Evitar la par¨¢lisis

El curso pol¨ªtico que comienza en estos d¨ªas ofrecer¨¢ desde muy pronto se?ales inequ¨ªvocas acerca de cu¨¢nto puede dar de s¨ª una legislatura en la que han debido entrar en funcionamiento disposiciones constitucionales previstas para situaciones extraordinarias, y no solo por lo que respecta a la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n. Por primera vez en la historia de la reciente democracia en Espa?a, un Gobierno permaneci¨® en funciones durante un a?o y hubo de repetirse un proceso electoral por la imposibilidad de reunir una mayor¨ªa parlamentaria capaz de investir a un candidato a la presidencia, provocando un asfixiante interregno pol¨ªtico y legislativo desconocido hasta la fecha. In¨¦dito ha sido tambi¨¦n el ¨¦xito de una moci¨®n de censura gracias a una mayor¨ªa alternativa, conformada para desalojar del poder a un partido condenado por corrupci¨®n. Las garant¨ªas del sistema del 78 han funcionado con admirable solvencia pese a la situaci¨®n de fragmentaci¨®n parlamentaria y confrontaci¨®n entre partidos, en un contexto de crisis social y territorial sin precedentes.

El hecho de que el sistema democr¨¢tico espa?ol haya demostrado su solidez no significa que la soluci¨®n a los principales problemas del pa¨ªs pueda ser postergada en un nuevo ciclo de inacci¨®n, normalizando como instrumentos corrientes en la gesti¨®n de gobierno medidas que el ordenamiento concibe como extraordinarios, as¨ª sea la pr¨®rroga de la Ley de Presupuestos o el recurso a la f¨®rmula del decreto ley situ¨¢ndose en los l¨ªmites discutibles de su justificaci¨®n. El Parlamento salido de las ¨²ltimas elecciones, como cualquier otro que pueda surgir de futuras convocatorias, est¨¢ obligado a intentar conformar mayor¨ªas que hagan viable la tarea del Ejecutivo. Eso significa que, puesto que cada uno de los miembros de las C¨¢maras representa a la totalidad del cuerpo electoral, y no ¨²nicamente a sus votantes, los acuerdos no pueden ser excluidos a priori por m¨¢s que involucren a unas fuerzas u otras, sin que ello tampoco signifique que cualquier contenido de esos acuerdos sea aceptable. Los l¨ªmites est¨¢n claros para todos los grupos, parad¨®jicamente tambi¨¦n para aquellos que no cesan de lanzar desaf¨ªos al Estado.

La idea de separar la investidura de un Gobierno y la mayor¨ªa que garantice la ejecuci¨®n de un programa fue introducida por el Partido Popular de Mariano Rajoy en el sistema espa?ol, dejando sin salida el callej¨®n donde fermentaron algunas de las m¨¢s graves tensiones que hoy deben ser reconducidas en peores condiciones que si se hubieran abordado resueltamente en su momento. El presidente S¨¢nchez no ha escogido deliberadamente la estrategia de su antecesor, pero la composici¨®n del Congreso y del Senado coloca bajo su exclusiva responsabilidad identificar en el momento oportuno los l¨ªmites donde la acci¨®n gubernamental deja de ser posible. La prerrogativa de disolver las C¨¢maras y convocar a las urnas es de su estricta competencia, pero ser¨ªa un grave error interpretar esta disposici¨®n constitucional en un sentido meramente electoralista y perder de vista su significado m¨¢s profundo. La l¨®gica por la que el ordenamiento pone en manos de los presidentes una cl¨¢usula de tanto alcance institucional es en estos momentos m¨¢s evidente que nunca: evitar la par¨¢lisis.