Corrupci¨®n y derechos humanos

A finales del a?o que acaba de terminar, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos public¨® un importante informe con el t¨ªtulo que lleva esta columna. Por los muchos aconteceres de esos d¨ªas, el mismo no recibi¨® la atenci¨®n que merece. Lo que el informe contiene es, por una parte, un diagn¨®stico acerca de las maneras como la corrupci¨®n afecta a los derechos humanos en la regi¨®n y, por otra, la identificaci¨®n de los est¨¢ndares interamericanos para combatir a la primera y fortalecer el cumplimiento de los segundos.

Lo primero que llama la atenci¨®n en el estudio de la Comisi¨®n, es la identificaci¨®n de las relaciones entre los dos temas. Por lo general, cuando se alude al extendido fen¨®meno de la corrupci¨®n, se piensa en las maneras en como las acciones p¨²blicas se desv¨ªan de sus cauces regulados, a partir de la entrega de un pago, generalmente en dinero. En algunas ocasiones y afortunadamente de manera creciente, se alude a los costos p¨²blicos y privados que los actos de desv¨ªo suelen tener, normalmente para las finanzas p¨²blicas o la calidad de las obras o servicios prestados. Sin embargo, lo que casi nunca suele considerarse, son las formas en las que los actos corruptos afectan a los derechos humanos.

De manera puntual, la Comisi¨®n Interamericana se?ala que el fen¨®meno de la corrupci¨®n genera impactos distintos y profundiza en las diferencias a que de por s¨ª ya est¨¢n sometidos los grupos m¨¢s vulnerables o con mayores cargas hist¨®ricas de discriminaci¨®n. Dadas las obligaciones de los Estados, parte del sistema para lograr el m¨¢s completo respeto y protecci¨®n a los derechos de todos, la Comisi¨®n se?ala la necesidad de que los mismos establezcan las medidas integrales y coordinadas para desmantelar los factores sist¨¦micos que fomentan, permiten y provocan la corrupci¨®n. Entre ellos, ¡°la debilidad institucional, la concentraci¨®n de poder, la amplia discrecionalidad, la ausencia de mecanismos de control efectivos, el ambiente de impunidad, la falta de adecuadas y oportunas reparaciones a las v¨ªctimas y la influencia de una extendida cultura de tolerancia hacia la corrupci¨®n¡±.

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Este se?alamiento es por dem¨¢s relevante. Bien entendidas las cosas, lo que la Comisi¨®n propone no es solamente el combate a la corrupci¨®n por las v¨ªas tradicionales de ataque a las transacciones y a los modos operativos que en ella descansan, sino mediante la apertura de la acci¨®n p¨²blica para ser controlada tanto desde el mismo ejercicio del poder, como socialmente. Dicho de otra manera, la necesidad de construir un andamiaje institucional completo respecto de las maneras de actuaci¨®n del poder p¨²blico, y no solo de quienes con ¨¦l interact¨²an externamente. Es decir, tiene que romperse con la idea de que la corrupci¨®n es solo un asunto de sobrepagos y sobrecostos, para comprenderla como una diversidad de condiciones que pasan por el clientelismo, la no asignaci¨®n de recursos a los adversarios pol¨ªticos o el acotamiento de los procesos impugnatorios o reparatorios, por ejemplo.

En el sentido amplio de que la Comisi¨®n propone adoptar a los Estados parte de generar sus correspondientes acciones de vigilancia, destaca la visibilizaci¨®n de las v¨ªctimas de corrupci¨®n, la ejecuci¨®n de medidas extraordinarias para proteger a los grupos m¨¢s desfavorecidos, el ajuste a los mecanismos de protecci¨®n de testigos y v¨ªctimas o la creaci¨®n de adecuados modelos de riesgo. M¨¢s all¨¢ de las acciones puntuales propuestas, lo que me parece importante recoger del informe es, precisamente, el v¨ªnculo no evidente entre la existencia de corrupci¨®n y las muchas maneras en que con base en ella, terminan afect¨¢ndose la racionalidad misma de nuestro tiempo social, que son los derechos humanos. Este es el meollo de un problema que a diario vemos y padecemos con los migrantes, los miembros de las comunidades LGBTTTIQ+, los pueblos ind¨ªgenas y los afrodescendientes, los ancianos y tantos m¨¢s, quienes por los actuares p¨²blicos y privados no tienen la oportunidad de disfrutar de los derechos que la Constituci¨®n y los tratados internacionales les reconocen.

@JRCossio