En suspenso

La previsible suspensi¨®n de los diputados independentistas procesados por declarar la secesi¨®n de Catalu?a se ha saldado hasta el momento con tensiones entre el Tribunal Supremo y la Mesa del Congreso, por un lado, y entre los diversos integrantes de este ¨®rgano, por el otro. Tambi¨¦n en el ¨¢mbito judicial la decisi¨®n ha provocado diferencias entre la Fiscal¨ªa, que solicita de los magistrados encargados de juzgar a los dirigentes independentistas su inmediata suspensi¨®n como parlamentarios, y el propio tribunal, que alega al menos dos argumentos para que sean los ¨®rganos de la C¨¢mara los que adopten la decisi¨®n: el primero, que el Reglamento por el que esta se rige es una norma especial que tendr¨ªa prevalencia sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de alcance general; el segundo, el mandato constitucional de respetar la separaci¨®n de poderes.

El acuerdo sobre el fondo del asunto por parte de todos los ¨®rganos y cargos pol¨ªticos involucrados en el sentido de que los dirigentes procesados deben ser suspendidos pone de manifiesto que la ins¨®lita partida entre poderes del Estado responde a prop¨®sitos no exclusivamente vinculados con la aplicaci¨®n de las normas. La flamante presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidi¨® solicitar al Tribunal Supremo aclaraciones sobre el alcance del auto que le hab¨ªa remitido en lugar de, como hubiera sido de esperar, encargar un dictamen a los letrados de la C¨¢mara. La funci¨®n de estos es consultiva, pero, de haber empezado por su informe, y no por la comunicaci¨®n al Tribunal Supremo, los l¨ªmites del problema habr¨ªan sido acotados de antemano. Al mismo tiempo, se habr¨ªa tal vez evitado que una decisi¨®n de tanta trascendencia quedara a merced de la sobreactuaci¨®n electoralista de partidos que respetan ¨®rganos institucionales como la Mesa.

Lo que el auto del Tribunal Supremo y la respuesta que adopte la Mesa del Congreso ponen en juego son, por el contrario, algunos principios fundamentales del Estado de derecho, como el respeto a la presunci¨®n de inocencia, los l¨ªmites del sufragio pasivo en situaciones procesales como las de los dirigentes independentistas o la separaci¨®n de poderes. M¨¢s que reproches velados entre el Legislativo y el Judicial, o que crispadas acusaciones entre los miembros de la Mesa, son asuntos que requieren en primera instancia respuestas inatacables desde el punto de vista jur¨ªdico, y solo despu¨¦s cuantas consideraciones pol¨ªticas quieran hacerse. Que el problema sea in¨¦dito en el sistema constitucional espa?ol no significa ni que este carezca de respuesta ni que ninguna fuerza est¨¦ legitimada a improvisarla por razones pol¨ªticas.

La presencia en las C¨¢maras de parlamentarios sometidos a juicio y en prisi¨®n preventiva responde a una estrategia deliberada de los partidos independentistas, no a una coincidencia sobrevenida. Esta circunstancia, por s¨ª sola, deber¨ªa bastar para que las fuerzas parlamentarias tomaran conciencia de que la ¨²nica respuesta que no deber¨ªan dar es la que est¨¢n dando, entrecruzando argumentos jur¨ªdicos con razones pol¨ªticas. En sus manos est¨¢ que una situaci¨®n sin duda in¨¦dita no se resuelva ni como una excepci¨®n ni como una anomal¨ªa que empobrecer¨ªan el sistema constitucional, sino como un precedente que lo fortalece, al fijar con rigor los criterios jur¨ªdicos que regir¨¢n en esta y futuras ocasiones.