Participaci¨®n ciudadana y acci¨®n clim¨¢tica en Chile: un imperativo

Las recientes revueltas en Chile, motivadas por el aumento del precio del billete del metro, han producido un hecho in¨¦dito en la historia de las COP: que un pa¨ªs que ostenta la presidencia se vea obligado a cambiar la sede de la celebraci¨®n. Estas manifestaciones populares se est¨¢n reproduciendo en pa¨ªses vecinos como Bolivia, Colombia y Ecuador. Pero estas crisis sociales son tambi¨¦n crisis ambientales.

Es significativo que el alza del precio del metro en Santiago haya sido la gota que colm¨® el vaso. Contar con un transporte p¨²blico de calidad, limpio en t¨¦rminos ambientales y asequible es uno de los pilares fundamentales para hacer frente al cambio clim¨¢tico, ya que este es uno de los sectores principales de emisiones de gases efecto invernadero. Hay que tener en cuenta que, en Chile, como media, el gasto en transporte p¨²blico mensual representa alrededor del 13% del salario m¨ªnimo, lo que reduce las posibilidades de acceso a los m¨¢s pobres. Al mismo tiempo, esto genera un aumento en la demanda de transporte privado que, a su vez, provoca altos ¨ªndices de contaminaci¨®n del aire, lo que impacta en la salud de la ciudadan¨ªa.

Asimismo, en Chile hay grandes n¨²cleos de contaminaci¨®n que afectan a las comunidades con menos recursos y m¨¢s vulnerables. Denominadas zonas de sacrificio, son regiones o comunas donde se concentran un gran n¨²mero de industrias contaminantes, que afectan a la salud de sus habitantes, que llevan respirando durante varias d¨¦cadas gases t¨®xicos y metales pesados y donde la inversi¨®n econ¨®mica es m¨ªnima. Sin embargo, el art¨ªculo 19.8 de la Constituci¨®n chilena recoge como derecho constitucional el vivir en en un medio ambiente libre de contaminaci¨®n.

Estas zonas se encuentran en las comunas de Tocopilla, Mejillones (Regi¨®n de Antofagasta), Huasco (Regi¨®n de Atacama), Puchuncav¨ª-Quintero (Regi¨®n de Valpara¨ªso) y Coronel (Regi¨®n del B¨ªo B¨ªo).

Un estudio reciente de la organizaci¨®n Chile Sustentable apunta que las 29 termoel¨¦ctricas de carb¨®n que operan actualmente en el pa¨ªs son responsables del 91% de las emisiones totales de di¨®xido de carbono, el 88% de la totalidad de part¨ªculas, el 97% de las emisiones totales de di¨®xido de azufre y el 91% de las emisiones totales de ¨®xidos de nitr¨®geno, lo que tiene graves impactos tanto en la salud como en el medio ambiente.

Un estudio reciente de la organizaci¨®n Chile Sustentable apunta que las 29 termoel¨¦ctricas de carb¨®n que operan actualmente en el pa¨ªs son responsables del 91% de las emisiones totales de di¨®xido de carbono

Precisamente, estas centrales se concentran en las zonas de sacrificio: Iquique, donde existe una instalaci¨®n de Enel; Tocopilla, que alberga 7 centrales (5 de Engie y 2 de AES Gener); Mejillones, con 8 termoel¨¦ctricas (4 de Engie y 4 de AES Gener); Huasco, con 5 centrales, todas de AES Gener; Puchuncav¨ª alberga 5 y tambi¨¦n todas son de AES Gener; y finalmente, en Coronel hay 3 (2 de Enel y una de Colb¨²n). En junio, el presidente Pi?eira anunci¨® que las centrales de carb¨®n cerrar¨¢n en 2040 y, en los pr¨®ximos cinco a?os se cerrar¨¢n 8. Sin embargo, hace unas semanas, la C¨¢mara de Diputados chilena ha solicitado un plan de cierre de las t¨¦rmicas y su eliminaci¨®n para 2030.

