El mundo est¨¢ cada vez m¨¢s amordazado

La represi¨®n est¨¢ de moda. Es tendencia. Cada vez m¨¢s pa¨ªses aprueban leyes que limitan o impiden la actividad de las organizaciones que defienden los derechos humanos. Solo en los dos ¨²ltimos a?os, se han iniciado los tr¨¢mites e incluso aprobado al menos 40 normas en este sentido. As¨ª lo advierte Amnist¨ªa Internacional en el informe Leyes concebidas para silenciar, publicado este jueves, en el que denuncia "un ataque global contra las ONG".

En su investigaci¨®n, la organizaci¨®n analiza 50 pa¨ªses del mundo donde se han aplicado o est¨¢n en proceso de aprobaci¨®n leyes contra las ONG. Esta batalla para frenar y acallar a los defensores de los derechos humanos "se ha recrudecido" en los ¨²ltimos a?os, apunta Maribel Tellado, responsable de la campa?a Valiente de Amnist¨ªa Internacional en Espa?a. En opini¨®n de la experta, los propios Gobiernos usan un "discurso demonizador" de determinados colectivos para luego justificar las medidas represivas contra ellos. "Una parte de la poblaci¨®n compra esos mensajes", lamenta. Es el caso de Hungr¨ªa. "Se est¨¢n ensa?ando con las organizaciones que apoyan a las personas migrantes y refugiadas. Se dice que amenazan la seguridad, las multan y desprestigian". La comunidad LGTBI, las feministas y los que combaten la corrupci¨®n ¡ªincluidos los periodistas¡ª son otros grupos especialmente perseguidos.

Las medidas m¨¢s comunes para impedir el trabajo de las organizaciones que se han encontrado los autores del informe son la imposici¨®n de trabas burocr¨¢ticas y dificultar su acceso a financiaci¨®n.

En la mayor¨ªa de los casos, advierten, se obliga a las organizaciones a registrarse para poder desarrollar su actividad y los requisitos para hacerlo son a menudo confusos o simplemente arbitrarios. En Pakist¨¢n, por ejemplo, el Ministerio de Interior rechaz¨® las peticiones de 18 ONG internacionales, entre las que estaba ActionAid, sin alegar motivo alguno. En octubre de 2018, les orden¨® abandonar el pa¨ªs. Las justificaciones para denegar el permiso, cuando s¨ª las hay, son tan distintas como los pa¨ªses que las imponen. Seg¨²n el estudio, las m¨¢s habituales son la seguridad nacional, la preocupaci¨®n de que las entidades interfieran en asuntos internos, la necesidad de proteger la propia identidad, as¨ª como preservar las tradiciones, los valores y las creencias religiosas.

Para dificultar o incluso acabar con la actividad de las ONG ya operativas, algunos Gobiernos han aprobado leyes que fuerzan a las entidades a cumplir requisitos y procesos "absurdos", dice Tellado. De no hacerlo, se enfrentan a cuantiosas multas o incluso la c¨¢rcel. Otros se reservan el poder de disolver una organizaci¨®n si esta comete alguna infracci¨®n. El problema es que, seg¨²n Amnist¨ªa Internacional, los casos en los que est¨¢n habilitados a ello no est¨¢n claramente definidos. En Egipto, en virtud de su Ley 70 de 2017, basta con afirmar que una ONG "da?a la unidad nacional o perturba el orden p¨²blico" para cerrarla.

En muchos casos, se obliga a las organizaciones a registrarse para poder desarrollar su actividad y los requisitos para hacerlo son a menudo confusos o simplemente arbitrarios

Con todo, en estos pa¨ªses, hay ONG que superan airosas la embrollada burocracia y aguantan la persecuci¨®n. Contra ellas, a los Gobiernos solo les queda la guerra econ¨®mica a golpe de multas e impuestos desorbitados, o bien restringen al m¨ªnimo sus posibilidades de financiaci¨®n. En este sentido, el informe de Amnist¨ªa Internacional destaca en primer lugar a Rusia y su Ley de Agentes Extranjeros de 2012. Las ONG que reciben fondos internacionales o desarrollan actividades pol¨ªticas son incluidas en un listado que las califica como "agentes extranjeros", que todav¨ªa es sin¨®nimo de esp¨ªa, traidor y enemigo del Estado. "Tiene una connotaci¨®n muy negativa en la opini¨®n p¨²blica. Nadie quiere ser llamado as¨ª, especialmente si eres un defensor de los derechos humanos", confirma Galina Arapova, directora de Mass Media Defence Centre (MMDC), que promueve la libertad de expresi¨®n y asiste legalmente a periodistas en aquel pa¨ªs.

