Entramos en el laberinto de los secretos de Estado en Espa?a

¡°No se puede. No se sabe lo que hay ni d¨®nde est¨¢¡±.

El veterano pol¨ªtico que ha trajinado durante d¨¦cadas por las ca?er¨ªas del poder se muestra parco cuando se le pregunta en una cafeter¨ªa madrile?a por qu¨¦ ning¨²n Gobierno que llega a La Moncloa mueve un dedo por desclasificar ni un solo secreto de nuestro pasado inmediato. Ni siquiera ante la presi¨®n de los jueces y el Parlamento. O en nombre de la transparencia. O, al menos, por respeto a la historia.

?Por qu¨¦ tienen miedo? Insisto. ¡°Porque no saben lo que hay¡±, reitera. ?Cu¨¢ntos secretos hay en Espa?a? Repregunto. ¡°Nadie posee esa informaci¨®n¡±, contesta. ¡°No tienen ni idea de lo que se pueden encontrar. Ni d¨®nde est¨¢n muchos de esos papeles. Si est¨¢n en el CNI [Centro Nacional de Inteligencia], depositados en el Estado Mayor de la Defensa [heredero del Alto Estado Mayor de Franco] o en La Zarzuela; perdidos en un archivo colapsado o, por el contrario, si alguien se los llev¨® a su casa¡±.

Nadie parece saberlo. Quiz¨¢ prefieran no saberlo. El silencio es la respuesta de la Administraci¨®n cuando se la consulta. Nadie parece disponer de todas las piezas del rompecabezas. Seg¨²n distintas fuentes, contin¨²an en Espa?a bajo llave asuntos candentes de la represi¨®n franquista; de la descolonizaci¨®n de Marruecos, Ifni y Guinea; de la lucha sucia contra ETA; de la salida del S¨¢hara; de los proleg¨®menos y el desarrollo del 23-F; de los ficheros de los servicios secretos de Carrero Blanco; de un embri¨®n de bomba at¨®mica; de los planes para ocupar militarmente Madrid, Barcelona o Bilbao¡­ ¡°No saben lo que hay, ni tienen ganas de meterse en l¨ªos con otros pa¨ªses, ni disponen de medios ¡ªni ganas¡ª para abrir ese mel¨®n: bucear en los archivos, localizar los asuntos m¨¢s importantes, crear una comisi¨®n que analice papel por papel [la gran mayor¨ªa est¨¢n en ese formato] y decidir qu¨¦ se puede saber. Y despu¨¦s, desclasificar. A unos y a otros, a los socialistas y a los populares, les da miedo ponerlo todo patas arriba¡±, concluye el viejo pol¨ªtico.

Es un paradigma que el archivero y activista por la memoria hist¨®rica Antonio Gonz¨¢lez Quintana define como ¡°transici¨®n amn¨¦sica¡±. Algo en lo que coincide Henar Alonso, jefa del ?rea de Descripci¨®n del Archivo General Militar de ?vila: ¡°Es el fruto de una paranoia secretista generada por una dictadura emparedada entre una guerra civil, una mundial y una fr¨ªa, que hemos heredado¡±. O quiz¨¢ el simple trasvase a la pol¨ªtica de una filosof¨ªa que los anglosajones resumen en pocas palabras, ¡°Let sleeping dogs lie¡±: deja a los perros que duerman. O, lo que es lo mismo, conviene dejar las cosas como est¨¢n.

La conclusi¨®n de este reportaje es que nadie en Espa?a parece disponer del mapa completo de los secretos de Estado. De su contenido y localizaci¨®n. De los infinitos documentos oficiales marcados irregularmente con ese sello de hermetismo a lo largo de 80 a?os, que brotan como setas a poco que se ara?e en los archivos de la Administraci¨®n. Y que los archiveros no saben c¨®mo tratar ni custodiar. Tampoco nadie dispone del listado oficial de los graves peligros que contienen esos documentos y que podr¨ªan da?ar la seguridad nacional si se hicieran p¨²blicos. Y que ¡°deber¨ªan ser identificables, describibles y evidentes, y no puras conjeturas¡±, seg¨²n Mikel Legarda, diputado del PNV, una formaci¨®n muy combativa contra la actual legislaci¨®n sobre secretos oficiales, que fue redactada durante el franquismo y carece de un mecanismo de desclasificaci¨®n autom¨¢tico.

Casi nunca se ha desclasificado nada en Espa?a. Apenas alg¨²n papel hu¨¦rfano del caso Villarejo

Es un territorio pantanoso en el que ning¨²n Gobierno se ha adentrado desde la muerte del general Franco. La socialista Carme Chac¨®n, ministra de Defensa entre 2008 y 2011, intent¨® sin ¨¦xito sacar a la luz decenas de miles de legajos militares anteriores a 1968. Era la primera vez. No la apoyaron ni el PP ni sus propios compa?eros de partido. Ocho a?os m¨¢s tarde por fin lo ha logrado la actual ministra, Margarita Robles, avezada jurista, con una finta legal muy propia de esta juez n¨²mero uno de su promoci¨®n. Esos papeles ser¨¢n p¨²blicos. Los ha desclasificado de un plumazo en su calidad de ¡°jefe del departamento encargado de la custodia del Archivo¡±. Contienen asuntos relacionados con los campos de concentraci¨®n del franquismo; arrestos, denuncias, deserciones, sospechosos y sabotajes; hay boletines de informaci¨®n interior y exterior y de fronteras; expedientes de operaciones; documentaci¨®n de la campa?a Ifni-S¨¢hara y documentos de inteligencia del Estado Mayor de la Guardia Civil. La letra peque?a es que esos asuntos anteriores a 1968 est¨¢n, en gran parte, sin inventariar, identificar, describir, clasificar ni digitalizar. Y no hay presupuesto. Ni infraestructura. Y escasean los profesionales. En el entorno de Defensa confirman que pasar¨¢n al menos cinco a?os hasta que empiece a verse la totalidad de ese material (?de hace medio siglo!) reci¨¦n desclasificado por Robles. Ser¨¢ un fest¨ªn para los historiadores.

Los archivos militares se mantienen al margen del sistema archiv¨ªstico del Estado. Y sus responsables son altos oficiales en el final de su carrera. Aunque su disposici¨®n hacia la apertura parece estar cambiando. Como confirma el coronel Alberto Cutanda, jefe del Archivo Hist¨®rico de Defensa, en Madrid: ¡°Los papeles militares siempre fueron para dentro, para nosotros, no para que se vieran fuera. Eran de uso interno. Ahora comienzan a ser accesibles. Pero necesitamos medios y, sobre todo, tecnolog¨ªa¡±.

¡°En cuanto llegas a La Moncloa cambias de opini¨®n y no le hincas el diente a los secretos de Estado. Pasa como con la Constituci¨®n; cuando gobiernas, no te metes a reformarla; esperas a que se moje otro¡±, explica un antiguo miembro de un Ejecutivo del PP. No exagera. En ese sentido, jam¨¢s se ha desclasificado nada en Espa?a. Con la excepci¨®n de alg¨²n papel hu¨¦rfano relacionado con el affaire Villarejo y el empleo de fondos reservados por parte del Ministerio del Interior. Y a petici¨®n de los jueces del caso.

Nunca se ha dado el paso. Desde el inicio de la democracia, las minor¨ªas parlamentarias han presionado sin ¨¦xito para transformar el f¨¦rreo marco legal de los secretos de Estado, que omite en su articulado la desclasificaci¨®n autom¨¢tica de los papeles a partir de unos plazos determinados de tiempo (normalmente, 25 a?os prorrogables otros 10, unos periodos generalizados en la mayor¨ªa de los pa¨ªses desarrollados). Tampoco los diputados lo tienen f¨¢cil para saber lo que hay. Cualquier petici¨®n para ver material clasificado tiene que estar promovida por, al menos, la cuarta parte de los miembros del Congreso. Es decir, un m¨ªnimo de 88 diputados. Lo que supone que los dos grandes partidos tienen que formar parte de la ecuaci¨®n. Y aparte del control de los documentos sensibles a los diputados con car¨¢cter individual y a los grupos parlamentarios minoritarios. Un antiguo responsable de la seguridad del Estado afirma que esa Resoluci¨®n de 2004 fue una forma de evitar que ¡°Herri Batasuna y ahora Bildu y los independentistas catalanes tuvieran acceso a cosas delicadas de la seguridad del Estado¡±.

