Empat¨ªa interterritorial

Cualquier intento de construcci¨®n razonable de un nuevo marco territorial en nuestra Constituci¨®n, lejos de posicionamientos unilaterales tendr¨¢ que pasar por la consecuci¨®n, fruto del di¨¢logo, del m¨¢ximo consenso posible. Hay que partir de un principio de ¡°empat¨ªa interterritorial¡± que nos permita, dentro de un proyecto compartido y presidido por la lealtad, no solo defender lo que se entiende como justo para una comunidad aut¨®noma, sino tambi¨¦n comprender y, en su caso, aceptar, lo que lo pueda serlo para las otras. Sin la complicidad y cooperaci¨®n de todas, cualquier intento de resolver un problema puede verse reducido a una simple y buena intenci¨®n condenada al fracaso y, en consecuencia, generadora de una nueva frustraci¨®n, cuando no conflicto.

Debemos ser capaces de dise?ar un nuevo modelo territorial, acompa?ado de un nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, que nos permita conseguir que todas las comunidades sean tratadas, como se merecen, dentro de una Espa?a adaptada a los nuevos tiempos y circunstancias. Si Catalu?a, lejos de v¨ªas unilaterales, sabe ponerse en el lugar de los otros; y las otras comunidades son capaces de entender, en paralelo, lo que muchos catalanes podemos sentir, ser¨¢ mucho m¨¢s f¨¢cil explicar, objetivamente, sin renunciar a unas l¨ªneas generales comunes y arm¨®nicas, los hechos diferenciales que son propios de cada territorio.

Si es factible una hipot¨¦tica quita de la deuda de las comunidades aut¨®nomas, cualquier propuesta que se pueda plantear deber¨¢ tener presente que, de una u otra forma, deber¨¢ afectar, en positivo, a todos los territorios. Y a la hora de dise?ar un nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica habr¨¢ que hacer compatible la toma en consideraci¨®n, en forma equitativa, de criterios a primera vista antag¨®nicos, como los relativos al volumen de poblaci¨®n (que pueden interesar a Madrid o Catalu?a) o bien al coste real de los servicios p¨²blicos a financiar por cada comunidad en funci¨®n de su orograf¨ªa o dispersi¨®n de sus n¨²cleos de poblaci¨®n (lo cual ser¨¢ puesto sobre la mesa, a buen seguro, entre otras, por Andaluc¨ªa, Cantabria, Extremadura o Castilla-La Mancha).

El Estado deber¨¢ asumir, de una vez por todas, que son las comunidades las que gestionan gastos crecientes, como los relativos a sanidad, educaci¨®n o protecci¨®n social.

Esta ¡°cuadratura del c¨ªrculo¡± solo podr¨¢ llegar a buen puerto mediante concesiones rec¨ªprocas entre los diferentes intereses de cada territorio. El Estado deber¨¢ asumir, de una vez por todas, que son las comunidades las que gestionan gastos crecientes, como los relativos a sanidad, educaci¨®n o protecci¨®n social. Y las comunidades, fruto del principio de empat¨ªa interterritorial, deber¨¢n pensar, superando cualquier tentaci¨®n ego¨ªsta, en alcanzar un beneficio com¨²n e igualitario para toda la ciudadan¨ªa como as¨ª exige una correcta comprensi¨®n e implementaci¨®n del Estado del bienestar.

Si la reforma se afronta con sensatez por todos, sobre la base de las conclusiones del informe emitido en mayo de 2017 por la comisi¨®n de expertos para la revisi¨®n del Modelo de Financiaci¨®n Auton¨®mica, no debiera haber ning¨²n obst¨¢culo, adem¨¢s, para poder poner sobre la mesa, con justificaciones m¨¢s que razonables y leg¨ªtimas, diferentes temas a debate. En el caso catal¨¢n, por ejemplo, el di¨¢logo, desde el respeto constitucional, sobre gran parte del listado de reivindicaciones que el propio Gobierno de Catalu?a present¨® al Gobierno espa?ol en abril de 2016; las inversiones en infraestructuras estrat¨¦gicas; el reconocimiento de la lengua, la cultura y los s¨ªmbolos de Catalu?a; o la consolidaci¨®n y protecci¨®n de muchas conquistas sociales que hoy, fruto de ciertas pol¨ªticas, de aqu¨ª y de all¨ª, est¨¢n en grave riesgo e involuci¨®n.

La soluci¨®n a la insuficiencia econ¨®mica de las comunidades de r¨¦gimen com¨²n en un momento como el actual, en que su cartera de servicios no se ha reducido y el envejecimiento de la poblaci¨®n presiona al alza, no puede pasar tanto por un trasvase de recaudaci¨®n del nivel central al auton¨®mico (no se trata de vestir a un santo para desvestir a otro), sino m¨¢s bien por un incremento de la capacidad global de recaudaci¨®n del sistema tributario, una mayor autonom¨ªa fiscal de las diferentes comunidades, la lucha contra el fraude fiscal y el impulso a los tributos medioambientales. Y todo ello no puede esperar mucho m¨¢s, ni aplazarse hasta el 2019, as¨ª como tampoco venir condicionado a ciertos chantajes referidos a la presi¨®n para la aprobaci¨®n presupuestaria, a la comodidad de aquellas otras comunidades de r¨¦gimen foral que ya han negociado lo suyo, o a los intereses electorales, a corto plazo, de unos y otros.

David Vallesp¨ªn P¨¦rez es catedr¨¢tico de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona.