Escaz¨² no tiene por qu¨¦ causar escozor
Este acuerdo, que causa cierta controversia en Am¨¦rica Latina y no alcanza su ratificaci¨®n, proteger¨ªa los derechos ambientales y el derecho a la vida misma
A inicios de septiembre del 2014, en la comunidad de Alto Tamaya-Saweto (ubicada en el departamento amaz¨®nico nororiental de Ucayali, en Per¨²), tres ind¨ªgenas de la etnia ash¨¢ninka, la m¨¢s numerosa del Per¨², fueron emboscados atacados con armas, golpeados y finalmente asesinados. Posteriormente, partes de sus cuerpos incinerados fueron encontrados en la selva.
Edwin Chota, Jorge R¨ªos P¨¦rez, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo luchaban contra taladores ilegales de madera en sus territorios, a pesar de la tormenta de amenazas, hasta que finalmente cayeron victimados. M¨¢s de cinco a?os despu¨¦s, la justicia peruana no ha resuelto el caso, mientras en Colombia, Brasil, M¨¦xico siguen ocurriendo cr¨ªmenes igual de escandalosos.
Ignoro si sab¨ªan que desde el 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en R¨ªo de Janeiro y organizada por la ONU, se comenz¨® a debatir la existencia de un tratado internacional que los hubiera ayudado. Y que en el 2014 varios pa¨ªses latinoamericanos se dispusieron a negociar un tratado ambiental espec¨ªfico para nuestra regi¨®n.
O que la Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina acompa?¨® a tales pa¨ªses para que este proceso avanzara y para que, finalmente, en la ciudad costarricense de San Miguel de Escaz¨² se adoptara un Acuerdo el 4 de marzo del 2018. El 27 de septiembre del mismo a?o ¡ªjusto cuatro a?os despu¨¦s de que Chota y sus hermanos de sangre fueran asesinados¡ª, 14 pa¨ªses lo firmaron.
Hasta la fecha, 10 pa¨ªses han sumado su firma, de los 33 que hay en este barrio de grandes ecosistemas. Pero eso no basta. Para que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informaci¨®n, la Participaci¨®n P¨²blica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Am¨¦rica Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escaz¨², entre en vigencia tienen que ratificarlo al menos 11 pa¨ªses. Dicha ratificaci¨®n implica que las partes de este Tratado se obligan a cumplir con lo que este dice. Hasta ahora han cumplido con este ¨²ltimo paso nueve pa¨ªses; es decir, faltan dos. Brasil, uno de los pa¨ªses donde los cr¨ªmenes ambientales son m¨¢s numerosos, y donde hay un mandatario poco afecto a los derechos humanos, no ha dado se?ales de querer hacerlo.
?Por d¨®nde se conecta el fatal episodio ocurrido en Ucayali con ese documento que tiene 39 p¨¢ginas, 26 art¨ªculos y un prefacio? El art¨ªculo 9 se titula Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, y en el inciso tercero se lee que ¡°cada parte (es decir, cada pa¨ªs) tomar¨¢ medidas apropiadas, efectivas y oportunas para investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir¡±.
Es decir, eso que los ind¨ªgenas de Saweto no tuvieron ni tienen, incluso despu¨¦s de muertos. Lo que tampoco tuvo la l¨ªder ind¨ªgena hondure?a de la etnia lenca, Berta C¨¢ceres, asesinada el 4 de marzo del 2016. Y lo que podr¨ªa haber evitado que, en el 2019, sean victimados 148 l¨ªderes ambientales en Am¨¦rica Latina, de los 212 que registrados en el mundo por Global Witness.
La OCDE ha recomendado a los pa¨ªses que postulan a su exclusivo club que lo ratifiquen. Negarse es no ser ambientalmente responsable
El Acuerdo tiene tambi¨¦n otros puntos importantes. Por ejemplo, har¨ªa m¨¢s viable que a un ciudadano se le d¨¦ informaci¨®n de por qu¨¦ no hay reciclaje en su distrito. Seg¨²n el inciso b del Art¨ªculo 5, el derecho de acceso a la informaci¨®n ambiental implica que uno sea ¡°informado en forma de expedita¡±, de modo que su solicitud no espere tanto como lo que dura un culebr¨®n televisivo latinoamericano. En rigor, en muchas ocasiones eso no ocurre. Por dejadez, porque hay una selva burocr¨¢tica o, incluso, porque se responde que se trata de ¡°informaci¨®n reservada¡±.