El mundo de los secretos es un monstruo que se retroalimenta con cada nueva Administraci¨®n

Con mayor o menor convicci¨®n, intentaron cambiar ese vetusto sistema legal de los secretos oficiales Felipe Gonz¨¢lez, Aznar, Zapatero y Pedro S¨¢nchez. (A Rajoy, fiel a su estilo de no crearse l¨ªos, ni se le pas¨® por la imaginaci¨®n meter la mano en ese avispero, porque no era ¡°una prioridad¡±). Los cuatro presidentes, llegado el momento, pisaron el freno. Y el sistema continu¨® entre penumbras.

En julio de 2011, cuando gobernaba, el PSOE pretendi¨® camuflar su reforma de los secretos dentro de una nueva ley de transparencia que nunca vio la luz, ante la negativa del propio ministro socialista Alfredo P¨¦rez Rubalcaba de dar el m¨ªnimo ox¨ªgeno a ETA. Durante la ¨²ltima legislatura de Rajoy (2016-2018), el PP bloque¨® durante m¨¢s de un a?o, junto a Ciudadanos, la tramitaci¨®n en el Congreso de la iniciativa de cambio de la ley auspiciada por el PNV. Y no quiso asumir ninguno de los cambios sobre secretos que le propuso el Grupo Socialista para que incorporara en su nueva Ley de Transparencia de 2013, que se ha demostrado un tap¨®n para el conocimiento de las materias reservadas, a trav¨¦s de 12 limitaciones de acceso a los documentos p¨²blicos. Una barrera que intenta sortear como puede con sus resoluciones el olvidado Consejo de Transparencia, escaso de medios y que lleva dos a?os arrumbado y sin presidente.

El problema para los distintos Gobiernos ha sido siempre el mismo: qu¨¦ periodo transitorio deber¨ªa fijarse para aplicar la desclasificaci¨®n autom¨¢tica de los documentos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en casos muy excepcionales, el presidente puede prorrogar su apertura hasta los 80 a?os. En la mayor¨ªa de los pa¨ªses la clasificaci¨®n dura entre 25 a?os y 50 si se trata de asuntos extraordinarios. Para un antiguo responsable de la seguridad del Estado, ¡°hay que tener plazos especiales para ciertos casos, como la lucha antiterrorista. No puedes dar el nombre de los confidentes aunque hayan pasado 50 a?os porque todav¨ªa les pueden pegar un tiro. Tiene que haber un sistema de pr¨®rrogas para ETA, yihadismo o mafias, incluso para ciertos asuntos diplom¨¢ticos. Y despu¨¦s de haber analizado caso por caso. Quiz¨¢ no se deber¨ªan saber nunca¡±.

El mundo de los secretos de Estado, del material clasificado que solo unos pocos pueden ver ¨²nicamente si tienen absoluta necesidad de ver (y est¨¢n habilitados por el CNI a trav¨¦s de su ap¨¦ndice, la Oficina Nacional de Seguridad), es un monstruo con vida propia que se retroalimenta con una sobreclasificaci¨®n de asuntos decidida por la Presidencia del Gobierno, los servicios de informaci¨®n e inteligencia, y los Ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Presidencia. M¨¢s el refuerzo de Justicia, Energ¨ªa e Industria, con especial ¨¦nfasis en la seguridad de las centrales nucleares, las infraestructuras cr¨ªticas, las patentes y la tecnolog¨ªa de doble uso civil y militar. Sin olvidar la informaci¨®n confidencial que se recibe a diario de la OTAN, la Uni¨®n Europea, la Agencia Espacial Europea, y de las relaciones bilaterales con medio centenar de pa¨ªses con los que se han suscrito acuerdos de protecci¨®n de la informaci¨®n que comparten.

