Libertad de voto

La decisi¨®n de poner fin a la legislatura y convocar elecciones generales, adoptada hace apenas una semana por el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, ha propiciado que en el plazo de un ¨²nico mes, entre abril y mayo pr¨®ximos, los ciudadanos tengan ocasi¨®n de decidir sobre la renovaci¨®n de la gran mayor¨ªa de las instancias de poder pol¨ªtico en Espa?a. C¨¢maras legislativas centrales y auton¨®micas de r¨¦gimen com¨²n, adem¨¢s de Ayuntamientos y representaci¨®n espa?ola en la Euroc¨¢mara, tendr¨¢n nueva composici¨®n. Y antes de verano, en principio, deber¨ªan estar constituidos los equipos de Gobierno que dirigir¨¢n durante los pr¨®ximos cuatro a?os la estructura del Estado en sus diferentes niveles.

La fragmentaci¨®n de los resultados electorales y la concentraci¨®n de las preferencias en dos bloques polarizados son por el momento simples pron¨®sticos, que la estrategia de la crispaci¨®n, por un lado, y el rechazo a determinados acuerdos poselectorales, por otro, est¨¢n contribuyendo a materializar. Pero ni siquiera la confirmaci¨®n del mapa pol¨ªtico m¨¢s complejo que puedan arrojar las urnas justificar¨ªa una situaci¨®n de bloqueo por vetos cruzados entre los grupos. Tampoco la aparente soluci¨®n de investir Ejecutivos sin estabilidad, articulados en torno a abstenciones y mayor¨ªas relativas y no en programas pol¨ªticos que permitan abordar las reformas. Los resultados de haber intentado ambas v¨ªas en el Parlamento central pr¨®ximo a disolverse est¨¢n a la vista, y podr¨ªan ahora extenderse a gran parte del sistema: una ins¨®lita repetici¨®n electoral con un Gobierno en funciones durante un a?o, y una legislatura extraordinariamente breve conducida por dos mayor¨ªas diferentes pero igualmente inestables.

La existencia de Ejecutivos de diferente signo en las instancias municipal, auton¨®mica y central ha operado hasta el momento como parte del equilibrio entre poderes establecido por la Constituci¨®n, por m¨¢s que en no pocas ocasiones los l¨ªderes y los partidos hayan olvidado la obligaci¨®n constitucional de cooperar. El riesgo de anular este equilibrio no procede ahora, como en ciclos electorales anteriores, de la m¨¢s que improbable hegemon¨ªa que pueda alcanzar ning¨²n partido, sino de la situaci¨®n exactamente contraria. En concreto, de la imposibilidad de estructurar a partir de una fragmentaci¨®n pol¨ªtica sin precedentes una geometr¨ªa pol¨ªtica coherente, en la que los pactos necesarios para desbloquear unas instancias de poder no impidan los que se necesitar¨ªan para hacer lo propio en las dem¨¢s instancias.

Hay que insistir en que las fuerzas que parecen estar empujando el sistema del 78 hacia este callej¨®n sin salida no son resultado de la fatalidad, ni tampoco de ninguna marejada ideol¨®gica internacional de la que Espa?a no pod¨ªa librarse. Antes por el contrario, han sido desencadenadas por errores pol¨ªticos que cualquier dirigente puede cometer, pero que ninguno deber¨ªa obstinarse en negar y en agudizar, disimul¨¢ndolos bajo las alarmas de la emergencia y elev¨¢ndolos a la categor¨ªa de estrategia electoral. La radicalizaci¨®n deliberada de los respectivos electorados frente a problemas de alto voltaje emocional es seguramente el m¨¢s grave de esos errores, pero se ver¨¢ sobrepasado si los partidos buscan proyectarlo sobre la totalidad de las instancias de poder establecidas por la Constituci¨®n de 1978, aprovechando la convocatoria a las urnas en los meses de abril y mayo. Las razones para votar una opci¨®n en un municipio no tienen por qu¨¦ ser las mismas que para hacerlo en una comunidad aut¨®noma, en el Parlamento central o en la Euroc¨¢mara, y al contrario.

Pero esta libertad de voto de la que deber¨ªan gozar los ciudadanos s¨®lo ser¨¢ posible si, desmintiendo los pron¨®sticos, los partidos no conciben la campa?a electoral como una col¨¦rica llamada a rebato contra el enemigo, sino como una oferta razonada entre programas alternativos.