Confesi¨®n en el ama?o por la visita del Papa a Valencia

El papa Benedicto XVI visit¨® Valencia en julio de 2006 para cerrar el V Encuentro Mundial de las Familias. La organizaci¨®n del viaje se insert¨® en la pol¨ªtica ¡°de grandes eventos¡± que entonces abanderaba la Generalitat, gobernada por el PP. Se anunci¨® la llegada de dos millones de peregrinos. Se compraron 7.000 urinarios port¨¢tiles por 2,6 millones. Se alz¨® un altar con microclima por un mill¨®n y medio de euros en la futurista Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Las im¨¢genes del evento eran espectaculares. Muchas de ellas se proyectaban en pantallas gigantes dispersas por la ciudad. La televisi¨®n auton¨®mica, Canal 9, las hab¨ªa contratado, junto con la megafon¨ªa, por 7,5 millones de euros a la firma de la construcci¨®n Teconsa. Se trataba de una empresa pantalla de la trama G¨¹rtel a trav¨¦s de la cual se repartieron al menos 3,3 millones de euros entre los cinco cabecillas del ama?o, seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

Pero el total de procesados por este fraude se eleva a 22, cuya responsabilidad se dilucidar¨¢ en la vista oral que empieza este lunes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), 14 a?os despu¨¦s de la vista del prelado.

Es la pieza 4 de esta macrocausa de corrupci¨®n, que el juez instructor Jos¨¦ de la Mata mand¨® a juicio hace casi cuatro a?os por hallar indicios de asociaci¨®n il¨ªcita, prevaricaci¨®n, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda P¨²blica. El ministerio p¨²blico pide inicialmente m¨¢s de 38 a?os de prisi¨®n para Francisco Correa, el jefe de la G¨¹rtel; un a?o menos tanto para su contable, Pablo Crespo, como para su hombre en Valencia, ?lvaro P¨¦rez, alias El Bigotes; y 18 a?os para el ¡°cerebro financiero¡± de la trama, Ram¨®n Blanco Bal¨ªn. Si bien la mayor condena solicitada, 40 a?os, es para el que fuera entonces director de Canal 9, Pedro Garc¨ªa Gimeno.

La petici¨®n de penas, no obstante, podr¨ªa rebajarse sustancialmente una vez se concreten los acuerdos que est¨¢n negociando ¡ªy que seguir¨¢n negociando hasta el ¨²ltimo momento¡ª la Fiscal¨ªa y las defensas de, al menos, una decena de procesados dispuestos a pactar. Para eso, deber¨¢n confesar su participaci¨®n en los hechos y su implicaci¨®n en la trama, devolver el dinero (la responsabilidad civil) y tirar de la manta, es decir, apuntar al responsable pol¨ªtico que mand¨® el ama?o.

Por ejemplo, la petici¨®n de c¨¢rcel a Pedro Garc¨ªa Gimeno, quien fuera hombre de confianza primero de Eduardo Zaplana y despu¨¦s de Francisco Camps (ambos expresidentes valencianos del PP), podr¨ªa verse reducida a algo m¨¢s de cinco a?os (seguir¨ªa entrando en prisi¨®n) si paga el medio de mill¨®n de euros de la supuesta mordida: 200.000 euros antes de 15 d¨ªas, seg¨²n varias fuentes judiciales.

Pero, adem¨¢s, todos los que quieran pactar deber¨¢n confesar los hechos durante el juicio. As¨ª lo exigen las acusaciones particulares, representadas por el PSOE y por la Generalitat (gobernada ahora por la izquierda y personada con un abogado contratado al extinguirse Canal 9), para entrar en el acuerdo que sellen la Fiscal¨ªa y las defensas. Y as¨ª lo reiter¨® el pasado jueves el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig.

Hay dudas de que Garc¨ªa Gimeno realmente tire de la manta, seg¨²n fuentes de la Generalitat. Los que s¨ª est¨¢n por la labor son El Bigotes y Blanco Bal¨ªn, adem¨¢s de algunos miembros de la mesa de contrataci¨®n de Canal 9. Ni Correa ni Crespo, con los bienes embargados, entran en la negociaci¨®n. Como tampoco lo ha hecho el que fuera presidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la Polic¨ªa Nacional con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, Juan Cotino. La Fiscal¨ªa pide 11 a?os de c¨¢rcel al entonces consejero de Agricultura que, ¡°pese a no ostentar cargo alguno en la Fundaci¨®n de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia (organizadora del evento), ni formar parte de sus competencias como conseller, impulsaba activamente y gestionaba de facto la contrataci¨®n de los actos de la visita¡±, seg¨²n se?ala en su escrito.