Son toneladas de material (informes, gr¨¢ficos, agendas, notas, cartas, tratados, planes, grabaciones, planos, fotograf¨ªas, aplicaciones, sistemas de comunicaciones, notas de embajadores e informes de los agregados militares) sellado en la parte superior e inferior de su cubierta con el cu?o ¡°Secreto¡± (o sus hermanos menores, ¡°Reservado¡±, ¡°Confidencial¡± y ¡°Difusi¨®n limitada¡±) en azul o en rojo. Nacen, se desarrollan y cumplen su funci¨®n, pero jam¨¢s se desactivan en Espa?a bajo el paraguas ¡°de una de las poqu¨ªsimas leyes del franquismo que contin¨²an vigentes: la de Secretos Oficiales de 1968¡±, explica el catedr¨¢tico y exsubsecretario Javier Garc¨ªa Fern¨¢ndez; una ley apenas maquillada en 1978, dos meses antes de que se promulgara la Constituci¨®n, para que no cantara en exceso su esp¨ªritu de caja fuerte de las sombras del Estado de la que nadie parece conocer la combinaci¨®n.

La legislaci¨®n de secretos oficiales de 1968 tiene cuatro problemas de origen, seg¨²n Jos¨¦ Enrique Serrano, director del gabinete de los presidentes Gonz¨¢lez y Zapatero: ¡°Habla de la clasificaci¨®n de los documentos, pero no dice nada de la desclasificaci¨®n ni de c¨®mo se efect¨²a; no menciona los plazos de vigencia de los secretos y tampoco su desclasificaci¨®n autom¨¢tica; da a los ministros la libertad para elevar al Consejo lo que creen en su opini¨®n que es secreto, e incluye entre las autoridades que pueden clasificar a la Junta de Jefes de Estado Mayor, la Jujem, que ya no existe ni tiene poder pol¨ªtico¡±.

El Gobierno siempre remolonea a la hora de informar de los secretos decididos por el Consejo de Ministros

Esta ¨²ltima es una prerrogativa que el general de cuatro estrellas Julio Rodr¨ªguez, que como Jemad (jefe del Estado Mayor de la Defensa) entre 2008 y 2011 fue heredero de esa Jujem tardofranquista, afirma tajante que ya no tienen los militares: ¡°El Jemad depende de la ministra y del presidente, y no puede considerarse sucesor de la Jujem para ese tipo de asuntos clasificatorios. El Gobierno es el ¨²nico que por ley clasifica y desclasifica. Otra cosa es que el sello de secreto circule con m¨¢s facilidad de la deseada en algunas de las principales unidades de los tres ej¨¦rcitos en nombre de la seguridad nacional¡±. Para otro militar, el analista y coronel del Estado Mayor Pedro Ba?os, que ha trabajado durante a?os con material confidencial de Defensa, Exteriores, la OTAN y la UE, ¡°la ley a la que aspiramos no puede ser de secretos oficiales, sino de clasificaci¨®n de la informaci¨®n; deber¨ªa ser una norma sobre qu¨¦ y c¨®mo se clasifica, c¨®mo se almacena y por cu¨¢nto tiempo. La de 1968 es un simple cerrojo¡±.