En el caso del complejo industrial de Puchuncav¨ª-Quinteros, donde sus habitantes han sufrido intoxicaciones, as¨ª como v¨®mitos, mareos, y dolores de cabeza, debido a la contaminaci¨®n ambiental que genera la gran industrializaci¨®n de la zona, la Corte Suprema de Chile declar¨® en junio de 2019 que se ha producido una vulneraci¨®n de derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y a vivir en un ambiente libre de contaminaci¨®n. Este caso es una clara muestra de los desaf¨ªos en materia de informaci¨®n y participaci¨®n para garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano.

La Corte estableci¨® la responsabilidad del Estado por su inacci¨®n, pues, al menos desde el a?o 2012, el Estado contaba con conocimiento de la grave situaci¨®n de contaminaci¨®n a la que estaba expuesta la poblaci¨®n. Esto ha evidenciado la dram¨¢tica situaci¨®n de esa poblaci¨®n y la falta de acceso a la informaci¨®n respecto de los agentes contaminantes a los que estaba, y sigue estando expuesta, as¨ª como la falta de espacios de participaci¨®n efectivos para el control ciudadano.

Desde luego que la crisis social por la que atraviesa Chile tiene su origen en la desigualdad, corrupci¨®n y limitada participaci¨®n de todos los actores en la construcci¨®n de las leyes y pol¨ªticas. Al mismo tiempo, existe una falta de asimetr¨ªa de poder que se traduce en pol¨ªticas y leyes que no atienden adecuadamente los desaf¨ªos de los sectores m¨¢s vulnerables. A lo anterior se suma la creciente criminalizaci¨®n de la protesta, uso indiscriminado de la fuerza, restricciones al espacio c¨ªvico y ataques contra defensores ambientales.

Chile lidera este a?o la Alianza de Ambici¨®n Clim¨¢tica por la que m¨¢s de 66 Partes de la Convenci¨®n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim¨¢tico, incluyendo Chile, adem¨¢s de 10 regiones, 102 ciudades, 93 compa?¨ªas y 12 inversores est¨¢n comprometidos con lograr cero emisiones netas de di¨®xido de carbono para el 2050.

Esto, sin lugar a duda, debe tener un reflejo en la realidad social y ambiental de Chile. Pero, tambi¨¦n, este pa¨ªs, junto al resto de la regi¨®n, tiene una oportunidad hist¨®rica para modificar las pautas que han llevado a estas crisis a trav¨¦s del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informaci¨®n, la Participaci¨®n P¨²blica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Am¨¦rica Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escaz¨², que fue el ¨²nico tratado vinculante que se impuls¨® en R¨ªo +20.

Este acuerdo, al igual que el Convenio de Aarhus, desarrolla la denominada democracia ambiental. En teor¨ªa garantiza la implementaci¨®n plena y efectiva de los derechos de acceso a la informaci¨®n, la participaci¨®n y la justicia en asuntos ambientales, con especial ¨¦nfasis en las personas y grupos en situaci¨®n de vulnerabilidad, pues se hace cargo de la dram¨¢tica situaci¨®n que enfrentan los defensores ambientales en la regi¨®n y establece garant¨ªas espec¨ªficas para que estos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Los acuerdos son un instrumento preventivo, de paz social, esencial para la acci¨®n clim¨¢tica. Hasta el momento, el Acuerdo de Escaz¨², ha sido firmado por 21 pa¨ªses y ratificado ¨²nicamente por cinco. Precisa de 11 ratificaciones para entrar en vigor. Como presidencia de la COP25, y puesto que impuls¨® y lider¨® la negociaci¨®n de ese Acuerdo, Chile debe firmar y ratificar el convenio en el corto plazo para abordar la crisis social. Sin acceso a la informaci¨®n, participaci¨®n p¨²blica y acceso a la justicia, elementos fundamentales de cualquier democracia y estado de derecho, la acci¨®n clim¨¢tica y la transici¨®n justa no son posibles.

Ana Barreira es abogada y directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente.

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