba de atender a los inmigrantes en situaci¨®n irregular. Fue el mismo decreto que estableci¨® el copago farmac¨¦utico: con estos recortes, en pleno hoyo de la crisis, se trataba de ahorrar 7,000 millones al sistema sanitario.

Por ¨²ltimo, tambi¨¦n gotean las opiniones y pol¨ªticas a favor de la privatizaci¨®n. "Hay gente que no cree en el sistema y a veces asoma la patita", dice Sabrido, "pero tenemos un sistema de salud con gran arraigo social, que crea cohesi¨®n, que gasta por debajo de la media de la OCDE pero que es m¨¢s eficiente que la media. Aqu¨ª la gente no se arruina al ponerse enferma. Si se intenta desmantelar genera reacciones como las mareas que se vieron en la Comunidad de Madrid en defensa de la sanidad p¨²blica".??