Dentro de ese laberinto en el que se impide que los ciudadanos, parlamentarios, periodistas, jueces e historiadores sepan ciertas cosas para que no se da?e una et¨¦rea ¡°seguridad nacional¡±, no solo es secreto un documento, sino que es secreto decir que ha sido clasificado como secreto. En ese escenario, el Gobierno siempre remolonea a la hora de informar de las clasificaciones que adopta en los Consejos de Ministros de los viernes (y no hay que olvidar que las mismas deliberaciones del Consejo son secretas por ley; no se levanta acta, no se graban, no se permiten las notas ni los tel¨¦fonos m¨®viles, y se realiza un barrido contra las escuchas ilegales antes de cada reuni¨®n). Y tampoco aparecen en el orden del d¨ªa de la reuni¨®n preparatoria de los mi¨¦rcoles, la Comisi¨®n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (que representa el sistema circulatorio del Gobierno y cuyo contenido tambi¨¦n es secreto). Ni, por supuesto, figura en la Intranet de esta, la confidencial Comisi¨®n Virtual, a la que tienen acceso menos de 200 personas. Los secretos que se adoptan en el Consejo quedan entre el presidente y sus miembros. Y, mientras les sea posible, no se hacen p¨²blicos. Suelen pasar un m¨ªnimo de 2 a?os y hasta 10. Y no siempre se llegan a saber.

Ese listado de asuntos clasificados en cada Consejo de Ministros se almacena en armarios acorazados con cerraduras de combinaci¨®n que se cambia peri¨®dicamente en el neoplateresco edificio del Ministerio de la Presidencia, en el complejo de La Moncloa. All¨ª est¨¢n tambi¨¦n depositadas las actas de las deliberaciones de los Consejos de Franco y de los primeros a?os de la Transici¨®n. Todas son secretas. En cuanto a los papeles de cada presidente, que se archivan en su gabinete del edificio de Semillas, se los lleva cuando abandona La Moncloa. ¡°Son suyos, son pol¨ªticos, no administrativos¡±, afirma un ex alto cargo de la Presidencia. Lo que suelen dejar los presidentes a sus sucesores son los informes del CNI ya sin vigencia y que normalmente destruye el equipo entrante.

El sistema es complicado incluso para los miembros de la Administraci¨®n. A¨²n se puede rizar m¨¢s el rizo. No solo es secreto el documento, sino tambi¨¦n el proceso con el que se ha elaborado y clasificado como secreto. Y tambi¨¦n es secreto saber qui¨¦n puede hacerlo (hay en torno a 100.000 personas habilitadas en Espa?a por el CNI para manejar material clasificado en el ¨¢mbito de su ¡°necesidad de saber¡±). Y no solo es secreto el documento, tambi¨¦n el sistema por el que se transmite, ya sea humano (la inmensa mayor¨ªa de los secretos son entregados a sus destinatarios en mano, bajo escolta y dentro de dos sobres opacos y sellados) o tecnol¨®gico (el ordenador, fax y sistemas de cifra empleados, ya que los m¨®viles est¨¢n proscritos por seguridad). Y tambi¨¦n es secreto el registro de los secretos. Y las zonas de acceso restringido donde se les puede manejar. Sin dejar de lado que todo lo que se deriva de un documento clasificado, los papeles que brotan de ¨¦l, tambi¨¦n lo es. Una forma de cubrirse las espaldas que conduce a la sobreclasificaci¨®n. Revelar secretos de Estado es un grave delito, pero no es delito clasificar como secreto lo que no lo es. ¡°Y que lo convierte en algo m¨¢s apetecible para los esp¨ªas¡±, recalca el coronel Ba?os.

Y no solo es que sea secreto ese documento final, tambi¨¦n toda la documentaci¨®n que ha sido necesaria para elaborarlo, preparar una disposici¨®n, cumbre, tratado o plan de operaciones. Por lo que, en puridad, no se puede transportar, fotocopiar ni destruir si no es a trav¨¦s de un complejo protocolo detallado por el CNI a imagen y semejanza de la CIA y la OTAN. Una biblia de la seguridad que en la Administraci¨®n no todos cumplen.

Por cada informe que recibe el presidente del Gobierno (unos 2.000 al a?o) se pueden generar en su elaboraci¨®n otros 10 de car¨¢cter confidencial. Son principalmente notas con consideraciones y juicios personales. En el caso de los informes clasificados de prospectiva del CNI que llegan a diario a los ministerios e instituciones, todos son distintos y var¨ªan de contenido seg¨²n su destinatario, que se tiene que hacer responsable de su uso y protecci¨®n (seg¨²n se puede leer en una advertencia que el servicio de inteligencia le hace a pie de p¨¢gina). Solo el presidente del Gobierno, su cliente m¨¢s destacado, recibe toda la informaci¨®n. Lo ve todo. Lo sabe todo. Solo para sus ojos. El resto, seg¨²n lo decida el CNI.

Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. No se graban ni se permiten m¨®viles

A partir de su entrega, no se explica en ning¨²n sitio de forma oficial por cu¨¢nto tiempo ni en qu¨¦ lugar debe permanecer ese material. No se sabe exactamente qui¨¦n lo puede crear y qui¨¦n lo puede ver y a qui¨¦n se le puede contar, y si se pueden hacer copias y c¨®mo se puede transmitir, y si se puede hacer desde una cuenta de e-mail privada o solo desde un sistema de comunicaci¨®n clasificado. Y la gran cuesti¨®n es cu¨¢ndo deja de ser secreto. Cu¨¢ndo pasa de ser un documento confidencial a convertirse en uno hist¨®rico y ser trasladado al Archivo General de la Administraci¨®n (en Alcal¨¢ de Henares) o al Archivo Hist¨®rico Nacional (en Madrid); cu¨¢ndo pasa de tener una vigencia cr¨ªtica para la seguridad nacional a sufrir un proceso de degradaci¨®n y convertirse en un mero pedazo de la historia que hoy se niega con car¨¢cter general a los investigadores y a la ciudadan¨ªa al no estar oficialmente desclasificado.

El subdirector general de Archivos, Severiano Hern¨¢ndez, habla del ¡°ciclo de vida de los documentos¡±. Es decir, el tiempo que (oficialmente) est¨¢n en vigor desde que se originan en una unidad administrativa y se almacenan en torno a 5 a?os en un archivo de oficina; despu¨¦s, 15 a?os en el Central del propio ministerio; m¨¢s tarde, 30 a?os en el General de la Administraci¨®n; para terminar su vida en el Hist¨®rico, una vez que han perdido su condici¨®n administrativa, cuando cumplen 50. Ese proceso evolutivo no se cumple. El atasco de los archivos es inmenso, y la falta de medios, sonrojante, como explican Jes¨²s Espinosa y Juan Ram¨®n Romero, responsables de ambos sobrepasados archivos p¨²blicos. Nadie sabe qu¨¦ ocurrir¨¢ cuando no quede ni un metro de estanter¨ªa libre. Mientras, los grandes secretos terminan durmiendo en los s¨®tanos de los ministerios, de los grandes centros de decisi¨®n militar, de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa. Lugares donde su custodia es f¨¦rrea. ¡°El problema es que si no lo desclasificas, ese documento se queda en el limbo, en vida latente. Y eso est¨¢ pasando con los secretos oficiales. En Espa?a nunca mueren¡±, concluye Severiano Hern¨¢ndez. Para Antonio M. D¨ªaz, profesor de Ciencia Pol¨ªtica y uno de los m¨¢ximos expertos en inteligencia, ¡°la finalidad del secreto no es la opacidad, sino alcanzar un bien que se considera superior y para el que se necesita, temporalmente, que no se conozca. Pero una vez que las causas que motivaron que algo fuera secreto han pasado, el secreto no puede mantenerse por s¨ª solo porque no es un fin, sino un medio. El secreto solo existe en un contexto de necesidad. No puede tener vida propia en un r¨¦gimen abierto y democr¨¢tico¡±.

El Gobierno espa?ol maneja tres m¨¦todos para clasificar. El primero es documento por documento. Y por su car¨¢cter prolijo y repetitivo rara vez se usa. ¡°Si no, el Ejecutivo no se dedicar¨ªa a otra cosa¡±, esgrime un exministro. Esa funci¨®n la delega ¡ªaunque la ley no lo prev¨¦¡ª en los ministerios de Estado, que (en principio) solo podr¨ªan clasificar un asunto con los grados de ¡°confidencial¡± o de ¡°difusi¨®n limitada¡±, pero que se exceden habitualmente con el uso del sello de ¡°reservado¡± y ¡°secreto¡±, que suponen el m¨¢ximo nivel de impenetrabilidad, seg¨²n aseguran a este periodista miembros de los Ministerios de Defensa, Interior y Exteriores.

