Caseros sobreprotegidos
Es preciso revisar las circunstancias pol¨ªticas que permitieron la venta de viviendas a fondos de inversi¨®n en Madrid
Siendo graves, las actuaciones por las que ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas la exalcaldesa de Madrid Ana Botella junto a ocho miembros de su equipo, no son las ¨²nicas irregularidades asociadas a las operaciones de venta de activos p¨²blicos en octubre de 2013. El delito por el que el Tribunal obliga a pagar a los condenados 25,7 millones de euros es la venta de 18 promociones inmobiliarias (5.315 inmuebles incluyendo garajes, trasteros y otros locales), propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda, ¡°por debajo del valor contable, del precio m¨¢ximo de calificaci¨®n como protecci¨®n p¨²blica, del valor catastral, del valor de mercado¡±. Se vendieron por 128.500.000 euros cuando se pod¨ªan haber vendido por 151.211.518 euros, seg¨²n la sentencia. Los compradores fueron sociedades del fondo de inversi¨®n estadounidense Blackstone.
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La trascendencia de estos episodios va m¨¢s all¨¢ de los da?os al patrimonio p¨²blico o de las irregularidades administrativas susceptibles de concluir en la posible nulidad del proceso. Entra de lleno en la pol¨ªtica, en la facilidad con que se adulteran los objetivos de protecci¨®n social, como es el acceso a la vivienda de las familias con menor renta, en beneficio de intereses privados que tampoco se ajustan a la libre competencia. Entre los activos vendidos hab¨ªa 1.860 viviendas p¨²blicas, destinadas a familias de bajos ingresos. Esas viviendas malvendidas dejaron de estar protegidas y en algunos casos se endurecieron las condiciones para sus inquilinos, que vieron ascender sus alquileres o anulada su opci¨®n de compra. El resultado de esas decisiones pol¨ªticas es que Blackstone no solo se ha convertido en el principal casero de Espa?a, con m¨¢s de 20.000 viviendas en alquiler, sino que result¨® estar mucho m¨¢s protegido que las familias a las que estaban destinadas las viviendas.
Razones no faltan para que, con independencia de la actuaci¨®n de la justicia, se revisen las circunstancias pol¨ªticas que permitieron tales irregularidades. Deducir lecciones es tan importante como pedir cuentas a los responsables, tres de los cuales ocupan cargos p¨²blicos.
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