A su vez, mediante su Art¨ªculo 7, el Acuerdo facilita la participaci¨®n de la ciudadan¨ªa ¡°en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, as¨ª como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente¡¡±.
En cristiano, eso significa que si, digamos, se propone un proyecto petrolero en una comunidad ind¨ªgena, los probables afectados puedan participar, a fin de que no se les informe cuando ya se comenzaron a cavar pozos. Varios pa¨ªses firmantes de Escaz¨² han suscrito ya el Convenio 169 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT) que establece una consulta previa. Aunque, con penosa frecuencia, ocurre que esta se hace sobre hechos consumados y ¨¢rboles consumidos.
Esta parte del documento har¨ªa que eso sea m¨¢s real. Acaso por ello, Escaz¨² ha generado escozor en algunos gremios empresariales de nuestra regi¨®n, donde buscar el punto de equilibrio entre inversi¨®n privada y conservaci¨®n ambiental suele ser m¨¢s dif¨ªcil que encontrar la piedra filosofal. Hasta se ha hablado de p¨¦rdida de la Amazon¨ªa, cuando un apartado del Art¨ªculo 3 consagra el ¡°principio de soberan¨ªa permanente de los Estados sobre sus recursos naturales¡±.
Aun as¨ª, en el Per¨² hay quienes creen que lo que se viene es algo as¨ª como el secuestro de este ecosistema tropical, a pesar de que el Acuerdo de Escaz¨² ni siquiera menciona a la Amazon¨ªa concretamente. Se basa en los principios de precauci¨®n, igualdad, transparencia, equidad, no discriminaci¨®n. Es m¨¢s: se trata de un instrumento internacional que promueve un enlace providencial, e indispensable, entre dos de las dimensiones m¨¢s nobles de la especie humana: la defensa de los derechos humanos y el cuidado ambiental. ?Por qu¨¦ la alarma entonces?
La Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo (OCDE), que agrupa a los pa¨ªses m¨¢s acomodados de este planeta, o a los que quieren serlo, ha recomendado a los pa¨ªses que postulan a su exclusivo club que lo ratifiquen. Negarse es no ser ambientalmente responsable. Implica situarse en el lado marginal de la Historia, all¨ª donde se cree que el cambio clim¨¢tico es un cuento o que la alocada destrucci¨®n de la biosfera no tiene conexi¨®n alguna con el drama actual.
Ser¨ªa un profundo error. Am¨¦rica Latina es hoy el epicentro de la pandemia provocada por SARS-CoV2 y, precisamente por eso, debe hacer entrar en vigor este Acuerdo, que en los hechos podr¨ªa ayudarle a evitar nuevas crisis sanitarias, conflictos socio-ambientales, la aceleraci¨®n de la desigualdad y la pobreza, o la imposibilidad fatal de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, algo que ahora peligra por la expansi¨®n del nuevo coronavirus.
El Acuerdo de Escaz¨² no es la panacea, ni tiene por qu¨¦ causar picaz¨®n. S¨ª puede ser parte de la previsi¨®n para un mundo donde los virus saltar¨¢n m¨¢s hacia nosotros si seguimos pulverizando bosques, mares, r¨ªos, suelos. No verlo es pecar de ingenuidad, o de mala fe. Y, peor a¨²n, es ningunear a esos hombres y mujeres ca¨ªdos por defendernos de la tala ilegal, de la depredaci¨®n, de la contaminaci¨®n. Esos seres que, como Edwin Chota, quer¨ªan o a¨²n quieren salvarnos.
Ramiro Escobar La Cruz es periodista y profesor de la Pontificia Universidad Cat¨®lica del Per¨², de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Colabora regularmente con Planeta Futuro.
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