El segundo sistema de clasificaci¨®n es a trav¨¦s de una ley espec¨ªfica. Por ejemplo, sobre el Cat¨¢logo de Infraestructuras Cr¨ªticas o el Centro Nacional de Inteligencia, donde, desde 2002, todo es secreto, desde sus actividades, organizaci¨®n, estructura interna, medios y procedimientos hasta su personal, centros de datos e instalaciones. Y, por supuesto, sus notas e informes.

En el CNI todo est¨¢ clasificado. Hasta la cafeter¨ªa. Y ofrece la paradoja de que, al tiempo que es el m¨¢ximo productor y emisor de secretos en Espa?a (m¨¢s del 90% de los que se crean), es el organismo encargado de ¡°velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la protecci¨®n de la informaci¨®n¡± en toda la Administraci¨®n. Se encarga de la redacci¨®n de las normas de emisi¨®n, protecci¨®n y uso de los secretos de Estado; de la investigaci¨®n y la habilitaci¨®n de los que los manejan (incluidos los contratistas); del registro de los que hay; de la recepci¨®n y salvaguarda de los que llegan del exterior; de la comprobaci¨®n y homologaci¨®n de los sistemas de transmisi¨®n, y de la inspecci¨®n de las instalaciones donde se custodian, tanto dentro como fuera de Espa?a. Cuentan los afectados por las visitas de los hombres de negro de la Oficina Nacional de Seguridad que son unos inspectores puntillosos, normalmente militares, y que no se casan con nadie. Son probablemente los ¨²nicos que saben lo que hay.

En el CNI todo est¨¢ clasificado. Hasta la cafeter¨ªa. Es el m¨¢ximo productor y emisor de secretos en Espa?a

Porque el CNI atesora en los s¨®tanos de su sede en la Cuesta de las Perdices de Madrid (a mitad de camino de La Moncloa y La Zarzuela) el mayor cat¨¢logo de secretos de Estado (en papel y en microfichas), como heredero de los fondos documentales del ¨²ltimo servicio de informaci¨®n de la dictadura (el Seced, 1972-1977) y el primero de la democracia (el Cesid, 1977-2002). Por si hab¨ªa duda por parte de los historiadores de d¨®nde se encontraban algunos de los grandes enigmas de nuestro pasado reciente (el sumario del 23-F est¨¢ blindado en el b¨²nker del Tribunal Supremo y no se podr¨¢ ver hasta 2031), el exdirector del Centro Alberto Saiz resolvi¨® esa duda durante la Comisi¨®n de Investigaci¨®n de los atentados del 11 de marzo de 2004: ¡°El Centro Nacional de Inteligencia tiene un servicio de documentaci¨®n que almacena ordenadamente toda la informaci¨®n que genera y que ha generado el centro con sus antecedentes. La informaci¨®n est¨¢ all¨ª y est¨¢ al alcance de las personas que la manejan, est¨¢ toda almacenada ordenadamente. Esa informaci¨®n solo se escapa cuando deja de ser propietario de su custodia en exclusiva el Centro Nacional de Inteligencia¡±.

El tercer sistema de clasificaci¨®n del que dispone el Gobierno (y el m¨¢s utilizado) es la definici¨®n de grandes ¨¢reas por las que queda declarado secreto cualquier documento originado bajo esa coraza de ¡°seguridad nacional¡±, sin necesidad de ninguna justificaci¨®n. Es una clasificaci¨®n expr¨¦s. Seg¨²n los sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros de 1986, 1995, 1996, 2010, 2014 y 2015, quedar¨ªan protegidos por ese velo de opacidad la inmensa mayor¨ªa de los documentos relacionados con los asuntos militares, las relaciones diplom¨¢ticas, la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado, y los gastos reservados; cualquier dato sobre los servicios de informaci¨®n civiles y militares, y los contratos del sector p¨²blico relacionados con la defensa y la seguridad entre otros muchos.