"Es f¨¢cil que cualquier organizaci¨®n cumpla los requisitos. Basta con que la Comisi¨®n Europea o las Naciones Unidas est¨¦n entre sus donantes. Y la definici¨®n de la ley de lo que es una actividad pol¨ªtica es muy amplia. Defender la libertad de expresi¨®n, criticar al Gobierno, luchar contra la tortura e incluso ayudar a ni?os con c¨¢ncer... ?Encuentran actividad pol¨ªtica en todo lo que hacemos porque dicen que influir¨¢ en la opini¨®n p¨²blica!", detalla Arapova.? "Pero nosotros no somos pol¨ªticos. Defendemos los derechos humanos, es lo que hacemos las 24 horas del d¨ªa".?

La ONG que dirige fue incluida en la lista de agentes extranjeros en 2015 y desde entonces su labor es cada vez m¨¢s dif¨ªcil. En primer lugar, porque las instituciones p¨²blicas tienen prohibido tratar con entidades bajo esta clasificaci¨®n. "Hemos perdido la posibilidad de comunicarnos y coordinarnos con organizaciones gubernamentales y autoridades. Por eso hemos tenido que cesar algunos de nuestros programas. Impart¨ªamos formaci¨®n a jueces, a responsables de prensa, la polic¨ªa... Pero ahora no podemos organizar ninguna actividad, ni charlas o seminarios con funcionarios", detalla indignada en una conversaci¨®n por canales m¨¢s seguros que una simple llamada de tel¨¦fono. No tiene la certeza de que la est¨¦n vigilando, pero toma este tipo de precauciones "por si acaso".

"Lo usan para estigmatizarnos", se queja la activista. "No solo se trata de frenar la actividad de las ONG y acallar las cr¨ªticas al Gobierno, sino tambi¨¦n de crear una mala reputaci¨®n y que la gente crea que usamos los fondos, becas y donaciones extranjeras para servir los intereses de otros Gobiernos y no en favor de la sociedad rusa. Lo que no es cierto", contin¨²a. De este modo, a trav¨¦s del desprestigio, los pudientes donantes locales prefieren apoyar causas menos controvertidas que los derechos humanos y organizaciones menos impopulares que las calificadas como agentes extranjeros.

Todas las leyes y medidas represivas hasta ahora descritas, recogidas en el informe, van en la direcci¨®n contraria de lo que manda la declaraci¨®n de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos. Dice as¨ª: "Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, econ¨®micas, pol¨ªticas y de otra ¨ªndole, as¨ª como las garant¨ªas jur¨ªdicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicci¨®n, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la pr¨¢ctica de todos esos derechos y libertades".

Represi¨®n, reacci¨®n

El MMDC ha aguantado el envite, pero su labor se ha resentido. "Continuamos dando apoyo legal a los medios, periodistas, blogueros... pero podr¨ªamos hacer m¨¢s. Antes hac¨ªamos m¨¢s", asegura Arapova. Otras entidades no han resistido y han echado el cierre. "Esto es dif¨ªcil financiera, personal y psicol¨®gicamente", argumenta.

"Lo que intentan es infundir miedo y crear inseguridad. Y lo consiguen en muchos pa¨ªses", agrega Tellado. "La gente no quiere ir a la c¨¢rcel o que les multen con unas cantidades de dinero que no pueden pagar... Muchos no solo dejan su trabajo, sino que tambi¨¦n abandonan sus pa¨ªses". Pero hay, en su opini¨®n, motivos para la esperanza. "La movilizaci¨®n ciudadana tambi¨¦n est¨¢ aumentando. La gente se organiza y lucha por el medio ambiente, contra la tortura o la pena de muerte, por la salud y la educaci¨®n... Esto no va a parar", observa. "De una manera u otra, la ciudadan¨ªa acaba reclamando sus derechos".

De una manera u otra, la gente acaba reclamando sus derechos Maribel Tellado, responsable de la campa?a Valiente de Amnist¨ªa Internacional en Espa?a.

Coincide en este an¨¢lisis la uruguaya Anabel Cruz, directora de la ONG Instituto de comunicaci¨®n y desarrollo, y presidenta de la alianza de organizaciones de la sociedad civil Civicus. "Una de las conclusiones de nuestro ¨²ltimo informe sobre el estado de la sociedad civil es que en 2018 hubo un avance de la represi¨®n, pero tambi¨¦n un resurgimiento de movimientos sociales y de protestas como no hab¨ªamos visto en mucho tiempo".?

Lo que m¨¢s preocupa a Cruz es que se haya impuesto una agenda antiderechos. "Despu¨¦s de tantas d¨¦cadas que llev¨® conquistarlos... ahora est¨¢n peligro", reflexiona. Considera que lo que deben hacer organizaciones grandes como Amnist¨ªa Internacional y Civicus es dar apoyo a quienes protestan y pueden frenar esta tendencia represiva. "La sociedad civil est¨¢ alerta y dispuesta a luchar por sus derechos", proclama.

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