La Abogac¨ªa califica de ¡°incidentes de orden p¨²blico¡± los sucesos de Catalu?a

El escrito de conclusiones provisionales presentado este viernes por la Abogac¨ªa del Estado ante el Tribunal Supremo concluye que los principales implicados en el proc¨¦s cometieron delitos de sedici¨®n, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y desobediencia grave, pero no de rebeli¨®n como s¨ª concluye la fiscal¨ªa.?Por ello, la petici¨®n de pena que hacen los servicios jur¨ªdicos del Estado contra buena parte de los 18 encausados es sensiblemente inferior a la que ha planteado tambi¨¦n este viernes el ministerio p¨²blico. La clave es que la Abogac¨ªa no observa violencia ni en los hechos acaecidos el 20 y 21 de septiembre de 2017 ante la Consejer¨ªa de Econom¨ªa de la Generalitat ni durante la jornada del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre o en las dos jornadas de huelga general convocadas por los independentistas el 3 de octubre y el 8 de noviembre.

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De hecho, el escrito los servicios jur¨ªdicos del Estado evita en todo momento utilizar el sustantivo "violencia" o el adjetivo "violento" para describir estos episodios, y los califica de "incidentes contra el orden p¨²blico", "altercados", "tumultos" y "disturbios" en un "ambiente crispado y hostil". La fiscal¨ªa s¨ª los considera "violentos" y, de ah¨ª, su acusaci¨®n de rebeli¨®n.

En concreto, sobre los incidentes producidos en septiembre ante la Consejer¨ªa de Econom¨ªa cuando la Guardia Civil proced¨ªa a registrar su sede en busca de pruebas sobre la organizaci¨®n del refer¨¦ndum ilegal, la Abogac¨ªa del Estado habla de "movilizaci¨®n" o "manifestaci¨®n" que termin¨® en unos "disturbios" que fueron "inducidos, convocados, dirigidos y queridos" por Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart,?l¨ªderes, respectivamente, de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y ?mnium Cultural.

A los Jordis los considera los m¨¢ximos responsables de que aquella concentraci¨®n llegase a reunir a 60.000 personas, que se "agolpaban hasta empujar, y casi derribar, la propia puerta de entrada del edificio". La Abogac¨ªa recuerda "los importantes destrozos" que sufrieron durante los mismos varios todoterrenos de la Guardia Civil, as¨ª como otros veh¨ªculos policiales en otras dos actuaciones, entre ellas el registro de una nave de?Bigues i Riells (Barcelona) en la que se localizaron las papeletas que se iban a emplear en la consulta.?

En el caso de los sucesos del 1 de octubre, el escrito detalla que los encausados hicieron un "llamamiento a la ciudadan¨ªa" para que los colegios donde se iba a celebrar la consulta ilegal fueran ocupados "con la finalidad de ofrecer resistencia a la actuaci¨®n policial que hab¨ªa sido acordada por orden judicial". Por ello, cuando la polic¨ªa acudi¨® a estos centros a impedir la votaci¨®n,?"se produjeron actos de resistencia y desobediencia" que provocaron "numerosas situaciones de tensi¨®n, disturbios y enfrentamientos". Sobre las huelgas convocadas posteriormente, los d¨ªas 3 de octubre y 8 de noviembre, la Abogac¨ªa se limita a referir los cortes de carreteras y de v¨ªas f¨¦rreas, con el consiguiente "caos circulatorio", sin ahondar m¨¢s.??

Petici¨®n de penas

Para fijar penas y responsabilidades, el escrito de la Abogac¨ªa del Estado?distingue entre tres tipos de procesados. En primer lugar, sit¨²a a los exmiembros del Govern que jugaron ¡°el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias¡± para realizar el refer¨¦ndum ilegal. A seis de ellos ¡ªJunqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn, el de Presidencia Jordi Turull, el de Exteriores Ra¨¹l Romeva, el de Territorio Josep Rull y la de Trabajo Dolors Bassa¡ª les acusa de sedici¨®n y malversaci¨®n.?Adem¨¢s, estos dos delitos los considera en "concurso medial", es decir, que uno no se puede producir sin el otro, lo que a efectos de pena supone tambi¨¦n una rebaja.

De este modo, solicita para Junqueras 12 a?os de prisi¨®n por estos dos delitos. Para Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa la petici¨®n es de 11 a?os y medio.?Al mismo tiempo, solicita la inhabilitaci¨®n de todos ellos por el mismo periodo de la condena de c¨¢rcel.?A otros tres antiguos?miembros del Gobierno de la Generalitat encausados ¡ªlos exconsejeros Meritxell Borr¨¢s (Gobernaci¨®n), Carles Mund¨® (Justicia) y Santiago Vila (Empresa)¡ª, la Abogac¨ªa los acusa de malversaci¨®n y desobediencia grave en su condici¨®n de autoridad p¨²blica. Por ambas infracciones, pide para ellos siete a?os de prisi¨®n, 10 a?os de inhabilitaci¨®n absoluta y un a?o y ocho meses de inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico, adem¨¢s de una multa.

En un segundo grupo de procesados, los servicios jur¨ªdicos del Estado sit¨²an a Jordi S¨¤nchez y Jordi Cuixart. A ambos tambi¨¦n los acusa de sedici¨®n, pero sin el agravante de autoridad que s¨ª aplica a los seis anteriores, por lo que pide para ambos ocho a?os de c¨¢rcel y otros tantos de inhabilitaci¨®n. El escrito acusa a los Jordis de haber "inducido, sostenido y dirigido" los sucesos de aquellos d¨ªas en Catalu?a que produjeron?¡°actos contra decisiones judiciales leg¨ªtimas y contra la actuaci¨®n de autoridades o funcionarios p¨²blicos que pretend¨ªan dar cumplimiento a esas resoluciones judiciales¡±.

La Abogac¨ªa sit¨²a en el tercer grupo de responsable a los siete antiguos cargos del Parlamento catal¨¢n procesados, aunque con distintos grados de implicaci¨®n. As¨ª, para la que fuera presidenta de la C¨¢mara auton¨®mica Carme Forcadell?solicita 10 a?os de prisi¨®n y otros tantos de inhabilitaci¨®n al considerarla autora de un delito de sedici¨®n con el agravante de "autoridad". Para los miembros de la Mesa del Parlament Llu¨ªs Mar¨ªa Corominas, Llu¨ªs Guin¨®, Anna Sim¨® y Ramona Barrufet, el escrito reclama multa de 10 meses e inhabilitaci¨®n por un a?o y ocho meses por el delito de desobediencia grave.

Este mismo delito se aplica al tambi¨¦n exintegrante de este ¨®rgano de la C¨¢mara Joan Josep Nuet y a la dirigente de la CUP Mireia Boya, para los que pide una pena menor: ocho meses de multa y cuatro de inhabilitaci¨®n. Tanto estos como los otros cuatro miembros de la Mesa del Parlament deber¨ªan "haber inadmitido a tr¨¢mite y paralizado todas las propuestas contrarias al orden constitucional" que en aquellos d¨ªas plante¨® el Govern de Carles Puigdemont. Entre ellas, la Ley del Refer¨¦ndum de Autodeterminaci¨®n y la Ley de Transitoriedad Jur¨ªdica y Fundacional de la Rep¨²blica.

En su escrito, los servicios jur¨ªdicos del Estado tambi¨¦n hacen un detallado recuento de la cifra gastada o comprometida por parte del Govern para la celebraci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre y concluyen que esta se eleva a 1,97 millones de euros.?