Universidad, a examen

La presunta corrupci¨®n en la Universidad que pone de manifiesto el caso de los m¨¢steres es solo la gota que colma el vaso de una situaci¨®n desatendida durante d¨¦cadas: la ense?anza superior no ha alcanzado en su conjunto el nivel de calidad que Espa?a merece y necesita. El nepotismo que imper¨® en la vieja Universidad espa?ola ha adoptado formas nuevas a ra¨ªz de nuevas reglas, transform¨¢ndose en un sistema de equilibrios entre figuras o escuelas para seleccionar a los docentes. La calidad y la originalidad de la investigaci¨®n, por su parte, han sido sustituidas por una comprobaci¨®n formal y no siempre transparente de los requisitos exigidos para progresar en la carrera acad¨¦mica. El argumento de que no es esta la situaci¨®n de todos los centros es irrelevante, porque lo que importa a efectos del principio de igualdad de oportunidades, del que la ense?anza es el principal instrumento, es que todas las universidades alcancen un m¨ªnimo de calidad y de rigor para seguir expidiendo t¨ªtulos, exigido entre otras instituciones por sus pares. Lo contrario es tanto como consentir simult¨¢neamente la discriminaci¨®n y el privilegio: unos j¨®venes deben obtener con esfuerzo econ¨®mico y personal, suyo y de sus familias, lo que a otros sencillamente se les regala, devaluando as¨ª los t¨ªtulos de todos.

Lo incre¨ªble es que lo m¨¢s cerca que han estado los diputados de abordar una materia en la que cualquier sociedad se juega la solidez del v¨ªnculo entre ciudadanos y sus posibilidades de progreso, es decir, la educaci¨®n superior, son las escaramuzas de d¨ªas pasados, movidas por la estrategia de utilizar el Congreso como caja de resonancia para crear climas de opini¨®n y no de examinar con rigor un problema crucial.

La dimisi¨®n de responsables pol¨ªticos por haberse beneficiado de un presunto delito de falsedad en documento p¨²blico, un t¨ªtulo universitario en este caso, no deber¨ªa ser siquiera materia de discusi¨®n, y de ah¨ª que proponer medidas de regeneraci¨®n estrictamente vinculadas a estos hechos, como la supresi¨®n de los aforamientos o la publicaci¨®n obligatoria de los trabajos acad¨¦micos, solo parezca sugerir que el ordenamiento jur¨ªdico carece de instrumentos para prevenirlos y castigarlos. La realidad es la contraria, con el agravante de que orientar la actividad parlamentaria hacia esos remedios de menor cuant¨ªa distrae la atenci¨®n de lo que verdaderamente se ha revelado esta semana: el dep¨®sito de confianza que la sociedad espa?ola ha hecho en su Universidad consagrando la libertad de c¨¢tedra y el principio de autonom¨ªa ha sido gravemente da?ado.

Los responsables estatales y auton¨®micos de Educaci¨®n bajo los que sucedieron los hechos, adem¨¢s de la Agencia Nacional de Evaluaci¨®n de la Calidad y Acreditaci¨®n (ANECA) y el Consejo de Rectores, deben una explicaci¨®n que solo estar¨ªa en condiciones de exigirles un Parlamento comprometido con su funci¨®n, y no convertido en un mero instrumento de agitaci¨®n y propaganda.