Sin excepci¨®n

El Partido Socialista y Esquerra Republicana de Catalunya se reunir¨¢n este martes por tercera vez para intentar un acuerdo que permita la investidura de Pedro S¨¢nchez. De encontrar finalmente una f¨®rmula que satisfaga las aspiraciones de los independentistas sin desbordar el marco constitucional, el otro obst¨¢culo que deber¨¢n salvar los negociadores es fijar una fecha para la sesi¨®n de investidura. Mientras que los socialistas desean convocarla en el plazo m¨¢s breve posible, ERC maneja otro calendario, a fin de que la actual direcci¨®n pueda celebrar antes el congreso del partido y los tribunales europeos despejar las inc¨®gnitas que pesan sobre su l¨ªder, Oriol Junqueras. En opini¨®n de ERC, solo a partir de ese momento el viraje hacia la abstenci¨®n en la investidura de S¨¢nchez podr¨ªa no tener efectos adversos sobre sus expectativas en las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas catalanas, en las que espera alcanzar la hegemon¨ªa en el campo independentista.

Las diferencias en torno al calendario de la investidura responden en primera instancia a las necesidades de la negociaci¨®n pol¨ªtica, si bien inciden en una dimensi¨®n institucional que no puede seguir siendo obviada por m¨¢s tiempo. La par¨¢lisis que atenaza al sistema constitucional no es solo resultado de las repeticiones electorales y de la sucesi¨®n de Gobiernos en minor¨ªa, sino tambi¨¦n de los dilatad¨ªsimos periodos con Ejecutivos en funciones: en tan solo cuatro meses m¨¢s, sumar¨ªan un total de dos a?os desde 2015. Esta situaci¨®n de interinidad es gravemente lesiva para el pa¨ªs porque reduce la gesti¨®n gubernamental al despacho ordinario de los asuntos, cuando lo que urge son reformas de calado. Pero tambi¨¦n porque est¨¢ contribuyendo a convertir en norma situaciones y procedimientos que la Constituci¨®n sit¨²a manifiestamente en el ¨¢mbito de la excepci¨®n.

De hecho, no es el Gobierno central el ¨²nico ¨®rgano que tiene el mandato prorrogado. En la misma o parecida situaci¨®n se encuentran el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, al igual que un importante n¨²mero de altos cargos de la Administraci¨®n, incluyendo dos ministros cuyas tareas han tenido que ser asumidas con car¨¢cter provisional por otros miembros del Gabinete. A todo ello hay que sumar la pr¨®rroga de los Presupuestos por tercer a?o consecutivo y la generalizaci¨®n del decreto ley como instrumento de gesti¨®n ordinaria, al que se recurre por la imposibilidad de articular mayor¨ªas en torno a un programa de gobierno y no tanto porque lo reclamen motivos de extraordinaria urgencia. La fragmentaci¨®n pol¨ªtica del Congreso salido de las ¨²ltimas elecciones generales, as¨ª como la nula voluntad de acuerdo manifestada por los grupos parlamentarios, dibujan un horizonte en el que este avance de la excepcionalidad podr¨ªa seguir instal¨¢ndose en el sistema constitucional.

Una vez constituidas las C¨¢maras, su tarea m¨¢s urgente es investir un candidato a la presidencia del Gobierno. Pero esta prioridad no es excusa para posponer otras decisiones de las que depende el pleno funcionamiento de algunos ¨®rganos esenciales del Estado. Por otra parte, mantener estos ¨®rganos en la interinidad y sin reflejar las nuevas mayor¨ªas salidas de las urnas, seg¨²n vienen haciendo los partidos, constituye una falta de respeto, una m¨¢s, a la voluntad de los ciudadanos.