La Fiscal¨ªa defiende poner a cero el contador de los plazos para las investigaciones penales

El real decreto-ley de medidas para evitar el colapso en los tribunales cuando se levante el estado de alarma implica, seg¨²n defiende la Fiscal¨ªa, poner a cero el contador de los plazos de todas las investigaciones penales. Esta interpretaci¨®n supondr¨ªa dejar sin efecto, en la pr¨¢ctica, la reforma legal aprobada en 2015 que limita a seis meses (18 en los casos declarados complejos) la instrucci¨®n de las causas penales, una norma que el ministerio p¨²blico pide revocar. Juristas consultados consideran que la interpretaci¨®n de la Fiscal¨ªa es contraria al derecho que tiene los investigados a un proceso sin dilaciones indebidas.

La norma aprobada el martes por el Consejo de Ministros para afrontar la desescalada en los tribunales contempla que se reinicien los plazos procesales que quedaron suspendidos al decretarse el estado de alarma. Es decir, que si una parte ten¨ªa pendiente presentar un recurso para el que le hab¨ªan dado 10 d¨ªas de plazo y cuando se decret¨® el confinamiento le quedaban tres d¨ªas, volver¨¢ a tener los 10. Pero la norma no especifica c¨®mo afecta esta medida a los plazos de instrucci¨®n penal, limitados a seis o 18 meses, seg¨²n la complejidad de la causa, por una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La Fiscal¨ªa, contraria a limitar los plazos de instrucci¨®n, propuso hace unas semanas al Ministerio de Justicia que derogara esta reforma en el real decreto-ley de medidas para la postpandemia, pero el departamento que dirige Juan Carlos Campo lo descart¨®. Sin embargo, el ministerio p¨²blico defiende que la literalidad de la norma aprobada por el Gobierno implica que el contador de las instrucciones penales tambi¨¦n se pondr¨¢ a cero. ¡°Con car¨¢cter general, las diligencias de instruccio?n se practicar¨¢n durante el plazo m¨¢ximo de seis meses a contar desde el d¨ªa siguiente h¨¢bil al cese del estado de alarma¡±, establece un informe de la Secretar¨ªa T¨¦cnica de la Fiscal¨ªa General del Estado, que a?ade. ¡°En aquellas causas en que la instrucci¨®n haya sido declarada compleja, el plazo de instrucci¨®n sera? de dieciocho meses a contar desde el d¨ªa siguiente h¨¢bil al cese del estado de alarma¡±. Esta interpretaci¨®n se extiende tambi¨¦n a las pr¨®rrogas que se hubieran concedido a instrucciones en marcha y que ahora volver¨ªan a contar con la totalidad del plazo prorrogado.

Seg¨²n el departamento que dirige Dolores Delgado, los plazos deber¨¢n ponerse a cero incluso en las causas con preso. ¡°De esta manera, el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril de 2020, garantiza que el coronavirus covid-19 no generar¨¢ impunidad, a la espera de la derogaci¨®n del arti?culo 324 LECrim, repetidamente solicitada por la carrera fiscal¡±, se?ala la Secretar¨ªa T¨¦cnica en su informe.

Esta interpretaci¨®n afectar¨ªa a casos de corrupci¨®n que se investigan desde hace a?os, como las piezas que a¨²n restan de G¨¹rtel, el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, o los caos Lezo y P¨²nica. En esta ¨²ltima tendr¨ªa especial impacto el reinicio de los plazos, ya que la ¨²ltima pr¨®rroga concedida termina el pr¨®ximo 6 de junio porque la Audiencia Nacional revoc¨® la decisi¨®n del juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n de ampliar la instrucci¨®n hasta marzo de 2022.

Juristas consultados discrepan de la interpretaci¨®n que hace el ministerio p¨²blico. ¡°Lo que pretende la Fiscal¨ªa va en perjuicio del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, que es un derecho fundamental¡±, se?ala V¨ªctor Moreno Catena, catedr¨¢tico de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid. En su opini¨®n, la Fiscal¨ªa hace una interpretaci¨®n ¡°extensiva contraria a los ciudadanos y a la raz¨®n y la l¨®gica¡±.

Manuel Jes¨²s Cach¨®n, catedr¨¢tico de Derecho Procesal de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona, tampoco considera ¡°l¨®gica¡± esta interpretaci¨®n como normal general. ¡°Con el decreto-ley en la mano s¨ª podr¨ªa entenderse que hay que reiniciar todos los plazos, pero creo que no es una soluci¨®n razonable. Quiz¨¢ lo razonable ser¨ªa entender que se pueda usar la parte de plazo que quedara pendiente antes el estado de alarma¡±, afirma Chac¨®n. Seg¨²n este jurista, una soluci¨®n ser¨ªa que los jueces decidan ¡°caso por caso¡±, en funci¨®n de si la instrucci¨®n ha quedado completamente paralizada durante la crisis sanitaria, o bien ser el Gobierno quien lo regule.

Cach¨®n pone el foco en otro conflicto que puede sobrevenir: el de los presos preventivos o los investigados a quienes se les hayan restringido derechos fundamentales como medida cautelar (por ejemplo, la retirada de pasaporte). ¡°El decreto-ley no puede afectar derechos fundamentales¡±, recuerda el catedr¨¢tico, que cree que, en ese caso, los plazos no se pueden reiniciar autom¨¢ticamente.

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