Nuevo varapalo a las acusaciones en el ¡®caso Tarajal¡¯ por la muerte de 15 inmigrantes en Ceuta

El caso Tarajal, con seis a?os ya de instrucci¨®n a sus espaldas, a¨²n depara sorpresas. La juez que lleva el proceso ha decidido ahora, con el respaldo de la Audiencia Provincial de C¨¢diz, obligar a las ONG personadas como acusaciones populares a juntarse todas bajo una misma ¡°direcci¨®n letrada¡± para poder seguir en la causa abierta por la muerte de, al menos, 15 inmigrantes el 6 de febrero de 2014 en la frontera de Ceuta con Marruecos, cuando trataban de alcanzar a nado la costa espa?ola entre disparos de pelotas de gomas de la Guardia Civil. La magistrada Mar¨ªa de la Luz Lozano emite este dictamen cuando todav¨ªa se encuentra pendiente de resoluci¨®n el recurso presentado contra el archivo del caso que ella misma orden¨® el pasado octubre.

Seg¨²n consta en el auto emitido por la Audiencia Provincial de C¨¢diz, fechado el pasado 11 de marzo y que apoya la resoluci¨®n de la juez, esta medida no afecta a los derechos de las acusaciones populares y se toma con la ¨²nica finalidad de ¡°evitar el riesgo de dilaciones indebidas¡±. Una tesis que rechazan las ONG personadas en el proceso, que no comprenden c¨®mo se puede tomar ahora esta decisi¨®n para combatir retrasos, cuando la instrucci¨®n acumula ya m¨¢s de seis a?os; seg¨²n explican a EL PA?S fuentes de estos colectivos. ¡°Las dilaciones sufridas en el procedimiento son exclusivamente imputables a la instructora¡±, protest¨®, por ejemplo, el Observatorio Desc.

Esta investigaci¨®n judicial se abri¨® despu¨¦s de que 15 inmigrantes fallecieran el 6 de febrero de 2014 en la frontera cuando trataban de llegar a nado a la playa ceut¨ª de Tarajal mientras la Guardia Civil usaba material antidisturbios para impedirlo. Tras varios archivos provisionales, las ONG lograron que el juzgado procesara el pasado septiembre a 16 de los agentes que participaron en el operativo por homicidio imprudente y denegaci¨®n de auxilio. Con gran prudencia, Lozano escrib¨ªa en ese auto que exist¨ªan indicios ¡ª"que no pruebas"¡ª de delito y que la actuaci¨®n de las fuerzas de seguridad ¡°pudo contribuir, co-causalmente¡±, a las muertes.

¡°Es claro que en el mar hab¨ªa personas migrantes que pod¨ªan sufrir un mal, incluso la p¨¦rdida de la vida, y que deb¨ªan ser auxiliadas por los agentes investigados, los cuales pod¨ªan haber intervenido en su auxilio y se abstuvieron de hacerlo sin causa que justifique su omisi¨®n¡±, rezaba el escrito, muy celebrado por las acusaciones populares. Pero la alegr¨ªa les dur¨® poco. Apenas un mes despu¨¦s, la juez acept¨® la petici¨®n de las defensas de los guardias civiles de archivar el caso aplicando la doctrina Bot¨ªn: como la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado no acusan ¡ªy no hay acusaci¨®n particular¡ª, no se puede seguir adelante.

Una decisi¨®n que todav¨ªa no es firme. Las ONG recurrieron y la Audiencia Provincial a¨²n no se ha pronunciado. Mientras eso ocurre, la juez ha dado otro paso y obliga a unificar las acusaciones populares. ¡°Condicionando as¨ª nuestra acci¨®n¡±, subray¨® Desc. ¡°Son ya cinco a?os exigiendo justicia y reparaci¨®n para las v¨ªctimas¡±, destac¨® la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado (CEAR). Los colectivos llevan a?os denunciando los obst¨¢culos que se est¨¢n encontrando para poder llegar a juicio. Subrayan que varias veces se ha archivado la investigaci¨®n y tambi¨¦n que se ha denegado que familiares de las v¨ªctimas pudieran personarse como acusaci¨®n particular.