De esa clasificaci¨®n de alta velocidad y de la dificultad para desclasificar surge la saturaci¨®n de secretos. Clasificar es sencillo. Aunque es secreto saber c¨®mo se hace. La realidad no es tan complicada. Por ejemplo, un analista del Ministerio de Defensa produce un documento y decide que es confidencial porque incluye informaci¨®n sensible sobre terceros pa¨ªses o alude a fuentes cerradas. Con la autorizaci¨®n de su superior (normalmente un general), que dar¨ªa el visto bueno a la versi¨®n final del documento, ese papel quedar¨ªa de inmediato clasificado. Pregunto a un alto mando militar: ¡°?Sin ning¨²n acto administrativo formal? ?Sin consultar al Gobierno?¡±. Responde: ¡°No. Solo hay que hacer el registro y encargarse de su control y custodia, y de la de sus copias. Y ya est¨¢. El problema es si luego se maneja adecuadamente, o se fotocopia, se lleva a casa o se menciona en un e-mail o un whatsapp, o se destruye. Y ah¨ª est¨¢ en realidad el punto d¨¦bil de los secretos de Estado: el factor humano¡±.

A¨²n resulta m¨¢s sencillo el proceso en el Ministerio de Exteriores, donde hist¨®ricamente y de manera generalizada cada comunicaci¨®n de sus embajadas con Madrid ha sido cifrada y clasificada fuera cual fuera su naturaleza. Y tambi¨¦n en el Ministerio del Interior, donde prima el car¨¢cter operativo de la informaci¨®n sobre los precisos protocolos de manejo de los secretos oficiales ideados por el CNI.

Seg¨²n un alto mando de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil, ¡°tanto nosotros en el ¨¢mbito de terrorismo como en las unidades dedicadas a la lucha contra la delincuencia organizada, contamos con la declaraci¨®n gen¨¦rica de secreto sobre nuestra estructura, organizaci¨®n, t¨¦cnicas, procedimientos y fuentes de informaci¨®n, as¨ª como de las propias informaciones que producimos, por lo que no se requiere ning¨²n procedimiento ad hoc del Gobierno. Est¨¢ clasificado de antemano. Todo lo que se produce en esta casa es secreto; no hay que someterlo a una continua clasificaci¨®n. Ni hay que comunic¨¢rselo a nadie. Otra cosa es que en este tipo de unidades no vayamos al extremo de rigor en su manejo, porque para la pr¨¢ctica policial hay que ser m¨¢s flexible; si no va contra tu eficacia, te entorpece. Y adem¨¢s hay que contar con recursos. Necesitamos registros seguros y comunicaciones cifradas. Y no siempre se tienen en el d¨ªa a d¨ªa. Pero, s¨ª, ante la duda, la tendencia es poner el sello de secreto¡±.

El Archivo General de la Administraci¨®n tiene 170 kil¨®metros de estantes distribuidos en las ocho plantas de un edificio an¨®nimo y sin ventanas en Alcal¨¢ de Henares. M¨¢s de un mill¨®n de cajas repletas de legajos. El soporte del 80% de los documentos p¨²blicos sigue siendo el papel. Y el de la pr¨¢ctica totalidad de los documentos secretos del Estado. Sin embargo, las nuevas tecnolog¨ªas de la informaci¨®n van a transformar en poco tiempo la forma en que esos secretos se creen, clasifiquen, almacenen, transmitan y se acceda a ellos. Y posiblemente, seg¨²n los expertos, sean m¨¢s sencillos de piratear que con los archivos f¨ªsicos. Como se demostr¨® con las filtraciones de WikiLeaks. En cualquier caso, los secretos est¨¢n. Y rara vez se destruyen. Es cuesti¨®n de afrontarlos. Y decidir qu¨¦ se hace con ellos. Porque en Espa?a son eternos.?