El derecho a morir, regulado

Casi 28 a?os despu¨¦s de aquel julio de 1993 en el que Ram¨®n Sampedro ped¨ªa en un juzgado permiso para morir, la ley de eutanasia entr¨® en vigor en Espa?a. Con la operativa de las comunidades todav¨ªa a medio gas, algunas reticencias ideol¨®gicas y una nube de dudas en el aire, el pasado 25 de junio el debate que abri¨® Sampedro se hab¨ªa terminado al fin y la eutanasia entraba en el Sistema Nacional de Salud.

La prestaci¨®n, eso s¨ª, no est¨¢ al alcance de todo el mundo. Los criterios son muy concretos, y los controles, extremadamente estrictos: la persona tiene que ser mayor de edad, sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave e imposibilitante, y expresar por escrito dos veces su voluntad. Solo as¨ª entra en un circuito asistencial que tiene, adem¨¢s, tres filtros de control: la solicitud necesita el aval del m¨¦dico responsable, de otro facultativo consultor y el visto bueno final de la Comisi¨®n de Garant¨ªa y Evaluaci¨®n de la comunidad aut¨®noma, el ¨®rgano que tiene la ¨²ltima palabra.

Los primeros meses con la ley en marcha han estado marcados por el azote de una pandemia que ha puesto contra las cuerdas al sistema sanitario y tambi¨¦n por los tropiezos naturales de una norma naciente, el desconocimiento de algunos profesionales y el embudo burocr¨¢tico de las autonom¨ªas. Madrid y Andaluc¨ªa todav¨ªa han constituido hace pocas semanas sus respectivas comisiones de garant¨ªas, instituciones imprescindibles para desplegar la ley.

No hay datos oficiales de solicitudes y ejecuciones de la prestaci¨®n, pero el goteo de casos no ha cesado. Con m¨¢s o menos diligencia, ¡°a velocidades diferentes¡± en las distintas comunidades, reconoc¨ªa a EL PA?S el presidente de la comisi¨®n catalana, Albert Tuca, la norma se ha ido aplicando. Catalu?a es la ¨²nica que ha dado cifras de sus primeros cinco meses con la ley en vigor. Ha registrado 53 solicitudes y 28 se han aprobado: ya se han realizado 24 prestaciones de ayuda a morir y 4 est¨¢n pendientes.

Las entidades sociales se han quejado de la falta de formaci¨®n e informaci¨®n de los profesionales, del incumplimiento de los plazos que fija la ley y de la opacidad en el acceso a los datos de solicitudes recibidas, denegadas y realizadas. ¡°La puesta en pr¨¢ctica ha sido muy irregular dependiendo de la autonom¨ªa. Tampoco comprendemos esta reticencia a dar datos. Detectamos poca informaci¨®n y escas¨ªsima formaci¨®n entre sanitarios y nula difusi¨®n entre la gente. Durante estos meses, en muchas ocasiones, no se ha facilitado a la ciudadan¨ªa el acceso a la ayuda para morir recogido en la ley y nos parece inadmisible¡±, dice Javier Velasco, presidente de la asociaci¨®n Derecho a Morir Dignamente.

Quedan, adem¨¢s, cabos sueltos y cuestiones en el aire que habr¨¢ que resolver. Como la puerta que deja abierta el Comit¨¦ de Bio¨¦tica de Espa?a a que la objeci¨®n de conciencia de los profesionales pueda ser institucional ¡ªla ley se?ala que es un derecho individual y no se puede ejercer en grupo¡ª. O, por otra parte, qu¨¦ hacer en los casos en los que los solicitantes tengan un trastorno de salud mental. A juicio de Tuca, este es uno de los temas pendientes y la ley actual no da respuesta.