El responsable

Cotino es el principal responsable pol¨ªtico al que se apunta en el juicio, que est¨¢ previsto que se prolongue unos meses y por el que est¨¢n llamados a desfilar un centenar de testigos. Uno de ellos es Francisco Camps, que era presidente de la Generalitat durante la visita del Pont¨ªfice, que apenas dur¨® 24 horas. Camps es uno de los ocho investigados en el proceso abierto en Valencia por presuntas irregularidades detectadas en la fundaci¨®n que organiz¨® el viaje y estancias. Camps ya ha declarado que dicha fundaci¨®n era de car¨¢cter privado y que sus contrataciones fueron legales.

La fundaci¨®n estaba compuesta por tres instituciones entonces gobernadas por el PP ¡ªel Ayuntamiento de Valencia, la Diputaci¨®n y la Generalitat¡ª, adem¨¢s del Arzobispado de Valencia, entonces dirigido por el fallecido Agust¨ªn Garc¨ªa Gasco, representante del ala m¨¢s conservadora de la curia espa?ola.

En 2014, el ¨²ltimo Ejecutivo popular de Alberto Fabra a¨²n estaba liquidando deudas millonarias de la fundaci¨®n. ¡°Nunca se sabr¨¢ cu¨¢nto cost¨® el saqueo por la visita del Papa, m¨¢s all¨¢ de los 22 millones de euros del presupuesto oficial que se dio¡±, se?alan fuentes del Departamento de Recuperaci¨®n de Activos de la Generalitat. Se distribuyeron los pagos entre numerosas instituciones, muchas sin ninguna competencia en la materia, y fundaciones opacas en el rendimiento de cuentas. Se lleg¨® a pagar 1,1 millones de euros a la cadena ultraconservadora Intereconom¨ªa solo por los derechos de emisi¨®n de una miniserie sobre Juan Pablo II. Se multiplicaron los contratos de seguridad privada, a pesar del gran despliegue de la Polic¨ªa Nacional y Local. Se compraron miles de sillas que se acabaron por regalar. Los visitantes se quedaron en unos centenares de miles, muy lejos de las previsiones. Fue uno de los grandes eventos de una etapa que desde hace a?os juzgan los tribunales y que se celebr¨® tan solo cinco d¨ªas despu¨¦s del accidente del Metro de Valencia que seg¨® la vida a 43 personas.

La ¡°estrecha relaci¨®n¡± con el PP

Por mucho que el PP lleve lustros intentando desvincular sus siglas de la G¨¹rtel ¡ª¡°Esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP¡±, dijo Mariano Rajoy al estallar el esc¨¢ndalo¡ª, la justicia no deja de insistir en que esta macrorred de corrupci¨®n creci¨® y se extendi¨® en Espa?a gracias al partido conservador. La Audiencia Nacional ya conden¨® en mayo de 2018 a la formaci¨®n como persona jur¨ªdica por beneficiarse de este ¡°sistema de corrupci¨®n institucional¡±, seg¨²n la sentencia dictada tras celebrarse el juicio por una de las partes principales de la investigaci¨®n, conocido como ?poca I. Un fallo que certific¨® tambi¨¦n que los populares se financiaron con una caja b en su sede central, informa J. J. G¨¢lvez.

Y ahora, en la vista oral que empieza este lunes, vuelve a ponerse sobre la mesa una tesis id¨¦ntica. Seg¨²n consta en el escrito de acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa, ¡°la red de influencias de Francisco Correa, con la que llevaba a cabo sus actividades il¨ªcitas, se extendi¨® a comunidades y municipios gobernados por el PP debido a la estrecha relaci¨®n que tanto ¨¦l como integrantes de su grupo manten¨ªan con algunos cargos y miembros de ese partido pol¨ªtico¡±.

La Fiscal¨ªa insiste: ¡°A partir de 2003, los acusados Correa, Pablo Crespo [exsecretario de Organizaci¨®n del PP gallego] y ?lvaro P¨¦rez decidieron de com¨²n acuerdo extender la actividad del grupo Correa a la Comunidad Valenciana para aprovechar las posibilidades de negocio que les permit¨ªa el acceso a determinadas personas que ocupaban importantes cargos p¨²blicos y pol¨ªticos de esa comunidad en el PARTIDO POPULAR [las may¨²sculas son de la Fiscal¨ªa]¡±. Una tesis que repite el juez instructor de esta causa: ¡°La raz¨®n para constituir una nueva sociedad en Valencia fueron las buenas perspectivas de negocio derivadas de las buenas relaciones que estas personas ten¨ªan con diversos responsables pol¨ªticos del PP¡±.