Innovaci¨®n para proteger los derechos de las personas presas
La presencia de bandas armadas y el control de muchas c¨¢rceles latinoamericanas por parte de estas, sumado a las condiciones precarias de salubridad y alimentaci¨®n, hacen que cumplir condena en ellas sea una pena de muerte aleatoria
Desde hace d¨¦cadas los sistemas penitenciarios de Am¨¦rica Latina se encuentran en una grave crisis humanitaria. La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Am¨¦ricas (2011) destac¨® dos grandes problemas en sus prisiones: los que afectan el derecho a la vida y a su integridad personal. La violencia carcelaria, la presencia de bandas armadas y el control de muchos presidios por parte de estas, sumado a las condiciones precarias de salubridad y alimentaci¨®n, convierte a la c¨¢rcel en una pena de muerte aleatoria, tal y como se refieren especialistas como E.R Zaffaroni o E. Carranza.
En cuanto al derecho a la integridad personal, la CIDH se?al¨® su preocupaci¨®n por la existencia de torturas y tratos inhumanos y degradantes, que se manifiestan estructuralmente en las condiciones de vida de las personas presas. Una de las grandes causas es la existencia de ¨ªndices elevad¨ªsimos de sobrepoblaci¨®n penitenciaria que superan el 120% de la capacidad y se denominan sobre poblaci¨®n cr¨ªtica o hacinamiento. Globalmente, la poblaci¨®n encarcelada no ha dejado de aumentar, en especial, en los ¨²ltimos 20 a?os, y especialmente, en esta regi¨®n. Los datos del informe mundial sobre prisiones (World Prison Brief, del ICPR, Birkbeck University of London) revelan una media en la regi¨®n de 387 personas presas por 100.000 habitantes, cuando la media mundial es de 144.
En la regi¨®n hay 387 personas presas por cada 100.000 habitantes, cuando la media mundial es de 144
Si la poblaci¨®n encarcelada en el mundo ha aumentado en el siglo XXI un 19,5% de media, en Am¨¦rica Latina lo ha hecho m¨¢s de un 100%. De los 20 pa¨ªses con tasas de encarcelamiento m¨¢s altas del planeta, 10 est¨¢n en esta regi¨®n: Costa Rica (352), Belice (410), Panam¨¢ (426) y El Salvador (579), entre otros. En todo caso, los datos de los pa¨ªses del Caribe son m¨¢s alarmantes: Cuba (510), Islas V¨ªrgenes de EE UU (540) y San Crist¨®bal y Nieves (607).
Si nos centramos en las mujeres, aparece un fen¨®meno preocupante: la poblaci¨®n femenina encarcelada ha aumentado en todos los continentes. Seg¨²n el World Female Imprisonment List (ICPR, 2015) mientras se estima que la poblaci¨®n total ha aumentado en el siglo XXI un 20%, las mujeres encarceladas lo han hecho en un 50%. Lo m¨¢s preocupante es que el n¨²mero de mujeres encarceladas en pa¨ªses de Sudam¨¦rica se ha disparado en el siglo XXI: desde el 2000 ha aumentado tres veces en Colombia, cuatro en Guatemala y Brasil, y en El Salvador lo ha hecho por ocho.
Vulnerabilidad de personas presas, especialmente aquellas que sufren violencia institucional
La Asociaci¨®n Interamericana de Defensor¨ªas P¨²blicas (AIDEF), preocupada por el acceso a la justicia de las personas en situaci¨®n de riesgo, entendi¨® que las personas presas y especialmente las que sufren violencia institucional forman un grupo en situaci¨®n de vulnerabilidad. En 2017, la AIDEF identific¨® un proyecto denominado Gu¨ªa Regional de actuaci¨®n ante casos de violencia institucional carcelaria. El objetivo principal era crear un instrumento para poner en com¨²n instituciones p¨²blicas y sociedad civil para ofrecer una atenci¨®n integral (jur¨ªdica, m¨¦dica y psicosocial) a las v¨ªctimas de malos tratos y sus familias.
Con al apoyo del Programa EUROsociAL+ (financiado por la Uni¨®n Europea), la AIDEF pudo poner en marcha el proyecto. El primer paso consisti¨® en realizar un diagn¨®stico de la violencia institucional carcelaria en la regi¨®n. Los resultados fueron muy alarmantes.
Tras las conclusiones del diagn¨®stico, se elabor¨® la Gu¨ªa regional de atenci¨®n integral a v¨ªctimas de violencia institucional en el sistema penitenciario. La gu¨ªa, aprobada por el Consejo Directivo de AIDEF en Santiago de Chile en septiembre de 2018, dise?a el Sistema de Registro, Comunicaci¨®n y Atenci¨®n integral a v¨ªctimas de violencia institucional carcelaria (SIRCAIVI), que prev¨¦ un protocolo de actuaci¨®n intersectorial activado por las Defensor¨ªas P¨²blicas (a trav¨¦s de un registro centralizado) y que despliega unas actuaciones como la visita y entrevista con la v¨ªctima, la atenci¨®n a su familia, la solicitud de medidas judiciales cautelares de protecci¨®n, la atenci¨®n m¨¦dica (bajo el Protocolo de Estambul de la ONU), la atenci¨®n psicosocial e incluso la intervenci¨®n de organismos internacionales del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas.
La posible implementaci¨®n por parte de los pa¨ªses que integran la AIDEF de una herramienta de este tipo supone la adopci¨®n de una pol¨ªtica innovadora para la protecci¨®n de las v¨ªctimas de malos tratos. Hay fundados motivos de esperanza para que creer que ello sea llevado a cabo y se a¨²nan voluntades en la direcci¨®n de proteger los derechos de las personas presas en Am¨¦rica Latina.
Alejandro Forero Cu¨¦llar e I?aki Rivera Beiras, del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona; y expertos del Programa EUROsociAL+.
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