Desprotecci¨®n para quien defiende en Honduras
Dos a?os despu¨¦s de la muerte de Berta C¨¢ceres, los defensores siguen estando en peligro y sus asesinatos siguen quedando impunes
¡°En 2015 mataron a mi esposo y tuve que huir. As¨ª estamos en Honduras. No era yo la que ten¨ªa que salir huyendo, sino quienes hab¨ªan cometido el crimen. Ellos quedaron totalmente libres haciendo lo que les parec¨ªa. Regres¨¦ al mes, llegu¨¦ a mi casita y dorm¨ª tranquilamente. La sorpresa fue que al d¨ªa siguiente vinieron a asesinarme. Pegaron un tiro a mi casa. Las tres mujeres que nos encontramos ah¨ª nos tiramos al suelo. El disparo alert¨® a toda la comunidad [¡] Nos salvamos¡±.
Es el duro testimonio de la activista hondure?a Consuelo Soto, lideresa ind¨ªgena tolup¨¢n y coordinadora de la Red de Mujeres Ind¨ªgenas y Negras de Honduras. Hace unas semanas visit¨® Madrid, invitada por Entreculturas y ALBOAN, para informar en Espa?a acerca de la grav¨ªsima situaci¨®n en la que se encuentran los defensores de derechos humanos en Honduras.
La visita de Consuelo Soto a Espa?a tuvo lugar en el mes de marzo cuando se cumpl¨ªa el segundo aniversario del asesinato de la activista medioambiental hondure?a Berta C¨¢ceres. Unos sicarios irrumpieron en su casa y la mataron a tiros como respuesta a sus protestas contra la construcci¨®n de la presa hidroel¨¦ctrica Agua Zaca en el territorio de su comunidad. A pesar de las intensas presiones internacionales, han transcurrido ya dos a?os desde su asesinato sin que se haya hecho justicia.
Meses despu¨¦s de este crimen, en agosto de 2016, las Naciones Unidas describ¨ªan a Honduras como uno de los ¡°pa¨ªses m¨¢s hostiles y peligrosos para los defensores de los derechos humanos en Am¨¦rica¡±. El asesinato puso de relieve una vez m¨¢s que, entre los defensores de derechos humanos, los medioambientalistas son los m¨¢s perseguidos. Las cifras son escalofriantes. Entre los a?os 2007 y 2016, Global Witness registr¨® 127 activistas asesinados por su lucha contra las empresas extractivas que ejecutan sus proyectos sin tomar en cuenta el da?o que producen en las comunidades locales.
Pero no es la defensa del medioambiente la ¨²nica causa de los ataques contra los defensores de los derechos humanos. En 2016, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) registr¨® 62 ataques violentos contra abogados, incluidos 13 homicidios. Asimismo, se?al¨® que, entre 2014 y 2016, hab¨ªan sido asesinados 25 periodistas.
La grave situaci¨®n de crisis pol¨ªtica e institucional que vive Honduras tras los comicios celebrados el pasado 26 de noviembre, que culminaron con la reelecci¨®n de Juan Orlando Hern¨¢ndez como presidente, ha contribuido a agravar la situaci¨®n de los defensores de derechos. En este contexto de represi¨®n, se han lanzado dur¨ªsimas campa?as contra medios de comunicaci¨®n cr¨ªticos con el Gobierno que denunciaban las irregularidades del proceso electoral y los excesos policiales contra los manifestantes durante el periodo poselectoral. Estas manifestaciones se saldaron con, al menos, 35 personas fallecidas.
Este tambi¨¦n es el caso del ERIC- Radio Progreso, contraparte de ALBOAN y Entreculturas en el pa¨ªs. En palabras de Pedro Landa, coordinador de esta organizaci¨®n, que estuvo en Madrid la semana pasada junto a Consuelo Soto: ¡°Nuestra radio y un canal de televisi¨®n ¨¦ramos los ¨²nicos medios que est¨¢bamos informando realmente acerca de la situaci¨®n. En respuesta se han lanzado campa?as de deslegitimaci¨®n en contra de nuestro director, el Padre Melo, acus¨¢ndole de ser la persona que lidera el ¡°eje del mal¡±. As¨ª le han llamado. Tambi¨¦n nos acusan de recibir dinero del narcotr¨¢fico y otras organizaciones criminales para desestabilizar el pa¨ªs¡±.
Uno de los factores que contribuyen a la perpetuaci¨®n de estos actos de violencia es que el Estado, ante las denuncias de amenazas, no brinda la adecuada protecci¨®n a los activistas, pese a las reiteradas recomendaciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y de numerosos organismos de protecci¨®n de derechos humanos.
Tampoco se investigan los delitos cometidos. Esta impunidad generalizada sit¨²a a los familiares y personas pr¨®ximas a las v¨ªctimas en una situaci¨®n de indefensi¨®n y favorece una repetici¨®n end¨¦mica de la violencia.
El Estado de Honduras tiene el deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas, recogido en los textos de protecci¨®n de derechos humanos. Ello implica la obligaci¨®n positiva de establecer mecanismos de seguridad adecuados para los defensores de derechos humanos y acabar con las campa?as de criminalizaci¨®n y estigmatizaci¨®n contra ellos. Adem¨¢s, debe investigar de forma efectiva todos los cr¨ªmenes cometidos contra activistas, de manera que no queden impunes, en respeto a un derecho fundamental de las v¨ªctimas y como ¨²nica manera positiva de acabar con la violencia.
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