La abogac¨ªa y sus criterios

El proceso contra los l¨ªderes que participaron en la declaraci¨®n unilateral de independencia de Catalu?a dio este viernes un paso m¨¢s en el camino hacia la apertura del juicio oral con la presentaci¨®n de los escritos de acusaci¨®n de la fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado. Mientras que el ministerio fiscal ha mantenido a lo largo de todas las fases que los procesados deben responder ante el Tribunal Supremo por los delitos de rebeli¨®n, malversaci¨®n y desobediencia, la Abogac¨ªa del Estado, un ¨®rgano dependiente del Ministerio de Justicia, cambi¨® de criterio con respecto al mantenido cuando se person¨® por un posible delito de malversaci¨®n. El cambio en la posici¨®n de la Abogac¨ªa ha sido propiciado por el Gobierno como gesto hacia los partidos independentistas con vistas a la tramitaci¨®n de los Presupuestos, y ha merecido duras cr¨ªticas tanto de la oposici¨®n de PP y Ciudadanos como de los propios grupos hacia los que iba destinado.

En realidad, la posici¨®n de la Abogac¨ªa fue ya ambigua en relaci¨®n con el escrito de solicitud de apertura del juicio oral. Fue all¨ª donde este ¨®rgano del Ejecutivo no se limit¨® a los delitos econ¨®micos de los que es v¨ªctima el Estado, sino que ¡ªbien porque se limit¨® a considerar cerrada la fase de instrucci¨®n sin que eso supusiera compartir la tipificaci¨®n del fiscal, bien porque se adhiri¨® positivamente a tal tipificaci¨®n¡ª a?adi¨® los cargos de rebeli¨®n y desobediencia. Es esa discutible decisi¨®n inicial ante la que la mayor¨ªa de los grupos guard¨® un incomprensible silencio la que ahora ha abierto un nuevo flanco pol¨ªtico al Gobierno, dando ocasi¨®n a que la oposici¨®n vuelva a excederse en la gesticulaci¨®n sobre un asunto que, sobre todo, reclama contenci¨®n y prudencia.

El proceso que se sigue en el Tribunal Supremo es lo suficientemente grave como para no convertirlo en el tapete de un juego de tah¨²res y a la vez de fariseos, en el que unos no dicen del todo la verdad en un asunto y otros se escandalizan como si los hubiera sorprendido en una mentira diferente. Ni es cierto que los Gobiernos no influyan en la Abogac¨ªa del Estado, puesto que se trata de uno de sus ¨®rganos, ni es cierto tampoco que el escrito presentado este viernes cambiando la supuesta acusaci¨®n de rebeli¨®n por la de sedici¨®n prejuzgue una sentencia m¨¢s favorable. Afirmarlo as¨ª es realmente el verdadero insulto al Supremo y a la independencia de sus jueces.

Los cambios de criterio de la Abogac¨ªa del Estado responden a una decisi¨®n pol¨ªtica, y es en tanto que tal como debe ser juzgada. Si los partidos independentistas mantienen la reacci¨®n inicial de considerar insuficiente el gesto canalizado a trav¨¦s de la Abogac¨ªa, el Gobierno habr¨ªa cometido un doble error. Por una parte, habr¨ªa pagado frente a la oposici¨®n un alto coste pol¨ªtico a cambio de nada; por otra, habr¨ªa debilitado su posici¨®n frente a los partidos independentistas, al admitir que existen pasarelas entre dos asuntos que deber¨ªan permanecer rigurosamente aislados: la negociaci¨®n de los Presupuestos y el juicio contra unos l¨ªderes que quisieron imponer la independencia de Catalu?a a una mayor¨ªa que la rechaza. Por lo que respecta a los Presupuestos, los ciudadanos que siguen padeciendo las secuelas de la crisis econ¨®mica merecen lo que nadie a¨²n les ha ofrecido: un debate parlamentario acerca de los planes econ¨®micos necesarios para mejorar su suerte. Y en lo que se refiere al juicio penal, no corresponde ni al Gobierno a trav¨¦s de la Abogac¨ªa del Estado, ni a la oposici¨®n a trav¨¦s del esc¨¢ndalo, decidir si los l¨ªderes independentistas cometieron rebeli¨®n o sedici¨®n. Sobre este asunto es el Tribunal Supremo quien, escuchadas todas las partes, pronunciar¨¢ en la sentencia el ¨²nico criterio que vale.