Salvar el alquiler

El intento del Gobierno de reformar el mercado de alquiler de vivienda sufri¨® una derrota estrepitosa en el Congreso el pasado martes. El rechazo parlamentario constituye un contratiempo social porque el crecimiento desorbitado de los precios de los arrendamientos urbanos en los ¨²ltimos a?os impide el acceso a la vivienda de trabajadores y profesionales que necesitan un lugar para vivir all¨ª donde trabajan. No hay proporci¨®n entre la menguada renta media que perciben los asalariados j¨®venes con el precio medio del alquiler, que en ciudades como Madrid se aproxima a los 900 euros mensuales. La irrupci¨®n de los llamados ¡°pisos tur¨ªsticos¡± ha elevado las tensiones sobre los precios en ¨¢reas localizadas de Madrid o Barcelona y ha contribuido a aumentar los desahucios de inquilinos; todo ello en el marco de un mercado raqu¨ªtico, muy lejos de la ocupaci¨®n media en Europa. El decreto ley pretend¨ªa corregir algunos de los problemas creados por la ley de 2013. Ampliaba las pr¨®rrogas de los contratos, propon¨ªa varias cautelas para limitar los desahucios, limitaba los avales exigibles al inquilino y conced¨ªa m¨¢s poder a los vecinos para combatir la expansi¨®n de los ¡°pisos tur¨ªsticos¡±. Pero el voto en contra de Podemos, partidario de dar poder a los Ayuntamientos para limitar los precios en las zonas con alquileres m¨¢s elevados, obliga al Gobierno a empezar de nuevo.

El Ministerio de Fomento tiene el deber de insistir en una reforma que mejore las condiciones actuales del alquiler en Espa?a. Pero el nuevo proyecto debe apoyarse sobre bases pol¨ªticas y econ¨®micas m¨¢s firmes. Algunas ya estaban en el decreto ley rechazado. Es imprescindible contar con un ¨ªndice de precios de alquiler elaborado por el Instituto Nacional de Estad¨ªstica para toda Espa?a y para cada una de las comunidades aut¨®nomas; hay que mantener la ampliaci¨®n de las pr¨®rrogas de los contratos desde los tres a?os actuales a los cinco a?os e insistir en que una comunidad de propietarios rechace la calificaci¨®n de un piso como tur¨ªstico cuando as¨ª lo deseen las tres quintas partes de los vecinos.

La estrategia m¨¢s eficaz para contener los precios es elevar el n¨²mero de viviendas p¨²blicas destinadas al arrendamiento protegido. El inconveniente de esta pol¨ªtica, que por cierto ya est¨¢ en marcha, es que tiene efectos a medio plazo. Para conseguir resultados a corto plazo solo es posible actuar con intervenciones legales de los precios, de las cuales hay precedentes variados en las capitales europeas. Fomento podr¨ªa considerar un modelo que permitiese al Ayuntamiento limitar los precios de forma indirecta, mediante incentivos o castigos fiscales. Por ejemplo, gravar con tasas estatales o municipales cualquier subida de precios superior a la se?alada por el ¨ªndice de precios de alquiler.

Sea cual sea la opci¨®n elegida, la decisi¨®n deber¨ªa contar con un amplio grado de consenso. Ser¨ªa conveniente pactar con los fondos que operan con el stock de alquileres y con los promotores que reciben suelo p¨²blico para evitar que el precio se dispare por encima del indicador medio de precios y limitar los desahucios a causas precisas e informadas.